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El Gobierno de España se compromete a reforzar los recursos de atención a las personas migrantes tras la reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración celebrada en Madrid. Canarias recibirá un millón de euros adicional para asistencia sanitaria, contará con más efectivos policiales y nuevos medios de Salvamento Marítimo, mientras el Ejecutivo autonómico reclama que Europa también asuma su responsabilidad ante la presión de la ruta atlántica.
CANARIAS | 10 de noviembre de 2026.
El Gobierno de Canarias ha conseguido que el Estado acepte las ocho medidas extraordinarias reclamadas por el archipiélago para afrontar el repunte de la presión migratoria, una situación que está teniendo una incidencia especialmente importante en la isla de El Hierro y que ha vuelto a situar la ruta atlántica en el centro del debate político e institucional.
El acuerdo se ha alcanzado este martes durante la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, celebrada en el complejo de La Moncloa, en Madrid, a petición del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ante el incremento de las llegadas de embarcaciones a las costas del archipiélago.
El presidente autonómico acudió al encuentro con las ocho propuestas consensuadas en el marco del Pacto Canario por la Migración y aprobadas el lunes por el Consejo de Gobierno. Las medidas persiguen reforzar los dispositivos de emergencia, mejorar la atención sanitaria, incrementar los efectivos policiales, agilizar los procedimientos administrativos y las derivaciones, así como establecer compensaciones para la población y los sectores económicos afectados.
«De los ocho puntos, los ocho han sido acogidos por el Gobierno de España», destacó Fernando Clavijo después de la reunión, aunque precisó que algunas de las iniciativas, especialmente las relacionadas con la cooperación internacional y la implicación de la Unión Europea, necesitan todavía un desarrollo posterior.
El jefe del Ejecutivo canario valoró positivamente el resultado del encuentro, pero también lamentó que haya sido necesario llegar a la situación actual para que se activen los refuerzos que Canarias venía reclamando desde hace tiempo.
Las cifras trasladadas por el Gobierno autonómico reflejan la dimensión de la situación. Entre el 1 y el 10 de noviembre han llegado al archipiélago 7.432 personas migrantes, según los datos incluidos en la comunicación oficial del Ejecutivo canario. El Hierro continúa siendo uno de los territorios que soporta una mayor presión sobre sus recursos de primera atención.
Uno de los compromisos más relevantes alcanzados en Madrid está relacionado con la atención sanitaria. El Gobierno de Canarias había advertido de la presión que están soportando los profesionales del Servicio Canario de la Salud, especialmente en el puerto de La Restinga, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y el hospital insular.
Para responder a esta situación, el Estado se ha comprometido a destinar un millón de euros extraordinario a reforzar la asistencia sanitaria mediante Cruz Roja. Esta cantidad se suma a los 15,8 millones de euros en recursos extraordinarios que ya había habilitado el Gobierno central para atender las necesidades derivadas de la emergencia migratoria.
La nueva financiación permitirá ampliar la asistencia en los dispositivos de primera atención y atender patologías que no requieren hospitalización, como la deshidratación y otras afecciones relacionadas con las duras travesías marítimas.
La finalidad es reducir la carga asistencial que soportan los profesionales sanitarios y reservar los recursos del hospital insular para los casos de mayor gravedad y para la atención ordinaria de la población residente.
Clavijo recordó que el hospital de El Hierro está dimensionado para atender a los habitantes de la isla y que sus profesionales están afrontando una presión extraordinaria. Por este motivo, considera imprescindible que el refuerzo sanitario se materialice cuanto antes.
La seguridad y la gestión administrativa de las llegadas constituyen otro de los asuntos abordados durante la Comisión Interministerial.
Canarias ha conseguido compromisos para incrementar los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de reforzar los servicios de traducción e interpretación en El Hierro.
La falta de personal y de intérpretes presenciales está dificultando los procedimientos de identificación y tramitación de las personas que llegan a las islas. Esta circunstancia provoca retrasos en los procedimientos y prolonga la permanencia de los migrantes en los dispositivos de primera atención.
El refuerzo de los profesionales permitirá agilizar las actuaciones administrativas, facilitar las derivaciones y mejorar la capacidad de respuesta de los distintos organismos implicados.
El Gobierno autonómico considera que la incorporación de estos recursos resulta fundamental para evitar situaciones de saturación y garantizar que los procedimientos puedan desarrollarse con mayor rapidez y coordinación.
Otro de los compromisos alcanzados afecta directamente a los medios marítimos destinados a atender las emergencias en las aguas del archipiélago.
El Estado se ha comprometido a incorporar una nueva embarcación al dispositivo de Salvamento Marítimo en Canarias, que pasará a contar con tres unidades de este tipo, según la información facilitada por el Gobierno autonómico.
La medida irá acompañada de un refuerzo de los recursos humanos para facilitar la organización de los turnos y los descansos de las tripulaciones.
La disponibilidad de medios marítimos y personal suficiente resulta esencial para mantener la capacidad de respuesta ante nuevas emergencias, especialmente en una ruta atlántica caracterizada por travesías de gran dificultad y condiciones que pueden poner en peligro la vida de las personas que viajan a bordo de estas embarcaciones.
La agilización de las derivaciones de personas migrantes constituye otra de las principales reivindicaciones trasladadas por Fernando Clavijo al Gobierno de España.
El presidente canario ha insistido en que las personas que llegan a El Hierro deben poder ser trasladadas con mayor rapidez hacia otros recursos de acogida, tanto dentro del archipiélago como fuera de Canarias.
El propósito es evitar que la presión migratoria se concentre durante largos periodos en una isla que cuenta con una capacidad limitada de infraestructuras y servicios públicos.
Para conseguirlo, durante la reunión se abordaron medidas extraordinarias de transporte y la ampliación de los recursos de acogida, entre ellos la habilitación del cuartel de Las Canteras, en Granadilla de Abona, y el refuerzo de las instalaciones de Canarias 50 y El Matorral.
Asimismo, Clavijo ha planteado incorporar temporalmente entre cuatro y seis guaguas adicionales para realizar los desplazamientos de personas migrantes en El Hierro.
Esta propuesta pretende evitar que los traslados relacionados con la emergencia afecten al funcionamiento habitual del transporte público, escolar y turístico de la isla.
Uno de los puntos que más preocupación genera en El Hierro es el impacto que la situación migratoria está teniendo sobre la población residente y sobre determinados sectores de la economía local.
El Gobierno de España se ha comprometido a habilitar recursos económicos para establecer compensaciones dirigidas a los residentes y a las actividades económicas que puedan verse afectadas por la presión migratoria, especialmente en La Restinga.
Entre los sectores señalados por el presidente canario se encuentran el turismo, la restauración, los centros de buceo y la pesca, además de las empresas y los trabajadores autónomos que desarrollan su actividad en la zona.
El Ejecutivo autonómico considera necesario que las personas y los negocios que afrontan consecuencias económicas derivadas de esta situación puedan disponer de mecanismos de apoyo que permitan compensar las dificultades y mantener la actividad.
Clavijo también ha planteado la posibilidad de estudiar beneficios fiscales en el IRPF para los residentes de La Restinga, tomando como referencia las medidas aprobadas para La Palma después de la erupción volcánica.
Esta propuesta fiscal todavía no está aprobada y queda pendiente de estudio por parte del Ministerio de Hacienda.
Los compromisos alcanzados con el Gobierno de España no ponen fin a las reivindicaciones del presidente canario. Fernando Clavijo pretende que las instituciones europeas asuman una mayor implicación ante la situación que atraviesa la frontera atlántica.
Este miércoles, 11 de noviembre, a las 16:30 horas, el presidente de Canarias tiene prevista una reunión telemática con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner.
El encuentro, solicitado durante la XXX Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas celebrada en Guadalupe, permitirá trasladar directamente a Bruselas la preocupación del archipiélago ante el incremento de las llegadas y la presión sobre los recursos de primera acogida.
Entre las principales reivindicaciones de Canarias figura la activación de mecanismos europeos de solidaridad y respuesta ante situaciones extraordinarias de presión migratoria.
El Gobierno autonómico también pretende que se refuerce el despliegue operativo de Frontex en los países africanos de origen y tránsito, además de fortalecer los programas de cooperación y desarrollo con estos territorios.
Una de las propuestas centrales será conseguir que Canarias quede expresamente contemplada en el nuevo Marco Europeo de Respuesta de Emergencia para las fronteras exteriores de la Unión Europea.
El Ejecutivo canario defiende que el archipiélago, por su condición de región ultraperiférica y frontera marítima exterior de Europa, necesita una respuesta específica que tenga en cuenta sus características geográficas, su insularidad y la presión que soporta en determinados momentos.
La intención es que la respuesta europea no se limite a gestionar las llegadas una vez que las embarcaciones alcanzan las costas canarias, sino que incorpore medidas de prevención, cooperación internacional, apoyo operativo y financiación.
La Comisión Interministerial también ha acogido la propuesta del Gobierno de Canarias de establecer un mecanismo de coordinación semanal con la Administración General del Estado.
Este sistema permitirá revisar periódicamente la evolución de la situación migratoria, evaluar las necesidades de recursos y comprobar el funcionamiento de los dispositivos de atención y acogida.
El acuerdo contempla activar de manera inmediata uno de los mecanismos de coordinación ya existentes, sin necesidad de constituir un nuevo órgano administrativo.
La periodicidad de estos encuentros pretende mejorar la comunicación entre ambas administraciones y facilitar la anticipación ante posibles nuevos episodios de incremento de llegadas.
El resultado de la Comisión Interministerial supone un avance en las reivindicaciones que el Gobierno de Canarias venía trasladando al Ejecutivo central. Sin embargo, el propio presidente autonómico ha insistido en que el siguiente paso debe ser garantizar que los compromisos adquiridos se conviertan en actuaciones concretas.
La situación de El Hierro vuelve a poner de manifiesto las dificultades que afrontan los territorios insulares cuando deben responder a emergencias que requieren recursos humanos, sanitarios, policiales y logísticos superiores a su capacidad ordinaria.
El refuerzo de la sanidad, la incorporación de nuevos medios de Salvamento Marítimo, el incremento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las posibles compensaciones para los sectores económicos de La Restinga constituyen algunas de las principales actuaciones que deberán desarrollarse.
Al mismo tiempo, Canarias mantiene abierta la vía europea para reclamar una mayor implicación de Bruselas y conseguir que la frontera atlántica reciba una respuesta acorde con la dimensión del fenómeno migratorio.
Fernando Clavijo ha reiterado que la prioridad ahora es que los compromisos se ejecuten, que El Hierro reciba los recursos y compensaciones necesarios y que tanto el Estado como la Unión Europea refuercen su implicación en la gestión de la ruta atlántica.
La reunión de Madrid deja, por tanto, un compromiso político de las administraciones para afrontar una situación que continúa exigiendo coordinación, planificación y recursos. La atención estará puesta ahora en los plazos de aplicación y en la capacidad de las instituciones para transformar los acuerdos anunciados en soluciones efectivas para Canarias.
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