La Corporación insular reclama una regulación homogénea y actualizada que reconozca el papel clave de este colectivo en la protección del territorio
El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado una declaración institucional en la que solicita al Gobierno de Canarias la adaptación de la normativa autonómica de agentes medioambientales a la legislación estatal vigente, con el objetivo de garantizar una regulación homogénea, actualizada y acorde a las funciones reales que desempeña este colectivo en el ámbito insular.
La presidenta del Cabildo, Lola García, destacó el papel esencial que desempeñan los agentes de Medio Ambiente en la protección del territorio, especialmente en una isla como Fuerteventura, “caracterizada por la fragilidad de sus ecosistemas y por una presión creciente derivada de la actividad turística y del uso del suelo”.
Un marco común para todo el Estado
Con el fin de superar la dispersión normativa existente a nivel estatal y establecer un marco común, el Gobierno de España aprobó la Ley 4/2024, de 8 de noviembre, de agentes forestales y medioambientales, con carácter de legislación básica. Esta ley fija principios comunes en aspectos fundamentales como funciones, formación, derechos y deberes del colectivo.
La normativa estatal establece, además, que las administraciones públicas deben adaptar su regulación específica a lo dispuesto en la misma. En este sentido, desde el Cabildo de Fuerteventura se solicita al Ejecutivo autonómico que adecúe la normativa canaria a lo establecido en la Ley 4/2024, garantizando así coherencia normativa y seguridad jurídica.
Solicitud formal al Gobierno de Canarias
A través del acuerdo adoptado en Pleno, el Cabildo insta al Gobierno de Canarias a proceder a la adaptación de la normativa autonómica de agentes medioambientales y a dar traslado de esta petición tanto a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente y Función Pública como a los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento de Canarias.
Con esta iniciativa, la Corporación insular reafirma su compromiso con la protección del medio natural y con el reconocimiento del trabajo que realizan los agentes medioambientales, promoviendo una regulación moderna y homogénea que refuerce su labor en la defensa del territorio.