El Ejecutivo autonómico activa la tramitación del decreto que desarrolla la Ley de Libertad Sexual, exponiendo los vacíos de gestión y la lentitud burocrática en la atención integral a las agredidas sin recursos.
CANARIAS | Análisis y Opinión
El anuncio de que el Gobierno de Canarias se encuentra tramitando el decreto para regular la concesión y el pago de ayudas económicas a víctimas de violencias sexuales no solo representa un paso formal hacia el cumplimiento normativo; pone de manifiesto, sobre todo, una dilación institucional insostenible. Mientras el discurso oficial enmarca el procedimiento en la «garantía de derechos», la realidad de la gestión pública evidencia que las víctimas con insuficiencia de recursos económicos han tenido que esperar a que la maquinaria burocrática autonómica diseñe el engranaje administrativo de un derecho reconocido a nivel estatal por la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
Hasta el momento, la inexistencia de este marco normativo en la Comunidad Autónoma mantenía bloqueada la transferencia efectiva de recursos, supeditando el sustento de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad a una tramitación formal que llega con meses de retraso.
La paradoja del discurso institucional frente a la traba burocrática
Durante el anuncio tras el informe favorable del Consejo General de Servicios Sociales, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, aseveró:
«Con este decreto damos un paso más para garantizar que los derechos reconocidos por la legislación se traduzcan en una protección real y efectiva para las víctimas de violencias sexuales. La recuperación de una víctima no puede entenderse sin favorecer también su autonomía económica, eliminando obstáculos administrativos y facilitando el acceso a los recursos públicos a quienes más los necesitan».
Sin embargo, el propio análisis de la medida revela la contradicción del argumento: los principales «obstáculos administrativos» han provenido del propio ritmo de la administración autonómica, que no ha contado hasta ahora con el instrumento reglamentario indispensable para regular las solicitudes, la valoración documental, la resolución y el posterior desembolso económico por parte del Instituto Canario de Igualdad (ICI).
Acreditación, urgencia y cuellos de botella: letra pequeña del procedimiento
El borrador del decreto establece la arquitectura con la que se pretende gestionar estas prestaciones:
- Vías de acreditación: La condición de víctima podrá justificarse no solo mediante sentencia judicial o informe del Ministerio Fiscal, sino también a través de la vía administrativa mediante informes de los servicios especializados de atención a las víctimas.
- Criterios de empadronamiento y acceso: Se exige el empadronamiento en cualquiera de los municipios del Archipiélago y el cumplimiento de los umbrales de insuficiencia de recursos estipulados en el marco normativo estatal.
- Cláusula de preferencia por urgencia: La norma contempla una tramitación prioritaria para expedientes de víctimas en situación de «especial urgencia o vulnerabilidad social y económica», acreditadas por los recursos de atención integral.
- Retroactividad y parches normativos: Se incorpora una disposición transitoria diseñada para dar curso a las solicitudes presentadas desde la entrada en vigor del desarrollo estatal, evitando que la demora autonómica prescriba o anule el derecho de las solicitantes que quedaron en un limbo legal.
Pese a que el texto promete simplificar la carga documental mediante la consulta electrónica de datos autorizada, la capacidad de respuesta real queda cuestionada por el histórico colapso de la administración canaria en el procesamiento de ayudas sociales y el estrecho margen operativo de las unidades de valoración del ICI.
Integración en el Sistema Canario: la urgencia de ir más allá del papel
El decreto pretende adscribir esta prestación económica dentro del Sistema Canario de Prevención e Intervención Integral contra la Violencia de Género, regulando además la posibilidad de solicitar prórrogas, la compatibilidad con otras subvenciones o rentas de inserción y los supuestos de reintegro de las cantidades percibidas.
No obstante, la regulación de procedimientos, formularios y transferencias de competencias es el nivel mínimo exigible a una administración pública. La verdadera evaluación del compromiso institucional no medirá la pulcritud de la norma ni la retórica en prensa, sino la rapidez real con la que el dinero llegue a las cuentas bancarias de las víctimas, evitando que la precariedad económica agrave la situación de violencia sufrida.