Candelaria Delgado advierte de que el nuevo sistema de reparto del Estado penaliza a las Islas y estudia acudir a los tribunales
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, denunció este martes en el Parlamento regional que el nuevo sistema estatal de financiación de la dependencia supondrá para Canarias una pérdida de 12,4 millones de euros, a pesar de que el Archipiélago se encuentra entre las comunidades autónomas que más han mejorado sus indicadores de atención a personas dependientes durante el último año.
Durante su intervención en el Pleno, Delgado calificó de “injusto” que el Estado “castigue financieramente” a Canarias después de haber logrado reducir de forma significativa los tiempos de espera, las listas de espera y el denominado limbo de la dependencia.
Según explicó la consejera, el tiempo medio de resolución de expedientes ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 354 días en la actualidad, lo que supone una reducción de 428 días. Además, aseguró que la lista de espera se redujo en 1.911 personas durante el primer trimestre del año, mientras que el limbo de la dependencia descendió un 5,1 %, la mayor bajada registrada en toda España.
Delgado destacó también que Canarias lidera el crecimiento nacional en personas beneficiarias con prestación, con un incremento del 13 %, así como en personas con derecho reconocido, con una subida del 5,4 %, cifras superiores a la media estatal.
“Queda trabajo por hacer, pero los datos oficiales ponen de manifiesto una mejora objetiva, medible y comparada”, defendió la consejera, quien acusó además a la oposición de mantener “una caricatura permanente” sobre la situación actual del sistema pese a la evolución positiva de los indicadores.
La titular de Bienestar Social recordó igualmente que la Ley de Dependencia establece que el Estado debe financiar el 50 % del sistema, un compromiso que, según denunció, continúa sin cumplirse.
A esta situación se suma ahora la incorporación de un nuevo “factor de corrección del 10 %” en el reparto del denominado nivel acordado, criterio que, según el Ejecutivo autonómico, perjudica especialmente a Canarias.
En concreto, Delgado explicó que las Islas sufrirán una reducción del 32,3 % respecto a la financiación que le correspondería recibir en función de la evolución positiva de sus datos, convirtiéndose así, según sostiene el Gobierno canario, en “la comunidad autónoma más perjudicada de España”.
“Esta decisión no responde a la corresponsabilidad ni a la cooperación institucional, sino que supone penalizar a la comunidad que más está corrigiendo sus problemas y evolucionando en positivo”, afirmó la consejera.
Ante este escenario, Candelaria Delgado anunció que el Gobierno de Canarias estudia acudir a los tribunales si el Estado mantiene el actual modelo de reparto.
“No estamos hablando de un ajuste técnico menor, sino de una injusticia grave que perjudica a las personas dependientes de Canarias. Nuestra obligación es defender los intereses de esta tierra en todas las instancias necesarias, incluidas las judiciales”, concluyó.