El Gobierno de Canarias ha trazado una estrategia global en materia de vivienda que combina reformas normativas, acción institucional y posicionamiento en el ámbito europeo con el objetivo de afrontar la creciente crisis habitacional en el Archipiélago. Así lo expuso el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, durante su intervención en el Pleno del Parlamento de Canarias.
En tres comparecencias centradas en la limitación de la compra de vivienda por parte de no residentes, la reforma del sistema de adjudicación de vivienda pública y las políticas para facilitar el acceso a un hogar, el responsable autonómico detalló un conjunto de medidas que, según defendió, responden a una realidad cada vez más tensionada.
Rodríguez fue claro al definir el contexto actual: “Canarias afronta una emergencia habitacional estructural”, una situación que, aseguró, ha obligado al Ejecutivo a tomar decisiones de calado, impulsar cambios normativos y diseñar una estrategia integral para proteger a la población residente.
Limitar la compra por no residentes: un debate abierto con respaldo jurídico
Uno de los aspectos que centra el debate político y social es la posibilidad de limitar la adquisición de vivienda por parte de no residentes, una medida que el Gobierno canario no descarta y que ya analiza desde el punto de vista legal.
El consejero explicó que el Ejecutivo ha actualizado un informe jurídico previo mediante un nuevo estudio encargado al despacho especializado Uría Menéndez en Bruselas. Este documento concluye que “existen vías jurídicas viables” para avanzar en esta dirección, siempre dentro del marco normativo europeo.
Entre las alternativas planteadas figuran:
- Restricciones a la compra de segundas residencias
- Regulación más estricta del alquiler vacacional
- Aplicación de medidas fiscales específicas
Todas estas opciones deberán cumplir con los principios fundamentales del derecho de la Unión Europea, como la justificación por interés general, la no discriminación y la proporcionalidad.
Rodríguez reconoció la complejidad del proceso, pero insistió en que “no es un camino imposible”, recordando que existen precedentes en otros territorios europeos que aplican limitaciones similares.
En este contexto, Canarias defiende la aplicación del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce la singularidad de las regiones ultraperiféricas y permite adaptar políticas comunitarias a factores como la insularidad, la lejanía o la presión demográfica sobre el territorio.
Estrategia europea y coordinación con el Estado
El Gobierno autonómico ha intensificado su actividad en el ámbito europeo para situar el problema de la vivienda en Canarias en la agenda comunitaria. Esta labor se ha desarrollado en paralelo a la coordinación con el Gobierno de España, que, según explicó el consejero, se ha alineado con la estrategia del Ejecutivo canario.
La intención es consolidar un marco que permita aplicar medidas diferenciadas en el Archipiélago, atendiendo a sus particularidades territoriales y sociales.
“Estamos ante un problema global, pero con una manifestación especialmente intensa en Canarias”, afirmó Pablo Rodríguez, quien insistió en la necesidad de garantizar que la vivienda recupere su función social como hogar y no como un activo sujeto a dinámicas especulativas.
Reformas normativas para desbloquear suelo y acelerar la construcción
En paralelo a este debate, el Ejecutivo ha desplegado un paquete de reformas legislativas orientadas a incrementar la oferta de vivienda y reducir los obstáculos administrativos.
La primera de estas medidas fue el Decreto-ley 1/2024, centrado en la movilización de suelo y la activación de edificaciones en desuso. Esta norma permite:
- Cambiar el uso de suelos inicialmente destinados a otros fines
- Reconstruir o transformar locales y edificios completos en viviendas
- Garantizar que parte de las nuevas promociones sean de carácter protegido
- Agilizar procedimientos mediante tramitación urgente
Según explicó el consejero, este instrumento ha permitido reactivar recursos infrautilizados y acelerar la generación de vivienda.
Agilización de licencias y nuevas fórmulas de vivienda asequible
A esta medida se suma el Decreto-ley 3/2025, enfocado en resolver uno de los principales cuellos de botella del sistema: la lentitud en la concesión de licencias urbanísticas.
La norma introduce mecanismos de colaboración con colegios profesionales y entidades habilitadas, lo que permite agilizar la emisión de informes técnicos y desbloquear proyectos.
Asimismo, amplía las posibilidades de cambio de uso en suelos turísticos y terciarios, siempre condicionado a la creación de vivienda protegida o asequible.
En este marco se desarrolla la figura de la vivienda asequible incentivada, destinada al alquiler con precios limitados, orientada a sectores de la población que quedan fuera tanto del mercado libre como de la vivienda pública.
Un nuevo modelo de adjudicación basado en la necesidad real
Otro de los cambios estructurales es la aprobación del Decreto 23/2026, que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y establece un nuevo sistema de adjudicación.
La reforma elimina definitivamente el sistema de sorteo y lo sustituye por un modelo basado en criterios objetivos de baremación, priorizando la situación real de necesidad de los solicitantes.
Entre las principales novedades destacan:
- Refuerzo del arraigo en Canarias como criterio de acceso
- Simplificación de trámites mediante declaración responsable
- Gestión electrónica del sistema
- Mejor aprovechamiento del parque público de vivienda
Con este cambio, el Ejecutivo busca garantizar una asignación más equitativa, transparente y eficiente.
Hipoteca Joven y aumento histórico de vivienda protegida
El paquete de medidas se completa con nuevas iniciativas como la Hipoteca Joven, que permitirá al Gobierno avalar parte del crédito hipotecario a menores de 40 años, facilitando el acceso a la primera vivienda.
Además, el consejero destacó que Canarias cuenta actualmente con cerca de 4.000 viviendas en distintas fases de desarrollo, entre ejecución y planificación, lo que representa, según afirmó, “el mayor volumen de promoción pública de las últimas décadas”.
Una respuesta estructural ante una crisis creciente
El Ejecutivo autonómico defiende que el conjunto de estas actuaciones configura una respuesta estructural a un problema complejo y creciente, en el que confluyen factores como la presión demográfica, el mercado turístico y la escasez de oferta.
La combinación de reformas legales, inversión pública y acción institucional en Europa y el Estado busca no solo aliviar la situación a corto plazo, sino también sentar las bases de un nuevo modelo de acceso a la vivienda en Canarias.
“Estamos construyendo una estrategia integral para garantizar el derecho a la vivienda en las islas”, concluyó Pablo Rodríguez.