Las empresas que reciban las subvenciones deberán garantizar la contratación de al menos el 40% del alumnado, reforzando la conexión entre formación y empleo en Canarias.
Las personas desempleadas de Canarias tendrán una nueva oportunidad para acceder a formación especializada con opciones reales de incorporarse al mercado laboral. La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha abierto la convocatoria de subvenciones para financiar programas de formación con compromiso de contratación durante los ejercicios 2026 y 2027.
La iniciativa, publicada ya en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), cuenta con una dotación económica de 12 millones de euros, distribuidos en seis millones para 2026 y otros seis millones para 2027. El objetivo es responder a las necesidades de personal cualificado de las empresas canarias al tiempo que se facilita la inserción laboral de las personas en situación de desempleo.
Formación para el empleo con contratación garantizada
Uno de los aspectos más destacados de esta convocatoria es que las empresas y entidades beneficiarias deberán asumir el compromiso de contratar, como mínimo, al 40% de las personas que completen la formación.
Esta medida busca reforzar la conexión entre la formación profesional para el empleo y las oportunidades laborales reales existentes en el mercado de trabajo de Canarias.
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, destacó que estas ayudas permiten crear una relación directa entre las necesidades del tejido empresarial y la búsqueda de empleo de miles de personas.
«Con esta línea de subvenciones atendemos de manera directa la demanda de las empresas de contar con profesionales cualificados con la búsqueda activa de empleo de las personas desempleadas», señaló la consejera.
Además, subrayó que el compromiso mínimo de contratación garantiza que la inversión pública se traduzca en empleo estable y oportunidades laborales efectivas.
¿Qué empresas pueden solicitar estas ayudas?
La directora del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega, explicó que podrán acceder a estas subvenciones aquellas empresas que asuman directamente el compromiso de contratación o que formalicen acuerdos con otras empresas que garanticen la incorporación laboral del alumnado formado.
Las ayudas se concederán mediante el sistema de concurrencia no competitiva abierta y estarán financiadas con fondos estatales transferidos al Servicio Canario de Empleo.
Formación presencial y online adaptada a las necesidades del mercado
Los programas podrán impartirse tanto en modalidad presencial como mediante teleformación virtual o asíncrona.
Las acciones formativas incluirán especialidades recogidas en el Catálogo de Especialidades Formativas y en el Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional, permitiendo adaptar la formación a los perfiles profesionales más demandados por las empresas.
Asimismo, todos los cursos deberán incorporar módulos obligatorios relacionados con:
✅ Inserción laboral.
✅ Sensibilización medioambiental.
✅ Igualdad de género.
✅ Prevención de riesgos laborales.
Contratos mínimos de seis meses
La convocatoria establece además requisitos específicos para garantizar la calidad del empleo generado.
Los contratos derivados de estos programas deberán tener una duración mínima de:
🔹 Seis meses, cuando se trate de contratos a jornada completa.
🔹 Nueve meses, en el caso de contratos a tiempo parcial.
Con ello se pretende favorecer la estabilidad laboral y mejorar las condiciones de inserción de las personas participantes.
Plazos para presentar solicitudes
Durante 2026 se habilitarán dos periodos para la presentación de solicitudes.
El primero permanecerá abierto durante dos meses a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.
El segundo plazo se desarrollará entre el 17 de agosto y el 14 de octubre de 2026.
Toda la tramitación deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, una medida orientada a agilizar los procedimientos administrativos y reducir las cargas burocráticas para las entidades solicitantes.