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Fernando Clavijo reclama que el Consejo de Ministros apruebe una propuesta legislativa antes de finalizar la legislatura, mientras el Gobierno autonómico impulsa enmiendas al Reglamento europeo de Vivienda Asequible. La iniciativa pretende habilitar restricciones temporales para responder a la presión sobre el mercado residencial de las islas.
El Gobierno de Canarias ha intensificado sus gestiones ante el Estado y las instituciones europeas para conseguir instrumentos jurídicos que permitan limitar temporalmente la compra y el alquiler de viviendas por parte de extranjeros no residentes. La iniciativa, que ha sido abordada en el Parlamento autonómico, busca dar respuesta a las dificultades de acceso a una vivienda en el Archipiélago, donde las particularidades geográficas y territoriales condicionan la disponibilidad de suelo y la ampliación de la oferta residencial.
La estrategia del Ejecutivo regional se desarrolla a través de dos vías complementarias. Por un lado, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación una propuesta de enmiendas al proyecto de Reglamento europeo de Vivienda Asequible. Por otro, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado al Gobierno de España que impulse una propuesta legislativa elaborada por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma.
El propósito es que las particularidades de Canarias como territorio insular y región ultraperiférica se tengan en cuenta en la normativa estatal y comunitaria. No obstante, las medidas anunciadas todavía deben superar los procedimientos políticos y jurídicos correspondientes. Por tanto, la iniciativa no supone que exista actualmente una prohibición general de compra de viviendas por extranjeros no residentes.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, explicó en la sesión del Parlamento de Canarias que el Ejecutivo autonómico había trasladado al Estado una propuesta de enmiendas al proyecto de Reglamento europeo de Vivienda Asequible.
La propuesta pretende que la futura normativa reconozca expresamente las circunstancias específicas de las regiones ultraperiféricas y contemple la posibilidad de que las autoridades competentes en materia de vivienda regulen, restrinjan o limiten temporalmente determinadas operaciones sobre inmuebles residenciales realizadas por personas extranjeras no residentes.
El Gobierno canario sostiene que la realidad del Archipiélago requiere instrumentos adaptados a unas condiciones territoriales que dificultan incrementar la oferta residencial. La lejanía respecto al continente europeo, la insularidad, la disponibilidad limitada de suelo y las características demográficas forman parte de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para defender un tratamiento específico.
Durante su intervención, Pablo Rodríguez defendió que Canarias no solicita un privilegio, sino el reconocimiento de las particularidades previstas para las regiones ultraperiféricas en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El consejero insistió en que las posibles medidas deberían ser temporales, proporcionadas y complementarias a la construcción de nuevas viviendas.
Las enmiendas planteadas por Canarias buscan que las autoridades competentes puedan actuar cuando las circunstancias del mercado inmobiliario y la situación habitacional justifiquen medidas específicas. La propuesta contempla que las actuaciones puedan ajustarse al ámbito territorial en el que se manifieste la emergencia residencial.
Esto permitiría estudiar medidas que afectasen a zonas más amplias que un municipio o distrito cuando la magnitud del problema así lo aconseje. La delimitación definitiva dependería de los criterios establecidos en la normativa que, en su caso, llegara a aprobarse.
El Ejecutivo autonómico considera que las restricciones no deben constituir una solución aislada. Su planteamiento contempla que cualquier medida de esta naturaleza se acompañe de políticas destinadas a incrementar la oferta de vivienda, especialmente la protegida y la destinada al alquiler asequible.
La propuesta europea deberá analizarse conforme a las normas comunitarias y a los principios que regulan el mercado interior. Su presentación no garantiza que las enmiendas vayan a incorporarse al texto definitivo.
La tramitación europea requiere la participación del Estado, ya que las comunidades autónomas no forman parte directamente del Consejo de la Unión Europea como representantes estatales. Por este motivo, el Gobierno de Canarias ha solicitado formalmente que el Ejecutivo español defienda sus propuestas durante las negociaciones comunitarias.
La Consejería ha enviado cartas a los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Vivienda y Agenda Urbana; y Política Territorial y Memoria Democrática. En ellas solicita el respaldo estatal a las enmiendas para que las particularidades del Archipiélago sean tenidas en cuenta en la futura regulación.
El objetivo es que el reglamento contemple herramientas específicas para territorios que soportan una elevada presión residencial y presentan limitaciones estructurales para aumentar la disponibilidad de viviendas. Canarias defiende que el reconocimiento de estas circunstancias permitiría estudiar respuestas ajustadas a la realidad insular, siempre dentro de los límites jurídicos aplicables.
La segunda vía de actuación se desarrolla en el ámbito estatal. Fernando Clavijo informó en el Parlamento de que el Gobierno de España ya dispone de una propuesta legislativa elaborada por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para avanzar en la limitación de la compra de viviendas por extranjeros no residentes.
El presidente canario ha solicitado que la iniciativa sea aprobada por el Consejo de Ministros antes de que finalice la legislatura. Su petición pretende acelerar la respuesta estatal y complementar las gestiones que Canarias desarrolla ante las instituciones europeas.
Las dos vías tienen procedimientos distintos. La propuesta estatal busca avanzar mediante una iniciativa legislativa, mientras que las enmiendas europeas pretenden introducir disposiciones específicas en el Reglamento de Vivienda Asequible.
Para que las restricciones pudieran aplicarse efectivamente sería necesario completar los procedimientos correspondientes y determinar su alcance, las condiciones de aplicación y su compatibilidad con el ordenamiento jurídico. Hasta entonces, no existe una prohibición general de compra que entre en vigor por el mero anuncio de estas iniciativas.
El Gobierno autonómico considera que las condiciones territoriales de Canarias justifican estudiar mecanismos específicos para afrontar las dificultades de acceso a una vivienda. La insularidad limita la disponibilidad de suelo en determinadas zonas y condiciona las posibilidades de crecimiento urbano, mientras que la demanda residencial añade presión sobre el mercado inmobiliario.
El artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce las particularidades de las regiones ultraperiféricas y contempla la posibilidad de adoptar medidas específicas en determinadas condiciones. Canarias pretende que este reconocimiento se tenga en cuenta al diseñar las herramientas europeas relacionadas con la vivienda.
Sin embargo, cualquier limitación a la adquisición o al alquiler de inmuebles deberá contar con una justificación jurídica adecuada y respetar los principios aplicables del Derecho de la Unión Europea. La delimitación de las personas afectadas, la duración de las medidas y las zonas en las que pudieran aplicarse serían aspectos esenciales de una eventual regulación.
El debate sobre la propuesta canaria se enmarca en la preocupación existente en distintos territorios europeos por el incremento de los precios y las dificultades para acceder a una vivienda. En zonas con una oferta limitada y una demanda elevada, las administraciones estudian diferentes instrumentos para proteger el uso residencial y mejorar las condiciones de acceso.
Canarias defiende que la regulación europea debe contemplar las necesidades de las regiones ultraperiféricas y permitir respuestas adaptadas a sus circunstancias. El Ejecutivo autonómico considera que las medidas específicas pueden complementar otras actuaciones destinadas a ampliar el parque residencial y facilitar el acceso a una vivienda asequible.
La vivienda también forma parte del debate europeo sobre el derecho a permanecer en el territorio, relacionado con la necesidad de garantizar condiciones de vida adecuadas para que la población pueda seguir residiendo en su lugar de origen. Este enfoque incluye, además del alojamiento, cuestiones como el empleo, la conectividad y los servicios públicos.
El planteamiento del Gobierno de Canarias insiste en que las posibles limitaciones deben acompañarse de políticas estructurales. La construcción de nuevas viviendas, la promoción de vivienda protegida, la movilización de suelo y el desarrollo del alquiler asequible seguirían siendo elementos fundamentales para responder a las necesidades residenciales.
La eficacia de las restricciones dependería de su diseño y aplicación, así como de su coordinación con las demás medidas públicas. El objetivo declarado por el Ejecutivo autonómico es disponer de herramientas adicionales para actuar en situaciones de presión sobre el mercado inmobiliario, sin sustituir las políticas destinadas a incrementar la oferta.
El desarrollo de las dos vías anunciadas permitirá conocer si las propuestas cuentan con el respaldo político y jurídico necesario para convertirse en normas efectivas.
La iniciativa también tiene interés para Fuerteventura, donde el acceso a una vivienda constituye una cuestión relevante para las familias, los trabajadores y las personas que necesitan establecer su residencia en la isla.
Una eventual regulación específica podría tener repercusiones en el mercado inmobiliario canario, aunque sus efectos concretos en Fuerteventura dependerían del contenido definitivo de las disposiciones, de su ámbito territorial y de las condiciones que se estableciesen para su aplicación.
Por el momento, no se ha anunciado una prohibición general en vigor que impida a los extranjeros no residentes comprar viviendas en Fuerteventura. La propuesta continúa pendiente de los procedimientos políticos y jurídicos correspondientes.
Puerto Radio seguirá informando sobre la evolución de esta iniciativa y las decisiones que adopten las administraciones competentes, con especial atención a sus posibles consecuencias para el acceso a la vivienda en Fuerteventura y en el conjunto de Canarias.
Fuente: Gobierno de Canarias y Parlamento de Canarias.