Antonio Manuel Acosta deberá declarar como investigado el próximo 14 de septiembre por la autorización de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre en el Puertito de Adeje
El director general de Costas y Gestión del Espacio Marino de Canarias, Antonio Manuel Acosta Felipe, ha sido citado a declarar en calidad de investigado por el Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona dentro de la investigación judicial relacionada con el proyecto turístico Cuna del Alma, que se desarrolla en el Puertito de Adeje, en Tenerife.
La decisión judicial responde a una petición formulada por la Fiscalía y está relacionada con la autorización concedida para ocupar con instalaciones fijas una zona del dominio público marítimo-terrestre y su servidumbre de protección, destinada a la construcción de un restaurante con piscina y aparcamiento dentro del citado complejo turístico.
Declaración prevista para septiembre
Según la providencia dictada el pasado 8 de julio por la magistrada Sandra Peraza San Nicolás, Antonio Manuel Acosta deberá comparecer como investigado el próximo 14 de septiembre.
La Fiscalía había solicitado su imputación el pasado mes de abril al considerar que existen indicios suficientes para investigar la autorización administrativa concedida al proyecto promovido por la mercantil Segunda Casa Adeje S.L.
El almacén de la familia Galindo, en el centro de la polémica
La investigación judicial pone el foco en los terrenos donde se encuentra el histórico almacén de empaquetado de tomates de la familia Galindo, situado junto a la playa del Puertito de Adeje.
Sobre esta parcela pesa una orden de expropiación vinculada al desarrollo del proyecto turístico, ya que en ese espacio está prevista la construcción de un beach club. El proceso expropiatorio ha generado una intensa controversia debido a la cuantía de la indemnización ofrecida a la familia propietaria.
Una denuncia que apunta a varios presuntos delitos
El procedimiento judicial tiene su origen en una denuncia presentada en junio de 2025 por distintos colectivos ciudadanos, que solicitaron la paralización cautelar del proyecto al considerar que durante su tramitación podrían haberse cometido diversos delitos.
Entre las presuntas irregularidades denunciadas figuran posibles casos de prevaricación urbanística, fraude a la administración, tráfico de influencias, corrupción entre particulares, administración desleal, falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, delitos contra el patrimonio natural y el medio ambiente y prevaricación por omisión.
La investigación abierta a raíz de esa denuncia es la que ha derivado en la citación como investigado del director general de Costas.
La jueza mantiene las obras
Los colectivos denunciantes —la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje, la familia Galindo, ARCAN y La Gaveta20A— han informado de que la jueza ha rechazado la solicitud de paralización cautelar de la totalidad de las obras mientras continúa la instrucción del caso.
No obstante, los denunciantes han expresado públicamente su preocupación por la continuidad de los trabajos.
«No podemos esconder nuestra profunda preocupación por la continuidad de unas obras que avanzan a gran velocidad mientras la investigación judicial sigue su curso. Cada día que pasa prosigue la destrucción de valores ambientales, arqueológicos, geológicos y patrimoniales cuya protección constituye precisamente el objeto de esta causa. Si continúa este ritmo de ejecución, una eventual resolución judicial favorable podría perder efectividad al haberse alterado de forma irreversible los bienes cuya protección se pretende garantizar», señalan en un comunicado.
La investigación continúa abierta
La comparecencia prevista para el próximo mes de septiembre forma parte de la fase de instrucción del procedimiento, en la que el juzgado continúa recabando pruebas y declaraciones para esclarecer si la autorización administrativa concedida se ajustó plenamente a la legalidad.
Hasta que finalice la investigación y, en su caso, se celebre un juicio, la condición de investigado no implica culpabilidad ni supone una condena, sino que forma parte del procedimiento judicial para determinar los hechos objeto de investigación.