La organización europea exige que las regiones en primera línea migratoria tengan voz en las decisiones de la UE, financiación específica y mayores garantías para proteger a los menores migrantes.
La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) ha mostrado su respaldo a la posición defendida por Canarias al reclamar que las regiones situadas en la primera línea de la presión migratoria tengan un papel protagonista en el diseño de las políticas migratorias de la Unión Europea.
En un documento que será remitido a las instituciones comunitarias, la organización europea también reclama financiación específica para los territorios que afrontan de manera directa la llegada de migrantes y comparte la preocupación expresada por el Gobierno de Canarias sobre la protección de los menores migrantes no acompañados.
La CRPM, que agrupa a 150 regiones europeas, incluidas las pertenecientes a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, considera que las autoridades regionales y locales continúan siendo «invisibles como actores políticos en materia migratoria», a pesar de desempeñar un papel fundamental en la gestión diaria de este fenómeno.
Las regiones reclaman dejar de ser simples ejecutoras
El documento sostiene que las regiones no están siendo tratadas como socios estratégicos dentro del Pacto Europeo de Migración y Asilo, sino únicamente como administraciones encargadas de ejecutar decisiones adoptadas por otras instituciones.
La CRPM lamenta que el papel de los gobiernos regionales en la toma de decisiones siga estando insuficientemente definido, una situación que, a su juicio, no refleja la realidad de las competencias que ejercen sobre el terreno.
En este sentido, recuerda que son precisamente las administraciones regionales las que asumen buena parte de las responsabilidades relacionadas con la respuesta a las emergencias migratorias, la acogida, la integración, la inclusión y la prestación de servicios públicos esenciales.
Entre esas competencias destacan la educación, la atención sanitaria, los servicios sociales y la tutela, acogida e inclusión de los menores extranjeros no acompañados, ámbitos que afectan directamente a comunidades como Canarias.
Canarias denuncia haber sido excluida de los planes nacionales
La organización europea advierte además de que esta falta de reconocimiento institucional también se refleja en la práctica.
Según recoge el documento, en varios Estados miembros las regiones con competencias esenciales apenas han participado o incluso han sido excluidas de la elaboración de las estrategias nacionales para aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Entre ellas se encuentran varias regiones pertenecientes a la CRPM que soportan una presión migratoria desproporcionada, especialmente aquellas situadas en las fronteras exteriores de la Unión Europea y a lo largo de las rutas marítimas, como sucede con Canarias.
La organización recuerda que el Gobierno de Canarias ha denunciado reiteradamente esta situación, al considerar que las decisiones se adoptan sin tener suficientemente en cuenta la experiencia de quienes gestionan directamente las llegadas de migrantes.
Alerta por las deficiencias de coordinación
La Conferencia considera que estas deficiencias de coordinación pueden comprometer la eficacia de las políticas migratorias europeas.
En su opinión, la ausencia de una participación real de las regiones limita la capacidad de los Estados miembros para diseñar respuestas adaptadas a la realidad existente sobre el terreno, especialmente en aquellos territorios que soportan una presión migratoria constante.
Por ello, reclama que la participación de las autoridades regionales y locales sea formal, obligatoria y estructural tanto en el diseño como en la implementación y evaluación de las estrategias nacionales de migración y de los planes de acción europeos.
Asimismo, solicita que los mecanismos de gobernanza reconozcan expresamente las competencias regionales, permitiendo una coordinación mucho más eficaz entre todas las administraciones implicadas.
Preocupación por la protección de los menores migrantes
Otro de los aspectos centrales del documento es la protección de los menores migrantes, una de las principales preocupaciones expresadas por el Gobierno de Canarias durante los últimos meses.
La CRPM considera que el actual Pacto Europeo de Migración y Asilo no aclara suficientemente cuestiones fundamentales relacionadas con la tutela de los menores extranjeros no acompañados que manifiestan su intención de solicitar asilo tras llegar a un puerto o a un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).
Canarias ha manifestado en diversas ocasiones su preocupación por la falta de una normativa clara que determine quién debe asumir la responsabilidad sobre estos menores, especialmente cuando solicitan protección internacional.
El Ejecutivo autonómico entiende que debe aclararse si corresponde actuar al Gobierno de Canarias o si, por el contrario, debe prevalecer la condición de solicitante de asilo, lo que situaría la competencia en el Estado, en línea con el reciente auto del Tribunal Supremo.
El reconocimiento facial y las huellas desde los seis años generan inquietud
El documento también hace referencia a la ampliación del sistema europeo de identificación biométrica.
Entre las novedades figura la incorporación de herramientas de reconocimiento facial y la reducción de 14 a 6 años de la edad mínima para registrar las huellas dactilares de los menores dentro de la base de datos europea destinada a la gestión de los flujos migratorios.
La CRPM comparte la preocupación del Gobierno de Canarias al considerar que esta medida podría facilitar la permanencia de menores en instalaciones policiales, por lo que insiste en que cualquier aplicación de estas normas debe garantizar siempre el interés superior del menor, respetando plenamente sus derechos y teniendo en cuenta su especial situación de vulnerabilidad.
La financiación específica, una prioridad para Canarias y las regiones fronterizas
La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas también reclama que la Unión Europea establezca una financiación específica para las regiones que soportan una presión migratoria permanente.
La organización recuerda que las autoridades regionales y locales asumen importantes responsabilidades operativas y, por ello, deben desempeñar un papel estructural y obligatorio en la planificación y gestión de los fondos destinados a la política migratoria.
A su juicio, esta participación permitiría adaptar las asignaciones económicas a las necesidades reales de cada territorio, especialmente en aquellos donde la presión migratoria constituye un fenómeno estructural y continuado.
La centralización puede perjudicar a las regiones más afectadas
La CRPM expresa además su preocupación porque la gestión de todos los recursos mediante planes nacionales únicos pueda terminar diluyendo las prioridades regionales.
Según advierte, esta centralización podría reducir el acceso a la financiación de las autoridades situadas en primera línea, incrementando además su dependencia de las decisiones políticas adoptadas por los gobiernos nacionales.
La organización insiste en que la financiación europea debe ser flexible, suficiente y específica, permitiendo responder con rapidez a los incrementos de llegadas y reforzar las políticas de cohesión social, convivencia e integración.
Evitar tensiones sociales
Finalmente, la Conferencia subraya que garantizar recursos suficientes resulta esencial para evitar tensiones derivadas de la competencia por los servicios públicos, como la sanidad, la asistencia jurídica o los servicios sociales, entre la población residente y las personas migrantes.
En este sentido, considera que invertir en cohesión social e integración no solo beneficia a los migrantes, sino también a las comunidades de acogida, favoreciendo una convivencia equilibrada y una respuesta más eficaz ante uno de los mayores desafíos que afronta actualmente la Unión Europea.
Con este posicionamiento, la CRPM refuerza las reivindicaciones del Gobierno de Canarias y reclama a Bruselas que las regiones fronterizas dejen de ser simples ejecutoras para convertirse en protagonistas del diseño de las futuras políticas migratorias europeas, con competencias reconocidas, financiación suficiente y un firme compromiso con la protección de los menores.