La consejera de Hacienda defiende que el archipiélago dispone de recursos suficientes, pero la normativa estatal impide destinarlos a sanidad, educación y políticas sociales
La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha reiterado su preocupación por el impacto que la regla del gasto está teniendo sobre las cuentas de la comunidad autónoma, al considerar que su aplicación está restringiendo la capacidad de Canarias para invertir en servicios públicos esenciales.

Las declaraciones fueron realizadas a la salida de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la responsable autonómica mostró su desacuerdo con las cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda y volvió a reclamar una mayor flexibilidad en la aplicación de las reglas fiscales.
Canarias denuncia un desfase entre los ingresos y el límite de gasto
Según explicó Asián, el Gobierno de Canarias mantiene la misma posición desde la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales en 2024. La consejera considera que existe una diferencia significativa entre el incremento de los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica y el crecimiento máximo del gasto permitido.
En este sentido, señaló que, mientras la recaudación puede aumentar entre un 8 % y un 9 %, la regla del gasto solo autoriza un crecimiento cercano al 4 %, lo que, a su juicio, provoca que parte de los recursos disponibles no puedan destinarse a mejorar los servicios públicos.
Recursos que podrían reforzar la sanidad, la educación y las políticas sociales

La titular de Hacienda considera que esta limitación impide utilizar fondos que podrían emplearse para reforzar áreas prioritarias como la sanidad, la educación o las políticas sociales, pese a que la situación financiera de Canarias es más favorable que la de otras comunidades autónomas.
Asián recordó que la finalidad de la regla del gasto es contener el endeudamiento de las administraciones públicas, pero subrayó que la comunidad autónoma mantiene un nivel de deuda muy inferior al de otros territorios y aproximadamente en la mitad del límite previsto para el año 2029.
Por ello, cuestionó que el superávit deba destinarse obligatoriamente a amortizar deuda cuando, según defendió, la situación económica del archipiélago es sólida.
El Gobierno canario mantiene su compromiso con la estabilidad presupuestaria
A pesar de las críticas a la normativa estatal, la consejera aseguró que el Ejecutivo autonómico continuará cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria, equilibrio estructural y sostenibilidad de la deuda establecidos en la Constitución.
Asimismo, insistió en que el objetivo del Gobierno de Canarias seguirá siendo gestionar los recursos públicos de la manera más eficiente posible para responder a las necesidades de la ciudadanía y garantizar la prestación de los servicios esenciales.

