El Gobierno autonómico presenta en La Palma un Plan Forestal a 21 años para sustituir al obsoleto documento de 1999, pero admite que no es vinculante y deja pendiente la eterna promesa de la Ley de Montes
Ha hecho falta esperar más de un cuarto de siglo para que la administración canaria actualice las directrices con las que pretende proteger su territorio forestal. La Consejería de Transición Ecológica y Energía presentó este martes en el Centro de Visitantes de la Caldera de Taburiente, en La Palma, el nuevo Plan Forestal de Canarias, una hoja de ruta estratégica pensada para guiar la gestión de los montes del Archipiélago durante los próximos 21 años, reemplazando formalmente a la ya desfasada planificación de 1999.
Sin embargo, a pesar de la solemnidad del acto, el anuncio llega con una importante sombra técnica: el propio director general del Medio Natural, Miguel Ángel Morcuende, admitió que este plan no tiene carácter normativo ni sustituye a la legislación vigente. En la práctica, se trata de una guía de buenas intenciones que dependerá de la futura primera Ley de Montes de Canarias —aún en fase de redacción— para contar con un verdadero marco jurídico vinculante.
Un diseño a 21 años dividido en tres fases
El plan, cuya tramitación arrancó en 2023 con diagnósticos, evaluación ambiental y alegaciones ciudadanas, proyecta su horizonte hasta 2047. Para evitar que quede en papel mojado, se ha estructurado en tres etapas de siete años, cada una sujeta a revisiones periódicas para evaluar objetivos y alinearse con las partidas de financiación europeas, estatales y autonómicas.
El documento se articula sobre tres grandes ejes, 8 líneas de actuación y 18 programas de trabajo:
1. Intervención directa en el territorio y lucha contra los incendios
Es el bloque de mayor peso técnico, orientado a frenar el riesgo creciente de Grandes Incendios Forestales (GIF) debido al cambio climático, la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad.
- Inversión en los EIRIF: Destaca el papel de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales, que en los últimos tres años han movilizado 39 millones de euros, de los cuales 15 millones se inyectaron directamente en modernización material (drones, helicópteros, maquinaria pesada y vehículos especializados).
- Prevención permanente: El texto enfatiza que los EIRIF no solo actúan en la extinción de verano, sino en tareas invernales de selvicultura preventiva, desbroce de combustible vegetal y mantenimiento de áreas cortafuegos.
2. Desarrollo socioeconómico y reactivación del medio rural
Busca frenar el despoblamiento de las zonas altas generando economía local alrededor del monte. Promueve la creación de empleo verde, el aprovechamiento compatible de los recursos y la reactivación de suelos agrícolas abandonados, poniendo como ejemplo los programas de recuperación del cultivo tradicional del almendro.
3. Coordinación institucional e investigación
Abarca el seguimiento administrativo del plan, la captación de fondos y el impulso a la investigación científica, sirviendo de base técnica para redactar la futura Ley de Montes.
Un reto crítico para islas desérticas como Lanzarote y Fuerteventura
Aunque el foco suele centrarse en las masas arboladas de las islas occidentales, el Plan afirma extender su mirada a todo el Archipiélago. En territorios como Fuerteventura y Lanzarote, la intervención se antoja urgente, pues la vegetación no arbolada cumple una función vital contra la erosión, la desertificación y la pérdida irreversible de suelo.
Luces y sombras de una promesa a largo plazo
El consejero de Transición Ecológica, Mariano H. Zapata, defendió que la iniciativa «permitirá desarrollar una política más coordinada, planificada y eficaz» para proteger el patrimonio natural y conectar el sector forestal con el mundo rural.
No obstante, el verdadero reto del plan no radica en su redacción, sino en su ejecución: sin rango de ley, su éxito dependerá exclusivamente de la voluntad política de los sucesivos gobiernos para transferir el presupuesto prometido por fases y de la celeridad con la que se apruebe la ansiada Ley de Montes.