El Consejo de Gobierno de Canarias acordó este lunes, 23 de febrero, la legalización territorial de cuatro explotaciones ganaderas que suman un total de 2.446 cabezas de ganado, ubicadas en los municipios de Antigua (Fuerteventura), San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y Teguise (Lanzarote).
La decisión se adopta en aplicación del procedimiento previsto en la Ley 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias. A través de este mecanismo jurídico se concede autorización tanto a la actividad ganadera como a las correspondientes edificaciones e instalaciones vinculadas a dichas explotaciones.
Esta actuación supone un nuevo avance en el proceso de reactivación de las regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería, dentro del plan específico del Ejecutivo autonómico para dotar de seguridad jurídica a explotaciones en funcionamiento que carecían de los preceptivos títulos administrativos.
Las cuatro instalaciones autorizadas desarrollan principalmente actividades vinculadas a la producción de leche destinada a la elaboración de productos lácteos, así como labores de cría y reproducción de ganado. En conjunto, el censo autorizado comprende 2.416 cabras, catorce caballos, doce vacas, tres ovejas y un burro.
De acuerdo con el expediente tramitado por el Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las explotaciones se encuentran debidamente inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA). Asimismo, el estudio comparativo de ortofotografías incorporado al informe técnico elaborado por GMR Canarias acredita que las edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias, resultando de aplicación la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
La normativa vigente establece que el Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y previo informe favorable de los departamentos competentes en ordenación del territorio y medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de edificaciones e instalaciones ganaderas actualmente en explotación que hubieran sido ejecutadas sin los correspondientes títulos habilitantes con anterioridad a la citada ley territorial.
El acuerdo aprobado fija, además, una serie de actuaciones obligatorias de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse como condición para culminar el proceso de legalización. El plazo establecido para su cumplimiento es de dieciocho meses desde el día siguiente a la notificación, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de nueve meses.
Estas autorizaciones se enmarcan en el plan de regularización del Ejecutivo canario dirigido a explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado los correspondientes trámites técnicos y administrativos. El procedimiento requiere la coordinación de diversas administraciones públicas, entre ellas los cabildos insulares, los ayuntamientos donde se ubican las instalaciones, la Dirección General de Protección de la Naturaleza y la Dirección General de Ordenación del Territorio.