Francisco Rodríguez Pulido, profesor de Física y Química jubilado y presidente de la Asociación Tierra Bonita, abre con este artículo una serie de reflexiones en las que expone su rechazo a la pretensión de declarar como espacio natural protegido las denominadas “zonas cautelares” del volcán Tajogaite, conocidas popularmente como la “zona roja”.
El autor considera que se trata de un debate complejo pero imprescindible, al entender que se está aplicando un modelo tradicional de conservación ambiental a una catástrofe natural y humanitaria sin precedentes recientes en La Palma.
El marco normativo
El Decreto-ley 9/2023, aprobado tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja para impulsar la recuperación económica y social de la isla, definió una parte de las coladas y el cono como “zonas sujetas a medidas cautelares”. En esos espacios, por la posible existencia de valores geomorfológicos, no podrían desarrollarse actuaciones de recuperación hasta que se iniciara formalmente el procedimiento para su declaración como espacio natural protegido.
Posteriormente, este decreto fue sustituido por la Ley 2/2024, que mantiene prácticamente el mismo contenido. En los mapas anexos a la norma, estas áreas aparecen delimitadas en color rojo —de ahí la denominación popular de “zona roja”—, incluyendo el cono, las dos fajanas y una franja que en su parte sur alcanza la Montaña Cogote.
Recientemente, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias anunció que someterá a información pública la delimitación del espacio natural protegido del cono y las fajanas del Tajogaite, con una superficie prevista de 312 hectáreas.
Críticas a la participación ciudadana
Rodríguez Pulido cuestiona la ausencia de participación efectiva de las personas afectadas y de la ciudadanía del Valle de Aridane en este proceso. Señala la no convocatoria del Consejo Sectorial para la Reconstrucción y considera que la decisión se está adoptando sin un debate amplio y transparente.
Asimismo, recuerda que gran parte del suelo afectado es de titularidad privada, incluyendo los llamados tubos volcánicos. A su juicio, no se ha ofrecido información clara a los propietarios sobre el futuro jurídico de sus terrenos, lo que mantiene una situación de incertidumbre prolongada.
Un conflicto de miradas sobre el territorio
El autor plantea que existe un conflicto entre dos narrativas:
- La geológica, que observa el nuevo campo de coladas como un laboratorio natural de alto valor científico.
- La antropológica y social, que pone el foco en la memoria, la identidad y la pérdida sufrida por las comunidades afectadas.
Para ilustrarlo, cita el caso de la iglesia de Todoque: mientras que desde un enfoque científico puede interpretarse como un indicador de la dinámica de la colada, para los vecinos representaba un centro social y espiritual desaparecido.
Rodríguez Pulido sostiene que el campo de lava no constituye un paisaje natural prístino, sino un territorio previamente habitado y trabajado durante generaciones. Bajo la colada basáltica —afirma— permanecen viviendas, explotaciones agrícolas, caminos y redes comunitarias. Declararlo intocable como espacio natural supondría, en su opinión, invisibilizar nuevamente la dimensión humana de la tragedia.
Solastalgia y duelo del paisaje
Desde la ecología humana, introduce el concepto de solastalgia, término que describe la angustia que experimentan las personas cuando su entorno vital se transforma de forma radical e irreversible. En el caso del Valle de Aridane, argumenta que no solo se perdieron inmuebles, sino espacios de identidad, arraigo y convivencia.
El autor advierte del riesgo de que una protección integral convierta el territorio en un espacio patrimonializado desde una óptica exclusivamente científica, donde el valor geomorfológico prime sobre el duelo social y los derechos de propiedad.
Propuesta alternativa
En próximos artículos, Rodríguez Pulido profundizará en posibles alternativas a la declaración como espacio natural protegido. Entre ellas, adelanta la propuesta de reconocer el nuevo campo de coladas como Paisaje Cultural Catastrófico, en línea con el Convenio Europeo del Paisaje, que concibe el territorio no solo como un espacio físico, sino como el resultado de la interacción entre naturaleza, memoria e identidad social.
El debate sobre el futuro de la “zona roja” continúa abierto, en un contexto en el que confluyen reconstrucción, conservación, derechos de propiedad y memoria colectiva.