La consejera de Hacienda de Canarias critica que la actualización aprobada por el Consejo de Ministros llegue medio año tarde y advierte del impacto que esta demora tiene sobre la financiación de la sanidad, la educación, la vivienda y los servicios sociales
La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha valorado positivamente la aprobación de la actualización de las entregas a cuenta por parte del Consejo de Ministros, aunque ha mostrado su malestar por el retraso acumulado en una medida que considera esencial para la financiación de las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
La responsable autonómica recordó que había reclamado esta actualización de forma reiterada durante los últimos meses y lamentó que, una vez más, el Gobierno de España haya demorado su aprobación hasta mediados de año, una situación que, según señaló, ya se produjo en ejercicios anteriores.
Para Asián, la actualización llega con seis meses de retraso, una demora que considera injustificada y que ha generado dificultades financieras a las administraciones territoriales que dependen de estos recursos para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales.
“Un año más se reitera la poca consideración del Ministerio con las comunidades autónomas y las corporaciones locales, que somos los legítimos dueños de estos fondos que resultan fundamentales en el cómputo global de nuestros presupuestos”, manifestó la consejera.
La titular de Hacienda insistió en que estos recursos no pertenecen al Estado, sino a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, ya que proceden de impuestos cedidos y forman parte del sistema de financiación autonómica y local.
Según explicó, el Gobierno central ha mantenido retenidos durante meses unos fondos que ya estaban recaudados y cuya transferencia debería haberse realizado desde principios de año, permitiendo a las administraciones disponer de ellos para planificar con normalidad sus presupuestos y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.
“Se trata de dinero que ya está recaudado a través de impuestos cedidos y que debe transferirse a comienzos de cada ejercicio. No existe ninguna justificación para haber retrasado su entrega durante seis meses”, señaló.
Fondos esenciales para la sanidad, la educación, la vivienda y el bienestar social
Las entregas a cuenta constituyen uno de los pilares fundamentales de la financiación autonómica y representan una parte muy importante de los ingresos con los que cuentan las comunidades para sostener competencias esenciales.
Matilde Asián recordó que estos recursos son imprescindibles para mantener servicios públicos básicos como la sanidad, la educación, el bienestar social, la atención a la dependencia y las políticas de vivienda, por lo que cualquier retraso en su transferencia termina afectando a la planificación económica de las administraciones.
La consejera advirtió de que esta situación genera importantes distorsiones de tesorería, obligando a comunidades autónomas y corporaciones locales a reorganizar sus cuentas mientras esperan la llegada de unos fondos que legalmente les corresponden.
“El Estado ha disfrutado de unos ingresos que no le correspondían”
Uno de los aspectos más críticos de las declaraciones de Asián se centra en el beneficio financiero que, a su juicio, ha obtenido el Estado al mantener retenidos estos recursos durante meses.
La consejera considera que el Gobierno central ha podido disponer temporalmente de unos fondos que pertenecían a las administraciones territoriales, obteniendo una rentabilidad financiera mientras comunidades autónomas y ayuntamientos afrontaban dificultades para gestionar sus presupuestos.
“En vez de transferirlo, el Estado ha disfrutado de unos ingresos que correspondían a las comunidades autónomas y corporaciones locales, consiguiendo una rentabilidad financiera que solamente ha beneficiado al Estado y que ha complicado la gestión de las instituciones autonómicas y municipales”, afirmó.
Para el Ejecutivo canario, esta situación ha supuesto una carga adicional para las administraciones, especialmente en un contexto marcado por el incremento de los costes de los servicios públicos y la necesidad de responder a las demandas sociales de la ciudadanía.
Un bloqueo político que retrasó su aprobación
Sobre la tramitación de estas entregas a cuenta, Asián recordó que los importes correspondientes ya habían sido comunicados con anterioridad y que incluso fueron incorporados a diferentes iniciativas legislativas debatidas en el Parlamento nacional.
Sin embargo, explicó que la incapacidad del Gobierno central para reunir una mayoría parlamentaria suficiente impidió que dichas normas fueran aprobadas, provocando un retraso que finalmente ha terminado afectando a las comunidades autónomas y corporaciones locales.
La consejera considera que los problemas de estabilidad política en Madrid no deberían repercutir sobre la financiación de las administraciones territoriales, especialmente cuando se trata de recursos que ya forman parte de sus previsiones presupuestarias.
Canarias exige que el pago se agilice cuanto antes
Tras la aprobación de la actualización por parte del Consejo de Ministros, el Gobierno de Canarias espera ahora que el Ministerio de Hacienda agilice todos los trámites necesarios para que los fondos comiencen a abonarse lo antes posible.
Matilde Asián confía en que la transferencia efectiva de los recursos se produzca con rapidez y permita corregir una situación que, a su juicio, no debería haberse prolongado durante la primera mitad del año.
Por ello, reclama que en el futuro este tipo de actualizaciones se realicen dentro de los plazos habituales y que los recursos lleguen cuando corresponde, evitando retrasos que afectan a la gestión económica de las administraciones y a la planificación de inversiones y servicios públicos.
La aprobación de la actualización de las entregas a cuenta supone ahora un alivio para las cuentas autonómicas y municipales, aunque desde Canarias se insiste en que la medida debería haberse producido seis meses antes y sin necesidad de las reiteradas reclamaciones realizadas por las comunidades durante este periodo.