El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, 9 de marzo, el nuevo decreto que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública. La medida, impulsada por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, introduce cambios relevantes en el modelo de acceso al parque público de vivienda en las islas.
La principal novedad es la sustitución del sistema de sorteo por un modelo de baremación objetiva, basado en criterios verificables que tendrán en cuenta la situación económica, social y familiar de las personas solicitantes. Con este cambio, el Ejecutivo autonómico pretende reforzar la equidad, la transparencia y la seguridad jurídica en el proceso de adjudicación, garantizando que las viviendas públicas se asignen en función de las necesidades reales de cada unidad de convivencia.
Inscripción más sencilla y digital
El nuevo decreto también introduce una simplificación importante en el proceso de inscripción en el Registro de Demandantes. A partir de ahora, se elimina la necesidad de pedir cita previa o acudir presencialmente para realizar el trámite.
Las personas interesadas podrán completar un formulario telemático mediante una declaración responsable, en la que indiquen que cumplen con los requisitos exigidos. Esta medida busca agilizar los procedimientos administrativos, facilitar el acceso al registro y reducir los tiempos de gestión para los ciudadanos.
Más exigencia en residencia y arraigo
La norma refuerza además los requisitos de residencia para optar a una vivienda protegida de promoción pública. Para poder ser adjudicatario será necesario:
- Ser mayor de edad o menor emancipado.
- Estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias.
- Acreditar al menos 12 años de residencia ininterrumpida en Canarias, o 15 años en caso de residencia discontinua.
Además, se exigirá haber residido o trabajado de forma ininterrumpida durante al menos cinco años en el municipio donde se ubique la promoción de viviendas, con anterioridad a la publicación del procedimiento de adjudicación.
Este requisito no se aplicará a las víctimas de violencia de género cuando la situación sufrida haya impedido su permanencia en su municipio habitual, siempre que dicha circunstancia esté acreditada conforme a la legislación estatal.
Más reservas para colectivos prioritarios
El decreto también refuerza el carácter social del sistema público de vivienda mediante la ampliación de los cupos de reserva para colectivos prioritarios.
Entre las medidas destacadas se establece una reserva mínima del 10% de las viviendas para personas con limitaciones funcionales graves en movilidad o comunicación. Dentro de este grupo se diferenciará entre quienes requieren el uso permanente de silla de ruedas u otros dispositivos de apoyo y quienes presentan limitaciones acreditadas sin necesidad de ellos.
Asimismo, se fija una reserva mínima del 20% para jóvenes de hasta 35 años, 10% para personas mayores de 65 años y 8% para víctimas de violencia de género. El decreto también contempla un cupo para personas emigrantes retornadas, que podrá alcanzar hasta un máximo del 1% del total de viviendas.
Con esta actualización normativa, el Gobierno de Canarias busca consolidar un modelo de acceso a la vivienda pública más justo, transparente y orientado a proteger el derecho a la vivienda, priorizando a quienes cuentan con mayor arraigo en el territorio y presentan mayores necesidades sociales.