La formación majorera anuncia iniciativas para que el Gobierno de Canarias interceda ante el Estado y reclama la inclusión de los solicitantes de apatridia en el proceso
Asamblea Majorera – Coalición Canaria Fuerteventura (AM-CC) ha recriminado al Gobierno del Estado español el trato discriminatorio hacia el pueblo saharaui en el proceso de regularización de personas migrantes aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, al dejar fuera a los solicitantes del estatuto de apatridia, un colectivo formado en su mayoría por personas procedentes del Sáhara Occidental.
La formación política ha solicitado explicaciones al Ejecutivo central y se ha sumado a las denuncias formuladas por juristas, organizaciones sociales saharauis y el movimiento Regularización Ya, que ha confirmado la exclusión de este colectivo tras el dictamen del Consejo de Estado.
Críticas a la exclusión del colectivo saharaui
Desde AM-CC señalan que esta decisión se ha adoptado a pesar de existir alternativas viables para su inclusión, lo que consideran una actuación injustificada.
En este sentido, cuestionan la postura del Gobierno de España al entender que “evita abordar una situación que afecta directamente al pueblo saharaui para no molestar a Marruecos”, denunciando lo que califican como una falta de coherencia política.
Iniciativas en el Parlamento de Canarias
Ante esta situación, la formación ha anunciado que impulsará una iniciativa en el Parlamento autonómico para instar al Gobierno de Canarias a interceder ante el Estado, con el objetivo de que las personas solicitantes del estatuto de apatridia sean incluidas en el proceso de regularización en condiciones similares a las de los solicitantes de asilo.
Según subrayan, estos últimos sí han sido incorporados en la medida aprobada, lo que genera, a su juicio, un agravio comparativo injustificado.
Denuncia de trato desigual sin base jurídica
Desde AM-CC defienden su apoyo a la regularización de personas migrantes, pero rechazan el trato diferenciado hacia el colectivo saharaui, al considerar que “sin motivo jurídico aparente, se le impide regularizar su situación”.
Asimismo, cuestionan que una medida concebida para dar salida a personas en situación administrativa irregular excluya a quienes se encuentran en una situación jurídica similar, como es el caso de los solicitantes de apatridia.
“Mientras los solicitantes de asilo podrán acogerse a esta autorización de residencia, los solicitantes del estatuto de apátrida en la misma situación quedan fuera del proceso”, denuncian.
Dificultades para la integración
La formación recuerda además que existe una diferencia significativa entre ambos colectivos, ya que los solicitantes de asilo pueden acceder al mercado laboral a los seis meses, mientras que las personas solicitantes de apatridia no cuentan con autorización para trabajar, lo que dificulta su integración social y estabilidad.
Una deuda histórica con el pueblo saharaui
AM-CC concluye señalando que España mantiene una deuda histórica con el pueblo saharaui, y considera que esta exclusión no puede justificarse por motivos políticos.
“No se trata solo de una cuestión administrativa, sino de justicia y dignidad para un pueblo que lleva décadas esperando respuestas. No se puede apelar a los derechos mientras se deja fuera a quienes se encuentran en una situación de igual vulnerabilidad”, subrayan.
La formación reafirma así su compromiso con la defensa de los derechos del pueblo saharaui y con la búsqueda de soluciones que garanticen un trato igualitario en los procesos de regularización.