El Consistorio defiende ahora a la UTE ImesApi-Emelsa pese a que aceptó previamente la anulación de la adjudicación por un posible conflicto de interés en un contrato superior a 18 millones de euros
Nueva y grave polémica en torno al contrato del servicio de mantenimiento del alumbrado público de La Laguna. El Ayuntamiento lagunero ha decidido posicionarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a favor de la UTE ImesApi-Emelsa, la misma empresa que mantiene un litigio judicial contra el propio Consistorio tras perder la adjudicación de un contrato valorado en más de 18 millones de euros.
La situación ha generado una enorme controversia política y jurídica, ya que el Ayuntamiento había aceptado previamente la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias (TCPC), que anuló la adjudicación realizada a favor de esta unión temporal de empresas al apreciar un posible conflicto de interés durante la evaluación de las ofertas.
El Tribunal de Contratos anuló la adjudicación en 2025 por dudas sobre la imparcialidad
La resolución del Tribunal de Contratos Públicos de Canarias, dictada en octubre de 2025, ordenó expulsar del concurso a la UTE ImesApi-Emelsa y adjudicar el servicio a Effico, empresa que había quedado clasificada en segunda posición.
El órgano administrativo consideró acreditada la existencia de un posible conflicto de interés en la valoración técnica de las ofertas, precisamente en el criterio subjetivo que terminó siendo decisivo para determinar la adjudicación final del servicio.
Pese a ello, el Ayuntamiento de La Laguna optó inicialmente por no recurrir judicialmente dicha resolución y acatar la decisión del Tribunal de Contratos.
Sin embargo, meses después, el Consistorio ha dado un giro radical y se ha alineado con los argumentos de ImesApi-Emelsa en el recurso presentado ante el TSJC, defendiendo ahora la legalidad de la adjudicación anulada.
El posible conflicto de interés que marcó todo el procedimiento
El núcleo de la polémica se centra en la participación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Tenerife (COIITF) en la valoración técnica de las ofertas presentadas al concurso del alumbrado público.
Según la resolución del TCPC, el Ayuntamiento encargó la evaluación técnica al citado colegio profesional pese a que la secretaria de la Junta de Gobierno del COIITF era la esposa del delegado de la empresa finalmente propuesta como adjudicataria, ImesApi-Emelsa.
Además, dicha funcionaria había sido anteriormente jefa del servicio municipal responsable de tramitar esta licitación en el Ayuntamiento de La Laguna.
La controversia aumentó todavía más porque el jefe de servicio que posteriormente sustituyó a esta funcionaria en el Ayuntamiento es hijo del decano del COIITF y fue precisamente quien ratificó el informe emitido por el colegio profesional.
Ese informe situaba a ImesApi-Emelsa como primera clasificada y a Effico en segundo lugar por apenas un punto de diferencia.
El Ayuntamiento reconoce ser parte demandada… pero se pone del lado de la empresa demandante
Uno de los aspectos más sorprendentes del procedimiento judicial es la postura adoptada por el propio Ayuntamiento ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.
En el escrito remitido al tribunal, el Consistorio reconoce expresamente que le corresponde comparecer como parte demandada y formular oposición a la demanda. Sin embargo, inmediatamente después hace suyos los argumentos de ImesApi-Emelsa y respalda la legalidad de la adjudicación inicialmente realizada a favor de esta UTE.
Es decir, el Ayuntamiento termina defendiendo ante la Justicia la posición de la empresa que precisamente lo ha demandado.
El Consistorio sostiene que no existió conflicto de interés y minimiza el papel desempeñado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Tenerife, asegurando que su función fue únicamente asesora y no decisoria.
No obstante, el Tribunal de Contratos rechazó tajantemente esa interpretación y concluyó que el informe elaborado por el COIITF y el posterior informe municipal eran “prácticamente idénticos”.
El Tribunal habló de una “sombra más que razonable de duda”
En la resolución recurrida, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos fue especialmente contundente al afirmar que el Ayuntamiento conocía perfectamente la situación desde el principio.
El órgano administrativo señaló que era “un hecho público, notorio y fácilmente comprobable” que la citada funcionaria desempeñaba el cargo de secretaria de la Junta de Gobierno del colegio profesional encargado de valorar las ofertas.
A juicio del TCPC, el Ayuntamiento mantuvo igualmente la asistencia técnica del COIITF, favoreciendo así “un potencial conflicto de intereses” que terminó proyectando “una sombra más que razonable de duda sobre la imparcialidad de la evaluación”.
Además, el tribunal destacó que las puntuaciones otorgadas por el COIITF en el criterio subjetivo fueron matemáticamente determinantes para adjudicar el contrato a ImesApi-Emelsa.
De hecho, en el resto de criterios objetivos prácticamente todos los licitadores obtuvieron la misma puntuación, salvo una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial que ImesApi.
La adjudicación provocó una fuerte batalla política en La Laguna
El procedimiento del alumbrado público generó durante 2025 una intensa controversia política en el Ayuntamiento de La Laguna.
Los grupos de la oposición, especialmente Partido Popular y VOX, cuestionaron abiertamente la adjudicación y reclamaron mayores explicaciones sobre el procedimiento.
El Partido Popular llegó incluso a plantear la posibilidad de impulsar una comisión de investigación municipal.
Por su parte, VOX presentó una moción plenaria —que finalmente no prosperó— relacionada con la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención de conflictos de interés en las contrataciones públicas municipales.
Además, varios medios de comunicación informaron de la posibilidad de que determinadas adjudicaciones relacionadas con el servicio de alumbrado pudieran derivar en una denuncia ante la Fiscalía.
Otro contrato bajo sospecha: luminarias LED financiadas con fondos europeos
Entre las actuaciones cuestionadas políticamente figura también un contrato adjudicado en 2021 para sustituir luminarias de vapor de sodio por tecnología LED.
Ese contrato, financiado con fondos europeos y valorado en aproximadamente 900.000 euros, se tramitó mediante procedimiento negociado sin publicidad.
En dicho procedimiento fueron invitadas únicamente tres empresas:
- ImesApi
- Lumican
- Emelsa
Las dos primeras pertenecían al mismo grupo empresarial y la tercera acabaría asociándose posteriormente con ImesApi para concurrir al concurso del mantenimiento del alumbrado público.
La oposición municipal también cuestionó que aproximadamente la mitad de las luminarias incluidas en el contrato ya habían sido sustituidas previamente por tecnología LED.
Effico ya había invertido millones tras firmar el contrato
La posición adoptada ahora por el Ayuntamiento podría tener importantes consecuencias económicas y administrativas si el TSJC termina estimando el recurso presentado por ImesApi-Emelsa.
En ese escenario, la actual adjudicación a Effico podría quedar anulada, obligando a iniciar un nuevo procedimiento de licitación que retrasaría durante meses o incluso años la formalización definitiva del contrato.
Mientras tanto, Effico seguiría prestando el servicio de manera provisional y sin contrato estable, mediante autorizaciones mensuales del Consejo Consultivo de Canarias.
La empresa asegura que, desde la firma del contrato en marzo pasado, ya había realizado importantes inversiones:
- 🚛 Adquisición de vehículos por valor aproximado de un millón de euros.
- 👷 Contratación de diez nuevos trabajadores.
- 💶 Mejoras salariales para avanzar hacia un nuevo convenio colectivo.
- ⚡ Proyectos de modernización del servicio.
Entre las actuaciones previstas figuraban además instalaciones municipales de recarga para vehículos eléctricos, instalaciones fotovoltaicas, nuevas dependencias operativas y diferentes mejoras técnicas del servicio.
La eventual anulación de la adjudicación podría impedir el desarrollo de esas actuaciones y abrir la puerta a importantes reclamaciones económicas contra el Ayuntamiento de La Laguna.
Todo ello ha incrementado aún más la polémica política y jurídica en torno a la decisión del Consistorio de respaldar judicialmente a la misma empresa que lo ha llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.