El TSJC concluye que el procedimiento se desarrolló con normalidad, sin irregularidades y con acceso a las más de 5.000 aportaciones ciudadanas realizadas durante el proceso participativo
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha avalado la actuación del Gobierno de Canarias en el proceso de consulta pública previa de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, impulsada por la Consejería de Turismo y Empleo que dirige Jéssica de León.
La resolución judicial, fechada el pasado 6 de mayo de 2026, pone fin al recurso presentado contra el procedimiento de consulta pública desarrollado durante la tramitación de la normativa, aprobada finalmente por el Parlamento de Canarias el 12 de diciembre de 2025.
Según recoge la sentencia, durante el proceso se facilitó toda la información solicitada por las partes interesadas, incluidas las más de 5.000 aportaciones ciudadanas registradas en el marco del proceso participativo impulsado por el Ejecutivo autonómico.
El tribunal descarta irregularidades en el procedimiento
La resolución del TSJC concluye de forma clara que no existen incongruencias ni inexactitudes en el procedimiento de consulta pública y considera que este se desarrolló con total normalidad y con todas las garantías legales.
El alto tribunal canario rechaza así las críticas planteadas durante la tramitación de la ley, en las que distintos sectores cuestionaban la validez del proceso participativo y reclamaban incluso la realización de una segunda consulta pública.
Sin embargo, la sentencia considera que esa nueva consulta “no era necesaria”, al entender que el procedimiento inicial se desarrolló correctamente y respetó plenamente los principios de transparencia, participación ciudadana y acceso a la información.
La resolución judicial también destaca que durante la tramitación se puso a disposición de los interesados toda la documentación requerida relacionada con el procedimiento.
El Gobierno de Canarias destaca el respaldo judicial
Tras conocerse el fallo, la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias valoró positivamente el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y defendió la legalidad del procedimiento seguido para la elaboración de la normativa sobre vivienda vacacional.
El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, aseguró que esta resolución judicial “respalda un modelo de trabajo basado en la transparencia, la participación ciudadana y el rigor técnico”.
Desde el Ejecutivo autonómico consideran que la sentencia refuerza la seguridad jurídica del procedimiento seguido durante la elaboración de una de las normativas más debatidas en Canarias en los últimos años.
La ley de vivienda vacacional, uno de los grandes debates en Canarias
La regulación de la vivienda vacacional se ha convertido en uno de los principales asuntos políticos, sociales y económicos del Archipiélago debido al impacto que el alquiler turístico tiene sobre:
- El acceso a la vivienda residencial
- El precio de los alquileres
- La planificación urbanística
- La presión turística en determinadas zonas
- El modelo económico y territorial de Canarias
La nueva normativa impulsada por el Gobierno de Canarias busca establecer un marco regulador más estricto para el uso turístico de viviendas, incorporando criterios de sostenibilidad territorial, equilibrio social y ordenación urbanística.
Durante su tramitación, la ley generó un intenso debate entre administraciones públicas, colectivos vecinales, propietarios de viviendas vacacionales, plataformas ciudadanas y representantes del sector turístico.
Más de 5.000 aportaciones ciudadanas durante el proceso
Uno de los aspectos destacados por el TSJC en su resolución es la amplitud del proceso participativo impulsado por el Gobierno de Canarias.
El tribunal subraya que durante la consulta pública se recopilaron más de 5.000 aportaciones ciudadanas, que fueron incorporadas al expediente administrativo y puestas a disposición de las partes interesadas.
La sentencia considera acreditado que el procedimiento se desarrolló con normalidad y sin vulnerar derechos de participación o acceso a la información pública.