Los afectados llevan décadas residiendo en casas públicas y reclaman al Gobierno autonómico que desbloquee un proceso que quedó regulado en 2023 y que todavía no se ha hecho efectivo para miles de hogares
La vivienda vuelve a convertirse en uno de los grandes asuntos de debate en Canarias. Esta vez, el foco está puesto en miles de familias que llevan décadas viviendo en promociones de vivienda protegida y que reclaman poder convertirse en propietarias de los inmuebles que ocupan.
Los colectivos que representan a estos residentes calculan que la situación afecta a alrededor de 10.000 familias en el conjunto del Archipiélago. Muchas de ellas accedieron a sus viviendas hace décadas, cuando las promociones públicas se diseñaron bajo unas condiciones que contemplaban, en determinados casos, la posibilidad de acceder posteriormente a la propiedad.
El conflicto no es nuevo, pero ha recuperado protagonismo político durante los últimos meses. Las asociaciones de afectados consideran que existe un compromiso administrativo pendiente de ejecutar, mientras que el actual Gobierno de Canarias defiende una política diferente: conservar las viviendas públicas dentro del parque autonómico para destinarlas a nuevas familias que necesiten acceder a un alquiler asequible.
Una reivindicación que viene de los antiguos planes de vivienda
Para entender el origen del conflicto hay que remontarse varias décadas.
Durante los años ochenta y noventa se construyeron en Canarias numerosas promociones destinadas a familias con dificultades para acceder al mercado libre. Algunas viviendas fueron adjudicadas mediante alquiler y otras mediante fórmulas de compraventa protegida.
Con el paso de los años, parte de los adjudicatarios entendieron que podía culminar el proceso y hacerse con la propiedad de los inmuebles. Sin embargo, las diferentes modificaciones de la política de vivienda y los cambios en la gestión del parque público hicieron que miles de expedientes quedaran sin resolver.
Los afectados sostienen que han cumplido durante décadas con sus obligaciones como inquilinos y que no están solicitando una vivienda nueva, sino que se reconozca la posibilidad de adquirir la que ya constituye su domicilio habitual.
El Decreto 1/2023 abrió una puerta que los afectados consideran todavía pendiente
Uno de los principales argumentos de las plataformas se encuentra en la normativa aprobada en 2023.
El Decreto 1/2023 estableció las condiciones para que determinados ocupantes de viviendas protegidas antiguas pudieran acceder a su adquisición, siempre que cumplieran una serie de requisitos.
La regulación estaba dirigida principalmente a promociones anteriores a determinados planes de vivienda y contemplaba diferentes condiciones dependiendo del régimen bajo el que se hubiera adjudicado cada inmueble.
Entre los criterios establecidos se encontraba que la vivienda fuera la residencia habitual de los solicitantes y que estos cumplieran las condiciones económicas y patrimoniales previstas por la normativa.
La regulación también introducía mecanismos destinados a facilitar económicamente las operaciones de compra, teniendo en cuenta tanto el precio de referencia de las viviendas como determinadas cantidades abonadas anteriormente por los residentes.
Para las plataformas de afectados, aquella norma supuso un paso decisivo. El problema, denuncian, es que el reconocimiento sobre el papel no se ha traducido en la transmisión efectiva de las viviendas para miles de familias.
Los afectados vuelven a reclamar al Ejecutivo
Las organizaciones que defienden a estos residentes han vuelto a llevar sus reivindicaciones ante las instituciones canarias.
Su petición principal es que la Administración aclare qué viviendas pueden ser objeto de transmisión, qué familias cumplen las condiciones y cuándo comenzarán a formalizarse las operaciones.
Los afectados consideran que no pueden permanecer indefinidamente en una situación de incertidumbre después de tantos años residiendo en las mismas casas.
La reivindicación también ha entrado de lleno en el Parlamento de Canarias. El Partido Socialista ha reclamado explicaciones al Ejecutivo autonómico y ha anunciado iniciativas parlamentarias relacionadas con la aplicación del Decreto 1/2023.
El PSOE sostiene que existe una normativa aprobada que debe ejecutarse, mientras que el Gobierno actual defiende que las circunstancias de la vivienda en Canarias han cambiado de forma sustancial.
El Gobierno apuesta por mantener las viviendas dentro del parque público
El Ejecutivo autonómico mantiene una posición distinta a la de las plataformas.
La actual política de vivienda del Gobierno de Canarias está orientada a aumentar el número de viviendas públicas disponibles y evitar que ese patrimonio salga del sistema público.
La razón es el fuerte incremento de la demanda de vivienda protegida registrado en las islas.
Miles de personas están inscritas actualmente como demandantes de vivienda y el Ejecutivo considera que vender parte de las viviendas existentes reduciría la capacidad de las administraciones para responder a esa demanda en el futuro.
La estrategia pasa, por tanto, por construir nuevas promociones, movilizar suelo disponible y mantener las viviendas públicas para destinarlas a familias que cumplan los requisitos de acceso.
Este planteamiento choca directamente con la reclamación de quienes ocupan las promociones más antiguas.
El problema de los precios también complica la solución
A la discusión jurídica y política se suma una cuestión económica.
Las viviendas construidas hace treinta o cuarenta años tienen actualmente un valor muy diferente al que presentaban cuando fueron adjudicadas.
Este factor ha adquirido especial importancia en los casos gestionados por Visocan, la empresa pública encargada de una parte importante del parque de vivienda social de Canarias.
Algunas operaciones de venta planteadas en los últimos años han generado diferencias muy importantes entre el precio histórico de las viviendas y su valoración actual.
Para los afectados, el precio debe determinarse conforme a las reglas establecidas en la normativa que reguló estas promociones.
Para la Administración, en cambio, cualquier transmisión debe realizarse respetando también las obligaciones patrimoniales de las entidades públicas y evitando operaciones que puedan provocar un perjuicio económico al patrimonio de todos los canarios.
Un conflicto que también ha terminado en los tribunales
La falta de acuerdo ha llevado algunos casos hasta los órganos judiciales.
Uno de los expedientes más conocidos afecta precisamente a una vivienda gestionada por Visocan y ha servido para poner sobre la mesa las dificultades que existen para aplicar las normas de acceso a la propiedad.
En estos procedimientos se enfrentan dos intereses que resultan difíciles de conciliar.
Por una parte, los residentes consideran que el paso del alquiler a la propiedad forma parte de los derechos asociados al régimen con el que recibieron sus viviendas.
Por otra, las entidades públicas encargadas de gestionar el parque de vivienda deben garantizar que las operaciones de transmisión cumplen las condiciones legales y no provocan un deterioro injustificado de los recursos públicos.
Más de 11.000 familias ya accedieron anteriormente a la propiedad
La reivindicación actual también tiene un antecedente importante.
A lo largo de las últimas décadas, más de 11.000 familias canarias han llegado a convertirse en propietarias de viviendas que inicialmente habían sido adjudicadas mediante distintos sistemas de vivienda pública.
Ese precedente es uno de los argumentos utilizados por las organizaciones que actualmente reclaman una solución.
Los afectados consideran que no debería existir una diferencia de trato entre familias que accedieron a sus viviendas bajo modelos similares en diferentes momentos.
El Gobierno, sin embargo, sostiene que las circunstancias actuales son muy diferentes y que Canarias necesita preservar el parque público debido a la creciente dificultad para acceder a una vivienda.
La emergencia habitacional cambia las prioridades
El contexto actual del mercado inmobiliario es muy distinto al existente cuando se construyeron muchas de estas promociones.
El incremento de los alquileres, el precio de la vivienda y la escasez de oferta asequible han convertido el acceso a una casa en uno de los principales problemas sociales del Archipiélago.
Canarias ha declarado la situación de emergencia habitacional y ha puesto en marcha diferentes medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda protegida.
En este escenario, el Gobierno entiende que cada vivienda pública constituye un recurso estratégico que debe conservarse para poder atender a las personas que actualmente se encuentran en lista de espera.
Las familias afectadas responden que la solución a la emergencia habitacional no puede pasar por ignorar los derechos que, según defienden, adquirieron quienes llevan décadas ocupando esas viviendas.
El año electoral vuelve a colocar el asunto en primera línea
La proximidad de las elecciones autonómicas de 2027 añade presión política a un asunto que lleva años pendiente.
Los partidos de la oposición han encontrado en esta reivindicación un nuevo frente para exigir explicaciones al Ejecutivo de Fernando Clavijo, mientras que las plataformas de afectados preparan nuevas acciones para mantener sus demandas visibles.
La discusión va mucho más allá de una simple compraventa.
Lo que está en juego es qué debe ocurrir con una parte de las viviendas públicas construidas durante las últimas décadas y si las familias que llevan años ocupándolas deben tener la oportunidad de convertirse en propietarias.
Miles de hogares siguen esperando una respuesta definitiva
Mientras las administraciones y los colectivos afectados mantienen posiciones enfrentadas, miles de familias continúan esperando una solución.
Son personas que, en muchos casos, llevan buena parte de su vida residiendo en las mismas viviendas y que consideran que ha llegado el momento de cerrar definitivamente unos expedientes que llevan años abiertos.
El Gobierno de Canarias deberá decidir cómo encajar esta reivindicación dentro de su actual estrategia de vivienda pública, mientras los afectados reclaman que se respeten las condiciones que, según sostienen, estaban previstas cuando recibieron sus casas.
La solución tendrá que encontrar un difícil equilibrio entre los derechos que reivindican estas familias, la seguridad jurídica de los procedimientos y la necesidad de conservar un parque público de vivienda que Canarias considera imprescindible para afrontar la actual emergencia habitacional.
Por ahora, la respuesta continúa pendiente y alrededor de 10.000 familias siguen esperando saber si algún día podrán poner su nombre como propietarios de la vivienda en la que llevan décadas viviendo.