Román Rodríguez reclama al Gobierno de Canarias “total transparencia” sobre unas compensaciones que afectan a 36 expedientes y cuestiona que los propietarios mantengan sus derechos urbanísticos
La batalla política por las consecuencias de las antiguas moratorias turísticas vuelve a ocupar el primer plano de la actualidad de Canarias. Nueva Canarias ha reclamado al Gobierno autonómico que explique con detalle los criterios utilizados para cerrar los acuerdos extrajudiciales con los propietarios y empresas afectados por las restricciones urbanísticas, un proceso que supone el desembolso de alrededor de 485 millones de euros de las arcas públicas.
El asunto, que arrastra más de dos décadas de litigios, vuelve ahora al debate político después de que el Ejecutivo canario haya culminado un acuerdo destinado a poner fin a una parte sustancial de los procedimientos judiciales relacionados con la moratoria turística.
La formación liderada por Román Rodríguez considera imprescindible conocer cómo se han calculado las cantidades abonadas y qué informes técnicos y jurídicos han servido de base para alcanzar el acuerdo.
Según los datos conocidos, el pacto afecta a 36 expedientes y permite cerrar un conflicto cuya factura potencial llegó a situarse cerca de los 1.000 millones de euros. Finalmente, la cantidad acordada se ha situado en torno a los 485 millones.
⚖️ Un conflicto que se remonta más de 20 años
Para comprender la dimensión del problema es necesario retroceder hasta los primeros años de este siglo, cuando Canarias comenzó a aplicar distintas medidas destinadas a limitar el crecimiento de la planta alojativa turística.
Las restricciones introducidas durante aquellos años afectaron a terrenos que contaban con expectativas de desarrollo turístico y provocaron una larga batalla jurídica entre los propietarios y la Administración autonómica.
Posteriormente, la legislación aprobada en 2009 incorporó un mecanismo que permitía, en determinadas circunstancias, convertir temporalmente terrenos turísticos en suelo rústico a cambio de compensaciones económicas o mediante procedimientos expropiatorios.
Ese marco legal terminó convirtiéndose en uno de los principales focos de litigiosidad entre los propietarios de los terrenos y el Gobierno de Canarias.
A finales de 2009 se presentaron 54 solicitudes relacionadas con este procedimiento. De ellas, según los datos aportados ahora por Nueva Canarias, 39 terminaron con resoluciones judiciales favorables a los reclamantes.
La ausencia de respuesta administrativa dentro de los plazos establecidos tuvo además importantes consecuencias jurídicas y abrió la puerta a que los tribunales reconocieran derechos indemnizatorios a los propietarios.
💶 De casi 1.000 millones reclamados a un acuerdo de 485 millones
Uno de los aspectos centrales de la controversia se encuentra precisamente en la cuantía económica.
Las empresas y propietarios llegaron a reclamar cantidades que, en conjunto, podían aproximarse a los 1.000 millones de euros, incluyendo las consecuencias económicas derivadas de la paralización de sus proyectos.
Después de los procedimientos judiciales y de las negociaciones mantenidas durante los últimos años, la cantidad finalmente acordada se ha reducido de forma considerable.
El pacto establece una compensación global cercana a 485 millones de euros, aproximadamente la mitad de la cantidad que inicialmente llegó a estar en juego.
La operación supone, por tanto, el cierre de un largo conflicto jurídico, pero también abre nuevas preguntas sobre el futuro de los terrenos afectados y sobre el modelo turístico que pretende impulsar Canarias.
🏗️ El otro gran debate: qué ocurrirá ahora con los terrenos
Más allá del dinero, uno de los puntos que está generando mayor controversia es el tratamiento urbanístico de las parcelas.
El acuerdo alcanzado evita que determinados terrenos afectados por la legislación de 2009 sean reclasificados automáticamente como suelo rústico en los términos inicialmente previstos.
Esto significa que algunos propietarios conservan sus derechos urbanísticos, aunque ello no implica que puedan levantar nuevos hoteles de forma automática.
El desarrollo de cualquier proyecto deberá ajustarse al planeamiento urbanístico correspondiente y a las autorizaciones que resulten necesarias.
Sin embargo, distintas informaciones publicadas tras conocerse el acuerdo apuntan a que la resolución del conflicto puede desbloquear proyectos turísticos que llevaban años paralizados en diferentes puntos del Archipiélago. Entre ellos figuran iniciativas localizadas en Fuerteventura y Gran Canaria, además de otros ámbitos turísticos.
Ese posible desbloqueo es precisamente uno de los elementos que Nueva Canarias utiliza para cuestionar el resultado del acuerdo.
🏝️ Fuerteventura, una de las islas directamente afectadas
La repercusión de esta decisión también alcanza de lleno a Fuerteventura.
El conflicto mantiene una relación especialmente importante con el municipio de Pájara, donde existen terrenos y proyectos turísticos afectados por las restricciones y los posteriores procedimientos judiciales.
Además, una de las principales empresas beneficiarias del acuerdo, Lopesan, mantiene importantes intereses turísticos en Fuerteventura y en el sur de Gran Canaria.
Según las informaciones publicadas sobre el pacto, la compañía recibirá alrededor de 300 millones de euros, una cantidad vinculada al elevado número de proyectos y expedientes incluidos en el litigio.
La dimensión de estas cifras convierte el asunto en una cuestión especialmente relevante para la isla majorera, donde cualquier modificación de los derechos urbanísticos de grandes bolsas de suelo turístico puede tener consecuencias sobre el futuro desarrollo económico y territorial.
🗣️ Román Rodríguez reclama explicaciones al Ejecutivo
Nueva Canarias ha situado el foco directamente sobre el actual Gobierno de Canarias.
Román Rodríguez ha reclamado que el Ejecutivo explique públicamente los criterios empleados para determinar las cantidades finalmente acordadas y ha anunciado que su formación solicitará la comparecencia parlamentaria del consejero de Política Territorial, Manuel Miranda.
NC cuestiona que se hayan alcanzado acuerdos que, en su opinión, no solo contemplan compensaciones económicas a los propietarios, sino que además permiten conservar los derechos urbanísticos asociados a los terrenos.
La formación considera que esta circunstancia debe ser explicada con absoluta claridad ante la ciudadanía, especialmente teniendo en cuenta que la factura final será asumida con recursos públicos.
Rodríguez sostiene además que las moratorias impulsadas durante su etapa al frente del Gobierno de Canarias no generaron indemnizaciones de esta naturaleza y diferencia aquellas decisiones de la regulación aprobada posteriormente en 2009.
🔥 NC vuelve a defender una nueva limitación al crecimiento turístico
La controversia económica se encuentra estrechamente ligada a otro debate de enorme trascendencia para Canarias: el crecimiento de la oferta turística.
Nueva Canarias mantiene que el Archipiélago debe limitar la expansión de nuevas plazas alojativas y anuncia que continuará defendiendo nuevas moratorias turísticas.
La formación asegura que actualmente existen proyectos que podrían traducirse en unas 20.000 nuevas camas turísticas y considera necesario establecer límites al crecimiento, llegando incluso a plantear el decrecimiento en determinadas zonas.
También mantiene su defensa de la implantación de una tasa turística en Canarias, siguiendo modelos aplicados en otros territorios turísticos españoles.
El debate vuelve así a situar frente a frente dos posiciones: por un lado, quienes defienden la necesidad de garantizar los derechos urbanísticos y patrimoniales reconocidos judicialmente; por otro, quienes consideran que Canarias debe frenar el crecimiento turístico para proteger sus recursos y capacidad territorial.
💰 Un acuerdo que cierra un litigio, pero abre una nueva batalla política
El Gobierno de Canarias afrontaba un complejo escenario judicial y económico. Las reclamaciones acumuladas durante años podían representar una factura mucho mayor para las arcas autonómicas, mientras que las sentencias reconocían derechos a buena parte de los propietarios que habían acudido a los tribunales.
El acuerdo permite reducir de forma significativa esa exposición económica y poner fin a un conflicto que se ha prolongado durante aproximadamente un cuarto de siglo.
Pero la solución jurídica no ha cerrado la discusión política.
Ahora la controversia se desplaza hacia cuestiones como cuánto dinero se ha pagado, por qué se ha pagado esa cantidad, qué derechos urbanísticos conservan los propietarios y qué consecuencias tendrá el desbloqueo de estos terrenos sobre el futuro turístico de Canarias.
Y en ese escenario, Fuerteventura vuelve a ocupar un lugar destacado.
La isla afronta desde hace años un intenso debate sobre el crecimiento turístico, la disponibilidad de suelo, la construcción de nuevas camas y la necesidad de compatibilizar la actividad económica con la protección territorial.
El acuerdo de la moratoria incorpora un nuevo elemento a esa discusión y podría tener consecuencias sobre algunos de los proyectos que permanecían congelados desde hace años.
🔎 El futuro de los terrenos, todavía en el centro de la discusión
La cuestión, por tanto, no termina con el pago de las indemnizaciones.
El verdadero alcance del acuerdo podrá comprobarse a medida que los propietarios y las empresas afectadas intenten recuperar o activar los derechos urbanísticos que permanecían bloqueados.
Cada proyecto tendrá que enfrentarse al planeamiento municipal y al resto de requisitos legales, pero la resolución del conflicto elimina una de las principales barreras que mantenía paralizados determinados desarrollos.
En Canarias, donde el debate sobre el modelo turístico se ha intensificado en los últimos años, la decisión vuelve a abrir una pregunta fundamental:
¿Debe el Archipiélago seguir aumentando su capacidad turística o ha llegado el momento de poner límites al crecimiento?
La respuesta política a esa pregunta promete convertirse en uno de los grandes debates de los próximos meses.
Mientras tanto, Nueva Canarias prepara su ofensiva parlamentaria para exigir explicaciones sobre un acuerdo que compromete cerca de 485 millones de euros de dinero público y que, además de poner punto final a una larga batalla judicial, puede modificar el futuro urbanístico de importantes bolsas de suelo turístico de Canarias.
Un conflicto que nació hace más de veinte años está llegando a su desenlace judicial, pero su capítulo político está lejos de haber terminado.