La ministra de Juventud e Infancia sostiene que muchos de los menores llegados los días 30 y 31 de julio quieren quedarse y recuerda que la legislación española obliga a garantizar su protección con independencia de su nacionalidad
La crisis migratoria de Ceuta vuelve a situarse en el centro del debate político y administrativo después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, haya asegurado que la mayoría de los menores extranjeros no acompañados que llegaron a la ciudad autónoma a finales de julio quiere permanecer en España y que, en su opinión, finalmente se quedará.
SOCIEDAD
Eduardo Parra – Europa Press
Las declaraciones fueron realizadas el lunes 21 de septiembre durante una entrevista en la Cadena SER, en la que la ministra confirmó además que el Gobierno espera tener preparados «en unos días» los primeros expedientes destinados a solicitar la reagrupación familiar de los menores que llegaron a Ceuta los días 30 y 31 de julio.
Rego defendió que la legislación española establece un sistema de protección de los menores con independencia de su nacionalidad o procedencia y subrayó que cualquier decisión relacionada con su futuro debe adoptarse teniendo en cuenta las garantías establecidas por la normativa.
El Gobierno prepara los primeros expedientes de reagrupación familiar
Uno de los principales elementos de la situación actual es el procedimiento de reagrupación familiar con Marruecos.
Según explicó la ministra, los primeros expedientes correspondientes a los menores llegados durante la entrada masiva de finales de julio se encuentran pendientes de completar determinados trámites antes de que puedan formalizarse las solicitudes ante las autoridades marroquíes.
Rego reconoció, no obstante, que la colaboración con Marruecos en este tipo de procedimientos no siempre resulta fluida. La ministra señaló que antes de la actual crisis ya se habían remitido alrededor de 600 expedientes relacionados con menores para comprobar sus circunstancias familiares y que la respuesta de las autoridades marroquíes había sido insuficiente.
La reagrupación familiar continúa siendo, por tanto, una de las vías contempladas por el Ejecutivo, aunque su aplicación requiere comprobar previamente las circunstancias familiares y garantizar que el retorno responde al interés superior del menor.
La decisión no depende únicamente de la voluntad del menor
La afirmación de que muchos menores quieren quedarse en España debe diferenciarse del procedimiento jurídico que determinará finalmente el futuro de cada uno de ellos.
El artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 regula la situación de los menores extranjeros no acompañados y establece garantías específicas para los procedimientos de posible repatriación. La normativa contempla la investigación de las circunstancias familiares y exige que, cuando corresponda, el menor sea oído antes de adoptar una decisión. También intervienen los servicios de protección de menores y el Ministerio Fiscal.
Por tanto, la voluntad expresada por un menor constituye un elemento relevante dentro del procedimiento, pero no supone por sí misma una decisión automática sobre su permanencia en España. La resolución debe atender al conjunto de circunstancias y, de manera fundamental, al interés superior del menor.
Este aspecto resulta especialmente relevante en una crisis en la que el Gobierno central y las autoridades de Ceuta mantienen posiciones diferentes sobre cuál debe ser la respuesta.
Ceuta reclama soluciones ante la presión sobre sus recursos de acogida
La ciudad autónoma continúa afrontando una situación de fuerte presión sobre su sistema de protección de menores.
El Ejecutivo central ha planteado diferentes alternativas para aliviar la situación, entre ellas el traslado de menores a la Península mediante mecanismos de acogida y colaboración con entidades especializadas.
El Ministerio de Juventud e Infancia anunció a finales de agosto que había planteado a Ceuta la posibilidad de trasladar aproximadamente a 500 menores a recursos de acogida de la Península. Según el Ministerio, esta alternativa permitiría reducir la presión existente en la ciudad mientras continúan los procedimientos administrativos y de reagrupación familiar.
La propuesta se enmarca además en el sistema de acogida solidaria y vinculante establecido por la legislación española para hacer frente a situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
La legislación establece mecanismos de redistribución
El marco jurídico español fue modificado en 2025 para establecer un sistema específico de respuesta ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria que afecten especialmente a territorios como Canarias, Ceuta y Melilla.
La Ley Orgánica 4/2000 contempla actualmente mecanismos para trasladar a menores extranjeros no acompañados entre comunidades y ciudades autónomas cuando se dan las circunstancias previstas legalmente. Los criterios tienen en cuenta diferentes variables para determinar la distribución de los menores entre los territorios de acogida.
El Gobierno aprobó además en junio de 2026 una actualización de la capacidad ordinaria de los sistemas autonómicos de protección. En ese momento, el Ministerio señaló que Canarias, Ceuta y Melilla se encontraban entre los territorios afectados por la situación de contingencia migratoria extraordinaria.
En el caso de Ceuta, la capacidad ordinaria fijada por el Gobierno para su sistema de protección es muy inferior al número de menores que actualmente se encuentran bajo su tutela, circunstancia que explica buena parte de la presión que soporta la ciudad autónoma
25 millones de euros para afrontar la situación
En paralelo a las medidas de traslado y acogida, el Gobierno central aprobó a finales de agosto una transferencia extraordinaria de 25 millones de euros destinada a reforzar la atención de la infancia migrante no acompañada en Ceuta.
Estos fondos pueden utilizarse para cubrir gastos relacionados con alojamiento, alimentación, vestuario, atención médica, apoyo jurídico, acompañamiento socioeducativo y servicios de traducción, entre otras necesidades vinculadas a la atención de los menores.
El Ministerio ha defendido que el objetivo es evitar que los menores permanezcan en situación de calle y aliviar al mismo tiempo la presión que soporta el sistema de protección de la ciudad.
El número de menores continúa siendo objeto de diferentes estimaciones
La dimensión de la crisis también presenta diferencias según la fuente utilizada.
El Gobierno de Ceuta tiene registrados aproximadamente 2.200 menores bajo su sistema de protección, mientras que las estimaciones sobre los menores que permanecen fuera de los recursos de acogida han variado en los últimos días.
El Ministerio de Juventud e Infancia situó esa cifra entre 500 y 700 menores, mientras que otras estimaciones difundidas por responsables del dispositivo de coordinación elevaron el número hasta una horquilla de entre 700 y 1.000.
La disparidad de cifras refleja las dificultades existentes para identificar, registrar y proporcionar una respuesta de acogida inmediata a todos los menores que llegaron a Ceuta durante la entrada masiva de finales de julio.
Un conflicto que enfrenta a Gobierno y Ciudad Autónoma
La situación ha generado un importante enfrentamiento político entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas.
Mientras el Ministerio de Juventud e Infancia defiende la necesidad de trasladar parte de los menores a recursos de la Península y continuar desde allí los procedimientos de protección y reagrupación, el Ejecutivo ceutí reclama que se prioricen los retornos a Marruecos cuando las circunstancias legales y familiares lo permitan.
La posición del Gobierno de Ceuta se ha mantenido en las últimas semanas en la exigencia de que los menores que llegaron durante la crisis sean devueltos cuando sea posible, mientras que el Ejecutivo central insiste en que cualquier retorno debe realizarse individualmente y con las garantías previstas por la legislación.
Una cuestión pendiente de los procedimientos individuales
Las palabras de Sira Rego abren así un nuevo capítulo en una crisis que todavía está lejos de resolverse.
La ministra sostiene que una parte mayoritaria de los menores quiere permanecer en España y que la legislación garantiza su protección. Al mismo tiempo, el Gobierno continúa preparando expedientes de reagrupación familiar y mantiene abierta la posibilidad de retorno cuando las condiciones familiares, jurídicas y de protección permitan llevarlo a cabo.
La cuestión fundamental será, por tanto, el resultado de los procedimientos individualizados que deberán determinar el futuro de cada menor.
La legislación española no establece un retorno automático por el mero hecho de que un menor extranjero haya llegado de forma irregular, pero tampoco convierte automáticamente su voluntad de permanecer en España en una autorización definitiva de residencia. Cada caso debe ser analizado conforme al marco de protección de menores y a las circunstancias concretas existentes.
Mientras tanto, el debate político continúa abierto y Ceuta sigue reclamando una respuesta inmediata ante la presión sobre sus recursos de acogida.
La declaración de la ministra sitúa ahora el foco en una cuestión que será determinante durante las próximas semanas: cuántos de los menores llegados a finales de julio podrán ser efectivamente reagrupados con sus familias y cuántos permanecerán finalmente bajo el sistema de protección español.