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La exalcaldesa de Tuineje encabezará la candidatura del Partido Popular en las elecciones del 29 de noviembre, con el compromiso de reforzar la defensa de las reivindicaciones de la isla en Madrid.
La recuperación de la conexión marítima con la Península, las inversiones hidráulicas y viarias, la seguridad ciudadana y el acceso a la vivienda centran los principales asuntos que la candidata anuncia que llevará a la Cámara Alta.
PUERTO DEL ROSARIO, 21 de octubre de 2026. Fuerteventura vuelve a situar sobre la mesa uno de los debates políticos que más directamente afectan a su futuro: la capacidad de la isla para hacer llegar sus necesidades a las instituciones del Estado y conseguir respuestas concretas a problemas que condicionan la vida cotidiana de sus vecinos.
En ese escenario, el Partido Popular de Fuerteventura ha designado oficialmente a Esther Hernández Marrero como candidata al Senado de cara a las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre. La candidatura estará acompañada por Ignacio Solana y Gema Ibáñez.
La decisión abre una nueva etapa en la trayectoria política de Hernández, que ya conoce el funcionamiento de la Cámara Alta y que ha desarrollado buena parte de su actividad pública en el ámbito municipal e insular. Su candidatura se presenta con un mensaje centrado en la defensa de los intereses majoreros, la reclamación de inversiones y la necesidad de que los asuntos de Fuerteventura tengan mayor presencia en la agenda política nacional.
La formación popular sostiene que la isla necesita recuperar peso en Madrid y cuestiona la respuesta que, a su juicio, ha recibido durante los últimos años por parte del Gobierno central. Se trata de una valoración política del PP que sitúa las infraestructuras, los servicios públicos y la conectividad entre los principales ejes de su discurso.
El acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los asuntos centrales del debate social en Canarias. Para muchas familias, jóvenes y trabajadores, encontrar un inmueble a un precio asumible supone una dificultad que afecta a sus proyectos personales, a su estabilidad económica y a sus posibilidades de permanecer en la isla.
Esther Hernández sitúa esta problemática entre las prioridades de su candidatura y cuestiona la respuesta ofrecida por el Ejecutivo estatal. En la nota difundida por el PP, la candidata considera insuficiente el número de viviendas públicas impulsadas en Fuerteventura y menciona las actuaciones desarrolladas en Corralejo y Puerto del Rosario, así como la situación de municipios como Antigua.
La cuestión de fondo es cómo aumentar la oferta residencial y facilitar que los residentes puedan acceder a una vivienda sin que el coste absorba una parte desproporcionada de sus ingresos. Un objetivo que exige coordinación entre las distintas administraciones, disponibilidad de suelo, financiación, planificación urbanística y ejecución efectiva de nuevas promociones.
La candidata popular también cuestiona la Ley estatal de Vivienda, a la que atribuye inseguridad jurídica y efectos negativos sobre la oferta de alquiler. En su argumentación, Hernández defiende la necesidad de políticas que permitan ampliar el número de inmuebles disponibles y ofrezcan mayor certidumbre tanto a propietarios como a personas que buscan una vivienda.
Como alternativa, recuerda el compromiso anunciado por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar la construcción de un millón de viviendas en el conjunto de España. Una propuesta de ámbito nacional cuyo alcance para Fuerteventura dependerá de su desarrollo, financiación y aplicación efectiva si llegara a ponerse en marcha.
«Cada vez que gobernamos demostramos con hechos y no con palabras que cumplimos con lo comprometido. Después del 29N lo volveremos a hacer».— Esther Hernández Marrero, según la nota de prensa del Partido Popular de Fuerteventura.
La conectividad con la Península constituye otro de los asuntos que la candidata pretende llevar al Senado. La interrupción de la conexión marítima directa entre Puerto del Rosario y Cádiz ocupa un lugar destacado en el argumentario del PP, que considera necesario garantizar una alternativa estable para los desplazamientos de residentes y el transporte de mercancías.
Fuerteventura, por su condición insular, depende de las conexiones marítimas y aéreas para mantener su movilidad, su actividad económica y sus relaciones con el resto del territorio nacional. Por eso, la disponibilidad de servicios regulares y asequibles tiene consecuencias que van más allá del transporte: afecta a las familias, a las empresas y a la logística de abastecimiento.
Hernández denuncia que la pérdida de la conexión directa con Cádiz obliga a los usuarios a desplazarse a otras islas, como Gran Canaria o Lanzarote, para enlazar con la Península. La candidata sostiene que esta situación supone una dificultad añadida para los residentes y reclama una solución que aporte continuidad y seguridad al servicio.
Frente a las medidas que considera provisionales, el Partido Popular anuncia que defenderá la declaración de una Obligación de Servicio Público (OSP) para proteger de forma permanente la conexión marítima. La propuesta pretende situar el debate en la necesidad de garantizar un servicio adaptado a las particularidades territoriales y sociales de Fuerteventura.
La viabilidad de esta iniciativa, sus condiciones y el procedimiento necesario para hacerla efectiva deberán concretarse en el ámbito administrativo correspondiente. Sin embargo, su inclusión entre las prioridades de la candidatura pone de manifiesto la relevancia política que el transporte marítimo ha adquirido para la isla.
La candidatura popular incluye también entre sus reivindicaciones las inversiones en infraestructuras hidráulicas y carreteras. Se trata de ámbitos especialmente relevantes para un territorio insular en el que la disponibilidad de agua, la planificación de las redes y la mejora de las comunicaciones condicionan el desarrollo de los municipios y la calidad de vida de sus habitantes.
El PP acusa al Gobierno central de incumplir compromisos de inversión y denuncia que Fuerteventura no ha recibido, a su juicio, la atención que necesita en los Presupuestos Generales del Estado. Estas críticas forman parte de la posición expresada por la formación y sitúan la financiación estatal entre los asuntos que Hernández considera prioritarios.
La discusión sobre las inversiones públicas requiere distinguir entre los anuncios presupuestarios, las partidas aprobadas, las obligaciones reconocidas y las obras que finalmente se ejecutan. Para la isla, el reto es que los proyectos considerados estratégicos dispongan de financiación suficiente, plazos definidos y mecanismos de seguimiento que permitan conocer su grado real de cumplimiento.
En este contexto, la candidata pretende reforzar la interlocución política con las instituciones estatales y trasladar al Senado las necesidades que, según sostiene su partido, continúan pendientes de respuesta.
La dotación de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado constituye otra de las cuestiones mencionadas en la nota de prensa. Hernández denuncia una insuficiencia de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Fuerteventura y advierte de las dificultades que, a juicio del PP, afrontan los profesionales destinados en la isla.
La seguridad ciudadana es un servicio esencial que requiere una planificación de recursos acorde con la población residente, la actividad económica, la extensión territorial y las necesidades específicas de cada municipio. La disponibilidad de efectivos y las condiciones en las que desempeñan su trabajo son cuestiones que forman parte del debate público y que necesitan datos actualizados para evaluar las necesidades reales.
La candidata también cuestiona determinadas actuaciones de la Dirección General de Costas que, según denuncia el Partido Popular, podrían poner en riesgo elementos del patrimonio histórico y etnográfico insular. La protección de estos bienes exige compatibilizar la normativa costera, la conservación del entorno y la preservación de los valores culturales que forman parte de la identidad de Fuerteventura.
Ambos asuntos se incorporan así al conjunto de reivindicaciones que la candidatura pretende trasladar a las instituciones estatales: mejorar los servicios públicos, reforzar los medios disponibles y garantizar que las decisiones administrativas tengan en cuenta las particularidades del territorio majorero.
Uno de los elementos que el Partido Popular destaca de Esther Hernández es su experiencia anterior en la Cámara Alta. La ficha oficial del Senado confirma que fue elegida senadora por Fuerteventura el 7 de junio de 2018 y que formó parte de la XII Legislatura, concluida en marzo de 2019.
Durante esa etapa ocupó responsabilidades en distintas comisiones parlamentarias. Entre ellas figura la vicepresidencia primera de la Comisión de Fomento, además de su participación en la Comisión de Transición Ecológica y en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.
El registro parlamentario recoge, asimismo, 74 preguntas con respuesta escrita presentadas durante su mandato. Estos datos permiten situar su anterior paso por el Senado en términos concretos y documentados, más allá de las valoraciones que las distintas formaciones puedan realizar sobre su actividad política.
La experiencia municipal constituye otro de los pilares de su trayectoria. Hernández fue alcaldesa de Tuineje durante la legislatura anterior y, en la actualidad, desarrolla su actividad como portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento y consejera en el Cabildo de Fuerteventura.
Desde esa posición, su actividad política se ha desarrollado entre el ámbito municipal y el insular. La candidatura al Senado supone ahora un nuevo paso con el que el PP pretende llevar a la Cámara Alta asuntos que considera determinantes para el presente y el futuro de Fuerteventura.
La designación de Esther Hernández Marrero sitúa al Partido Popular de Fuerteventura ante una campaña en la que la vivienda, la conectividad marítima, las inversiones, la seguridad y las infraestructuras ocuparán un lugar destacado en su discurso político.
La candidata asegura que afronta esta responsabilidad con la intención de situar las reivindicaciones de la isla en el centro del debate nacional. Su propuesta parte de una premisa: que las necesidades específicas de Fuerteventura deben tener una presencia efectiva en las decisiones que se toman en Madrid.
La campaña permitirá conocer con mayor detalle las medidas que la candidatura plantea para cada uno de estos ámbitos, así como las iniciativas concretas que pretende impulsar en caso de obtener representación. También será el momento de contrastar sus propuestas con las de las demás formaciones políticas que concurran a los comicios.
Por ahora, el mensaje que el PP quiere trasladar es claro: reforzar la representación de Fuerteventura en las instituciones del Estado y convertir las principales demandas de la isla en prioridades de la agenda política nacional.