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Miguel Ángel Socorro Perdomo, jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria del Cabildo de Fuerteventura, ha presentado una demanda contra el Gobierno de Canarias por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, al no recibir respuesta a una solicitud sobre la integración de la indemnización por residencia en las retribuciones complementarias. El procedimiento judicial pone el foco en una reivindicación que, según su promotor, permanece pendiente desde 1989.
Puerto del Rosario, 21 de octubre de 2026. La indemnización por residencia de los empleados públicos destinados en Canarias vuelve al centro del debate administrativo y judicial. Miguel Ángel Socorro Perdomo, funcionario de carrera del Cabildo Insular de Fuerteventura y jefe del Servicio de Gestión Presupuestaria, ha llevado a los tribunales al Gobierno de Canarias tras denunciar la falta de respuesta a una petición para estudiar la integración definitiva de este concepto retributivo en las retribuciones complementarias.
La iniciativa podría afectar a cerca de 150.000 empleados públicos del archipiélago, según las estimaciones facilitadas por el propio promotor. La reclamación trasciende, por tanto, a una administración concreta y plantea una cuestión que afecta a trabajadores de distintos organismos, cuerpos y categorías profesionales.
El procedimiento judicial, identificado con el número 491/2026, se tramita ante la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. La demanda se fundamenta en la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española.
La pretensión de Socorro no consiste en que el juzgado determine directamente las cantidades económicas que deberían percibir los trabajadores, sino en que se pronuncie sobre la presunta vulneración de este derecho y obligue al Ejecutivo autonómico a ofrecer una respuesta expresa y motivada sobre la solicitud presentada.
El origen de la reclamación se encuentra en la normativa aprobada a finales de los años ochenta. La Ley 2/1987, de la Función Pública Canaria, contempló que el complemento específico pudiera retribuir las particularidades relacionadas con el lugar de residencia. Posteriormente, la Ley 3/1989, de Presupuestos de Canarias, previó la integración de la indemnización por residencia en dicho complemento, aunque mantuvo temporalmente su percepción por separado.
La petición también se apoya en disposiciones estatales recogidas en las leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1989 y 1990. Según expone el promotor, estas normas calificaron de transitoria la indemnización por residencia hasta que se adecuaran las retribuciones complementarias a las circunstancias específicas de los territorios afectados.
Sin embargo, Socorro sostiene que aquella previsión continúa sin materializarse en una solución normativa general que permita completar la integración del concepto retributivo. A su juicio, la prolongación de esta situación durante casi cuatro décadas justifica que las administraciones competentes estudien una respuesta definitiva.
La reclamación se presenta como una cuestión de equidad salarial que, según su promotor, no debe limitarse a un colectivo profesional determinado, sino abordarse desde una perspectiva general para el empleo público en Canarias.
Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es su posible alcance. Según las estimaciones de Miguel Ángel Socorro, la cuestión podría afectar a cerca de 150.000 empleados públicos de Canarias, con independencia de la administración de pertenencia, el cuerpo, la escala o la categoría profesional.
Entre los colectivos potencialmente afectados figuran trabajadores de la Administración autonómica, cabildos insulares, ayuntamientos, empresas y organismos públicos, universidades y personal docente. También se incluyen trabajadores transferidos de la Administración de Justicia y policías locales y autonómicos, entre otros.
La nota de prensa difundida por el promotor amplía asimismo el foco a empleados de la Administración General del Estado destinados en Canarias. Entre ellos cita al personal de la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Seguridad Social, la Policía Nacional, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, las instituciones penitenciarias, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Agencia Estatal de Meteorología.
La amplitud de los colectivos mencionados explica que Socorro defienda la necesidad de coordinar las reivindicaciones y evitar que la búsqueda de una solución quede fragmentada entre distintas administraciones y organizaciones sindicales.
La reclamación no se limita a solicitar una actualización de las cuantías de la indemnización por residencia. Su objetivo es que se estudie la integración definitiva de este concepto en las retribuciones complementarias, mediante las correspondientes reformas legales o reglamentarias.
Según la argumentación recogida en la nota de prensa, esta modificación podría tener consecuencias económicas en el régimen de percepción de las pagas extraordinarias.
El promotor sostiene que, cuando el componente territorial forma parte de un complemento computable en catorce pagas anuales, su tratamiento puede diferir del que corresponde a la indemnización por residencia cuando se abona como concepto independiente en doce mensualidades, según el régimen aplicable.
Para respaldar su planteamiento, Socorro recuerda que existen precedentes de integración de cuantías vinculadas a la residencia en el complemento de destino de jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. La nota cita la Ley 15/2003 y los reales decretos 1130/2003, 1170/2007 y 1171/2007.
A partir de estos antecedentes, el funcionario plantea la necesidad de estudiar un tratamiento equivalente para los demás colectivos afectados. Su reclamación pretende que las administraciones expliquen por qué se han desarrollado determinadas integraciones retributivas para algunos grupos profesionales mientras otros continúan percibiendo la indemnización por residencia de manera separada.
Se trata de uno de los argumentos centrales de la iniciativa, aunque la eventual repercusión económica y el alcance de una posible reforma dependerían de la normativa aplicable a cada colectivo y de las decisiones que adopten las administraciones competentes.
La vía judicial se inició después de que Miguel Ángel Socorro presentara, el 14 de mayo de 2026, una petición formal en la que solicitaba la integración definitiva de la indemnización por residencia, la evaluación de su impacto económico y la valoración de posibles medidas de reparación.
Según la documentación facilitada por el promotor, el Gobierno de Canarias no respondió dentro del plazo de tres meses que este considera legalmente establecido. Ante esta situación, decidió presentar una demanda por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición.
La reclamación se centra en la obligación de ofrecer una contestación expresa y motivada a la solicitud. No implica, por sí misma, que exista una resolución judicial favorable sobre la integración de la indemnización ni que se haya reconocido un derecho económico general para todos los trabajadores mencionados.
El funcionario sostiene, además, que el Gobierno autonómico tampoco habría atendido dentro del plazo correspondiente un requerimiento del Diputado del Común ni incorporado al expediente judicial las comunicaciones de dicha institución.
Estas afirmaciones forman parte de los argumentos expuestos por el promotor y deberán valorarse en el marco del procedimiento correspondiente.
Uno de los elementos más relevantes recogidos en la nota de prensa es una diligencia judicial fechada el 2 de octubre de 2026. Según el documento facilitado, el juzgado requirió a la Administración autonómica para que explicara, en un plazo improrrogable de cinco días, por qué no había remitido el expediente administrativo.
El requerimiento advertía de la posibilidad de imponer multas coercitivas de entre 300 y 1.200 euros, reiterables cada veinte días, en caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas en la resolución judicial.
La advertencia se refiere a posibles multas y no significa que estas hayan sido impuestas. La información difundida tampoco permite concluir que exista ya una resolución judicial sobre el fondo de la reclamación retributiva.
Para Socorro, la sucesión de actuaciones administrativas y judiciales refuerza la necesidad de obtener una respuesta sobre la petición registrada en mayo. El procedimiento continúa centrado en la presunta vulneración del derecho de petición y en las actuaciones relacionadas con la remisión del expediente.
Junto a la iniciativa judicial, Miguel Ángel Socorro reclama una mayor coordinación entre las organizaciones sindicales con representación en el empleo público canario.
El funcionario propone la creación de una plataforma sindical conjunta que permita reunir las distintas reivindicaciones y trabajar hacia una posición común. A su juicio, la fragmentación de las demandas dificulta alcanzar una solución general.
La propuesta plantea que la negociación no se limite a revisar las cuantías actuales de la indemnización por residencia, sino que aborde la integración definitiva del concepto en las retribuciones complementarias, con las modificaciones normativas que resulten necesarias.
El objetivo sería impulsar una negociación que tenga en cuenta las particularidades de los diferentes colectivos y las competencias de cada administración, pero que permita estudiar una solución de alcance general.
Socorro sitúa la elaboración de los Presupuestos de Canarias para 2027 y las posibles iniciativas normativas estatales como una oportunidad para reabrir el debate y avanzar hacia una solución.
El promotor pide a los responsables políticos y sindicales que estudien la cuestión y valoren las medidas necesarias para dar respuesta a una previsión normativa que, según sostiene, permanece pendiente desde 1989.
Su planteamiento es que el debate no se reduzca a una actualización de las cantidades percibidas, sino que incluya el análisis de la integración de la indemnización en las retribuciones complementarias y de sus posibles efectos sobre el conjunto de las pagas anuales.
La reclamación deberá seguir su recorrido administrativo y judicial. Por el momento, la demanda presentada se refiere a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, mientras que la integración retributiva constituye el objetivo de fondo que defiende el funcionario.
La iniciativa impulsada por Miguel Ángel Socorro Perdomo desde Fuerteventura vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el tratamiento de la indemnización por residencia de los empleados públicos destinados en Canarias.
Su planteamiento combina una reclamación judicial por la falta de respuesta administrativa con una petición de reforma normativa y un llamamiento a la coordinación sindical. Según sus estimaciones, la cuestión podría afectar a cerca de 150.000 trabajadores del archipiélago, aunque el alcance efectivo de cualquier eventual modificación dependerá de la normativa y de las decisiones que adopten las administraciones competentes.
Socorro considera que 2027 debe servir para avanzar hacia una solución definitiva a las diferencias retributivas que denuncia. La evolución del procedimiento judicial y las posibles iniciativas presupuestarias y legislativas determinarán los próximos pasos de una reivindicación que, según el promotor, lleva pendiente desde finales de los años ochenta.
Desde Puerto Radio seguiremos atentos a las novedades que se produzcan en torno a esta reclamación y a las posibles respuestas de las administraciones implicadas.