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La nueva normativa estatal de Protección Civil actualiza la planificación frente al riesgo volcánico en el Archipiélago. La cifra corresponde a una estimación estadística a largo plazo y no significa que exista una erupción inminente ni que se haya identificado la isla en la que podría producirse.
Canarias vuelve a situarse en el centro de la atención científica y de la planificación de emergencias tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico. El documento incorpora una estimación que sitúa en el 77,69% la probabilidad de que se produzca al menos una erupción volcánica en el Archipiélago durante un horizonte temporal de 50 años.
La cifra figura en la Orden INT/1071/2026, de 7 de octubre, publicada en el BOE el sábado 10 de octubre. La disposición actualiza el marco estatal que permanecía vigente desde 1996 y establece nuevos criterios para organizar la prevención, la vigilancia y la respuesta de las administraciones ante posibles emergencias volcánicas.
La actualización tiene en cuenta la evolución del conocimiento científico, la experiencia acumulada durante las últimas erupciones y la necesidad de mejorar la coordinación entre los organismos responsables de proteger a la población.
Sin embargo, existe una cuestión fundamental que conviene aclarar: el 77,69% no significa que vaya a producirse necesariamente una erupción antes de una fecha determinada. Tampoco supone que exista actualmente una emergencia volcánica generalizada ni identifica cuál de las islas sería el escenario de una futura actividad eruptiva.
La estimación incorporada a la nueva directriz se refiere al conjunto del Archipiélago canario y a un periodo de 50 años. Es un indicador utilizado dentro de la planificación territorial y de Protección Civil para determinar dónde resulta necesario establecer medidas específicas frente al riesgo volcánico.
El documento adopta como criterio de referencia una probabilidad de erupción igual o superior al 5% en un horizonte de cinco décadas. Según la estimación recogida en la norma, Canarias alcanza el 77,69%, mientras que el Campo Volcánico de La Garrotxa, en Cataluña, presenta una probabilidad estimada del 1,09% para el mismo periodo.
Esta diferencia permite entender por qué Canarias constituye un territorio singular dentro de España desde el punto de vista de la planificación de emergencias volcánicas. Su origen geológico y la actividad eruptiva registrada a lo largo de su historia justifican la necesidad de contar con mecanismos específicos de prevención y respuesta.
La interpretación de estos porcentajes requiere cautela. Una probabilidad estadística no establece una fecha concreta, no determina la duración de una posible erupción y tampoco permite conocer por sí sola la intensidad que podría alcanzar un fenómeno futuro.
El riesgo volcánico debe analizarse a partir de múltiples variables, entre ellas las características geológicas del territorio, la distribución de los centros eruptivos, la exposición de la población y las infraestructuras, así como los posibles efectos directos e indirectos de una erupción.
Uno de los aspectos que puede generar más confusión es la referencia a un tiempo de recurrencia de 33 años que aparece asociada a la estimación recogida en la normativa.
Esta equivalencia no debe interpretarse como un calendario volcánico. No significa que las islas deban registrar una erupción cada 33 años ni que, una vez transcurrido ese periodo, exista una obligación natural de que se produzca otro episodio eruptivo.
Los fenómenos volcánicos no siguen un calendario regular. Pueden transcurrir periodos prolongados sin erupciones en una determinada zona, mientras que otras áreas pueden experimentar episodios eruptivos en intervalos relativamente cortos.
Además, el dato del 77,69% se refiere al conjunto del Archipiélago. No debe trasladarse automáticamente a cada una de las islas, porque las condiciones geológicas y la peligrosidad no son iguales en todo el territorio canario.
La erupción iniciada en Cumbre Vieja, en La Palma, el 19 de septiembre de 2021, constituye uno de los antecedentes más importantes para comprender la relevancia de esta actualización normativa.
El episodio eruptivo se prolongó durante 85 días y ocho horas, hasta su finalización oficial el 13 de diciembre de 2021. La actividad volcánica provocó la evacuación de miles de personas, destruyó viviendas y explotaciones agrícolas y ocasionó importantes daños en carreteras, infraestructuras y servicios esenciales.
Las coladas de lava transformaron amplias zonas del territorio y obligaron a desplegar un amplio dispositivo de emergencia. A las consecuencias directas del avance del magma se sumaron los efectos de la emisión de gases, la caída de cenizas y las dificultades que afrontaron los vecinos afectados para recuperar sus hogares y sus medios de vida.
La experiencia palmera también evidenció que una crisis volcánica no termina necesariamente cuando cesa la emisión de lava. La recuperación puede prolongarse durante años debido a los daños materiales, las alteraciones del territorio, las necesidades habitacionales y la reconstrucción de infraestructuras.
La actualización de los planes de emergencia busca incorporar estas lecciones y mejorar la preparación de las administraciones para afrontar todas las fases de una posible crisis volcánica.
La directriz publicada en octubre de 2026 sustituye al marco estatal aprobado en 1996. La actualización responde a la evolución del conocimiento científico y a la necesidad de adaptar los procedimientos de actuación a las características actuales de las emergencias volcánicas.
El texto establece criterios para elaborar los planes especiales de Protección Civil, delimitar las zonas de peligro y organizar la coordinación entre las administraciones públicas que intervienen en una emergencia.
Entre sus principales líneas de actuación se encuentran la elaboración y actualización de los análisis de riesgo, la mejora de los sistemas de vigilancia y alerta temprana, la planificación de evacuaciones y la protección de las infraestructuras esenciales.
La normativa también contempla la información a la población, la preparación de los recursos humanos y materiales, la asistencia a las personas evacuadas y la recuperación posterior a una erupción.
El objetivo es que las administraciones dispongan de criterios comunes para actuar de forma coordinada, reducir la improvisación y mejorar su capacidad de respuesta ante escenarios que pueden evolucionar con rapidez.
La detección de posibles cambios en la actividad volcánica requiere una vigilancia científica permanente y el análisis conjunto de diferentes indicadores. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) desempeña un papel fundamental en la observación y el seguimiento de la actividad volcánica en España.
La vigilancia no depende exclusivamente de los terremotos. Los especialistas estudian diferentes parámetros físicos y químicos para identificar cambios que puedan aportar información sobre la evolución de los sistemas volcánicos.
Entre los indicadores analizados se encuentran la actividad sísmica, las deformaciones del terreno, las emisiones de gases y las variaciones en determinados parámetros geofísicos y geoquímicos.
Estos datos se obtienen mediante redes instrumentales y técnicas de observación terrestre, submarina, espacial y remota. Su interpretación conjunta permite estudiar la evolución de un sistema volcánico y mejorar la evaluación de posibles escenarios.
La detección de señales precursoras puede proporcionar un margen de tiempo para adoptar medidas preventivas, aunque la duración y la claridad de ese margen dependen de las características de cada proceso. La ciencia no puede garantizar de forma general cuánto tiempo transcurrirá entre las primeras señales y el comienzo de una erupción.
La lava es uno de los fenómenos más visibles de una erupción, pero no es el único peligro que deben contemplar los planes de emergencia.
Las emisiones de gases pueden afectar a la calidad del aire y representar un riesgo para la salud. La caída de ceniza puede dificultar la circulación, perjudicar cultivos, afectar a instalaciones y provocar problemas en los sistemas de transporte y abastecimiento.
Dependiendo de las características del episodio, también pueden producirse explosiones, proyección de materiales, terremotos, desprendimientos, deslizamientos del terreno e incendios. En determinados escenarios deben evaluarse, además, posibles alteraciones de las masas de agua, daños en infraestructuras esenciales y fenómenos relacionados con el entorno marino.
La magnitud de los efectos dependerá de factores como el tipo de erupción, su duración, la dirección de los vientos, la distribución de la población y la ubicación de las infraestructuras expuestas.
Por este motivo, los planes de Protección Civil deben identificar las áreas que podrían resultar afectadas y prever las medidas necesarias para proteger a los residentes, visitantes y servicios esenciales.
La cifra del 77,69% no permite responder a esta pregunta. Se trata de una estimación referida al conjunto de Canarias y no de un pronóstico que señale una isla concreta.
El Archipiélago presenta una geología diversa, con edificios y estructuras volcánicas que han evolucionado de manera diferente a lo largo de millones de años. Por ello, el análisis de la peligrosidad debe realizarse atendiendo a las características particulares de cada isla y de sus distintas zonas.
La evaluación de una posible reactivación requiere datos actuales y un análisis específico de los organismos científicos competentes. La publicación de la nueva normativa no supone, por sí misma, que se haya detectado una señal de alarma en ninguna de las islas.
La publicación de la nueva directriz resulta relevante para Fuerteventura, una isla cuyo paisaje conserva un importante patrimonio geológico relacionado con su origen volcánico.
Sin embargo, el porcentaje del 77,69% corresponde al conjunto del Archipiélago. La normativa no atribuye esa misma probabilidad a Fuerteventura ni señala que exista una reactivación volcánica en la isla majorera.
Para determinar la peligrosidad de un territorio concreto es necesario recurrir a estudios geológicos específicos, cartografía oficial y evaluaciones de los organismos competentes. Las características geológicas de cada isla deben tenerse en cuenta al establecer los escenarios y las medidas de prevención que correspondan.
La planificación también debe considerar la distribución de la población, las infraestructuras esenciales, las comunicaciones y los servicios básicos, factores que pueden influir en la respuesta ante una emergencia.
Para Fuerteventura, como para el resto del Archipiélago, la prevención, la información pública y la coordinación entre administraciones forman parte de una estrategia de seguridad que debe apoyarse en datos científicos y no en interpretaciones alarmistas de una cifra estadística.
La nueva directriz no se limita a establecer criterios técnicos para las administraciones. También concede importancia a la información que debe recibir la ciudadanía antes y durante una emergencia.
Los planes deben contemplar sistemas de alerta temprana, procedimientos de comunicación y medidas de autoprotección. La finalidad es que las personas puedan recibir instrucciones claras, conocer las recomendaciones de las autoridades y actuar de forma adecuada ante una situación de riesgo.
La preparación incluye identificar los canales oficiales de información, conocer las instrucciones que se comuniquen durante una emergencia y seguir las indicaciones de los servicios de Protección Civil.
En una crisis volcánica, la difusión de rumores o de interpretaciones no contrastadas puede aumentar la incertidumbre y dificultar la actuación de los servicios de emergencia. Por eso, la información debe proceder de organismos competentes y presentarse de manera comprensible, precisa y actualizada.
La publicación en el BOE de la nueva Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico sitúa de nuevo la prevención en el centro del debate sobre la seguridad en Canarias.
El 77,69% es el dato que más atención ha despertado, pero el alcance de la norma va más allá de esa cifra. El documento establece un marco para evaluar riesgos, organizar recursos, preparar evacuaciones, mejorar la información a la población y coordinar la actuación de las administraciones.
La experiencia de La Palma en 2021 demostró que una erupción puede transformar profundamente la vida de una comunidad y que sus consecuencias se prolongan mucho después de que cese la actividad eruptiva. La actualización de los planes busca mejorar la anticipación y reducir los daños humanos, materiales y ambientales ante posibles episodios futuros.
La conclusión principal es clara: Canarias debe mantener una planificación específica frente al riesgo volcánico por sus características geológicas, pero la cifra publicada no constituye una alerta de erupción inminente. La evaluación de cualquier situación concreta corresponde a los organismos científicos y a las autoridades de Protección Civil, a partir de la vigilancia y de los datos disponibles en cada momento.
La prevención, el conocimiento científico y la información contrastada siguen siendo las herramientas fundamentales para afrontar un fenómeno natural que forma parte de la historia y de la configuración geológica de las Islas Canarias.