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El fondo contará con una planificación de diez años y una aportación máxima autonómica de 162,6 millones anuales. Fuerteventura podrá recibir financiación del 80 % para las actuaciones que cumplan los requisitos del programa.
PUERTO RADIO | Fuerteventura. El Gobierno de Canarias ha aprobado el nuevo decreto que regulará el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), un instrumento de financiación pública con el que el Ejecutivo autonómico pretende impulsar las infraestructuras, ampliar los recursos destinados a la atención sociosanitaria y reforzar la investigación, la innovación y la digitalización en el archipiélago durante la próxima década.
El nuevo marco establece un escenario financiero máximo de 1.626 millones de euros en diez años, con una aportación autonómica de hasta 162,6 millones de euros anuales consignados en los presupuestos de la Comunidad Autónoma. A esta cantidad se añadirán las aportaciones de los cabildos, con el objetivo de movilizar una inversión conjunta que podría alcanzar los 2.600 millones de euros en el periodo previsto.
La aprobación del reglamento abre una nueva etapa para el FDCAN, que actualiza su funcionamiento tras una primera década de aplicación. El decreto busca agilizar los procedimientos administrativos, facilitar la adaptación de los proyectos a las necesidades de cada territorio y reforzar los mecanismos de evaluación, justificación y control del dinero público.
El nuevo FDCAN organiza sus recursos en tres grandes líneas de inversión. La distribución reserva la mayor parte de la financiación a las infraestructuras y los equipamientos públicos, con especial atención a las necesidades habitacionales, mientras que las plazas sociosanitarias y la investigación completan las prioridades del programa.
El empleo, la formación y el emprendimiento tendrán presencia transversal en los tres ejes. La finalidad es vincular las inversiones con la mejora de la cualificación profesional, la empleabilidad y la generación de oportunidades laborales en Canarias.
Uno de los aspectos relevantes del nuevo reglamento para las islas no capitalinas es el mantenimiento de un sistema de cofinanciación diferenciado, diseñado para tener en cuenta las particularidades territoriales y compensar los efectos de la insularidad.
De acuerdo con la distribución anunciada por el Gobierno de Canarias, el porcentaje de financiación del FDCAN será del 50 % para los cabildos de Gran Canaria y Tenerife; del 80 % para Fuerteventura, Lanzarote y La Palma; y del 90 % para La Gomera y El Hierro.
Este esquema permitirá que las instituciones de Fuerteventura planteen actuaciones con una participación financiera del fondo de hasta ese porcentaje, siempre dentro de las condiciones, los límites y los procedimientos establecidos en el decreto. El porcentaje no implica una asignación automática de recursos a proyectos concretos ni garantiza por sí solo su financiación.
Para la isla, el marco abre una vía para programar inversiones en infraestructuras públicas, vivienda protegida y recursos sociosanitarios, además de iniciativas vinculadas a la innovación. La materialización de esas oportunidades dependerá de los planes que elaboren las administraciones y de la aprobación y ejecución de las actuaciones correspondientes.
El FDCAN mantiene como uno de sus objetivos principales reducir los desequilibrios económicos y sociales entre las islas y favorecer un desarrollo territorial más equilibrado. El programa pretende contribuir a la modernización de la economía, diversificar la actividad productiva, generar empleo y mejorar los servicios públicos.
El nuevo reglamento toma como referencia la experiencia acumulada durante el periodo anterior, comprendido entre 2016 y 2026. Según los datos difundidos por el Ejecutivo autonómico, cada euro público invertido en aquella etapa generó un impacto económico estimado de 1,72 euros.
La continuidad del fondo estará condicionada, además, al mantenimiento de la suspensión de la compensación al Estado por la supresión del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), o a su supresión definitiva, así como a la suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma para garantizar la prestación de los servicios públicos.
El decreto establece que los cabildos insulares, los ayuntamientos y las universidades públicas canarias deberán elaborar un Plan de Actuaciones Canarias (PACAN). Este documento tendrá una programación trianual e incluirá la planificación estratégica, financiera y temporal de las líneas de actuación previstas.
Los planes podrán actualizarse cada año para incorporar nuevos proyectos, eliminar actuaciones, modificar su alcance o reprogramar las iniciativas en función de las necesidades detectadas, siempre dentro de los límites financieros asignados y sin alterar las condiciones esenciales del fondo.
Los cambios que no afecten a los objetivos esenciales ni aumenten la financiación podrán tramitarse de manera más flexible cuando se ajusten a los límites establecidos. Las modificaciones de mayor alcance deberán contar con la autorización del órgano competente o del Gobierno de Canarias, según corresponda.
Otra de las novedades es la generalización del uso de la plataforma corporativa UNIFICA para gestionar los planes, tramitar las actuaciones, comunicar modificaciones, presentar justificaciones y realizar el seguimiento financiero.
Con esta medida, el Ejecutivo pretende reducir la carga burocrática y evitar que los procedimientos administrativos retrasen la ejecución de las inversiones, manteniendo al mismo tiempo las garantías de supervisión y control de los recursos públicos.
El nuevo modelo de gobernanza contempla tres órganos especializados: la Comisión de Actualización y Seguimiento, el Comité de Admisión y Selección de Programas y Proyectos y la Comisión de Evaluación del FDCAN.
La Comisión de Evaluación elaborará un informe anual sobre el grado de ejecución, el cumplimiento de los objetivos y los resultados alcanzados. Asimismo, la información relativa a los programas y proyectos se actualizará trimestralmente y se comunicará a la Federación Canaria de Islas (FECAI) y a la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
Las entidades beneficiarias tendrán que justificar la utilización de los fondos, mantener actualizada la información y facilitar las actuaciones de fiscalización. El reglamento también contempla el reintegro total o parcial de las cantidades que se hayan aplicado indebidamente o no se hayan justificado, con criterios de proporcionalidad.
La entrada en vigor de la nueva regulación se producirá al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), según la información difundida por el Gobierno autonómico.
Con este marco, el Ejecutivo regional establece las condiciones para una nueva etapa de inversiones que tendrá entre sus prioridades la vivienda, los servicios sociosanitarios y la innovación. En Fuerteventura, la planificación que desarrollen las administraciones será determinante para concretar qué proyectos podrán acogerse a la financiación y en qué plazos podrán ejecutarse.
Fuente: Gobierno de Canarias. Redacción: Puerto Radio.