Pablo Rodríguez reclama un sistema adaptado al Estatuto de Autonomía y defiende una mayor capacidad de decisión sobre infraestructuras clave para la conectividad, el turismo y la economía del Archipiélago.
La gestión de los aeropuertos canarios vuelve al centro del debate político. El Gobierno de Canarias ha reafirmado su intención de lograr una participación real y efectiva en la gestión de los siete aeropuertos de interés general del Archipiélago, unas infraestructuras consideradas fundamentales para la conectividad, el turismo y la economía canaria.
Durante su comparecencia en el Parlamento regional, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, defendió que Canarias debe ejercer las competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía de 2018 y reclamó un modelo propio adaptado a la realidad insular.
Canarias rechaza la propuesta del Estado
Rodríguez explicó que el Ejecutivo autonómico decidió rechazar la propuesta estatal sobre el traspaso de aeródromos y helipuertos que no son de interés general, al considerar que esas competencias ya son ejercidas por la Comunidad Autónoma.
Para el Gobierno canario, el debate principal no está en esas infraestructuras de menor tamaño, sino en la capacidad de decisión sobre los siete aeropuertos estratégicos del Archipiélago, por donde pasan cada año millones de pasajeros.
Los siete aeropuertos, en el centro de la negociación
El consejero defendió que “el verdadero debate debe centrarse en la participación de Canarias en la gestión de los siete aeropuertos de interés general del Archipiélago, que constituyen infraestructuras estratégicas para la movilidad de los ciudadanos, el turismo y la actividad económica”.
Además, insistió en que el Ejecutivo autonómico no quiere una negociación fragmentada.
“Canarias necesita una solución global que responda a sus necesidades reales de conectividad y desarrollo, no avanzar únicamente en una parte del proceso”, afirmó.
La posición del Gobierno regional pasa por lograr un acuerdo integral que incluya todas las competencias relacionadas con el tráfico aéreo y la gestión aeroportuaria.
El modelo de Euskadi no convence del todo a Canarias
Uno de los asuntos que ha marcado las conversaciones con el Estado es la posibilidad de aplicar en Canarias un sistema de cogestión aeroportuaria similar al acordado con Euskadi.
Aunque Rodríguez valoró positivamente la apertura del Gobierno central a negociar esta posibilidad, dejó claro que Canarias aspira a un nivel superior de participación.
“Aspiramos a alcanzar un marco adaptado a la realidad singular de Canarias y a las facultades reconocidas en nuestro Estatuto de Autonomía, a diferencia de lo acordado con Euskadi, que no se ciñe a un marco estatutario”, señaló.
El consejero fue incluso más allá al asegurar que:
“Para Canarias, el modelo vasco es un punto de partida, no un techo”
“Nuestro Estatuto de Autonomía, aprobado en 2018, reconoce expresamente competencias y mecanismos de participación que permiten aspirar a un nivel de intervención superior al acordado con otras comunidades autónomas”, sostuvo.
Lo que reconoce el Estatuto de Autonomía
La reivindicación canaria se basa en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía, que reconoce el derecho de la Comunidad Autónoma a participar en:
- La planificación de los aeropuertos de interés general.
- La programación de inversiones estratégicas.
- La gestión de estas infraestructuras.
- Las decisiones sobre tasas aeroportuarias.
- Actuaciones relevantes que afecten a su funcionamiento.
Desde el Ejecutivo consideran que estas previsiones legales todavía no se han desarrollado plenamente.
Canarias acelera los contactos con Madrid
El Gobierno autonómico ha intensificado en las últimas semanas las conversaciones con el Ministerio de Política Territorial para desbloquear la negociación.
Además, ha solicitado al Estado toda la documentación relacionada con el acuerdo alcanzado con Euskadi para estudiar cómo podría adaptarse al marco jurídico canario.
Rodríguez insistió en que el objetivo es claro:
“Alcanzar un modelo que haga justicia a la singularidad de Canarias y garantice una participación real y efectiva en las decisiones que afectan a unas infraestructuras esenciales para nuestro presente y nuestro futuro”.
Apoyo desde las Cortes Generales
Las reivindicaciones canarias han recibido recientemente un nuevo respaldo político.
La Comisión Mixta sobre Insularidad de las Cortes Generales aprobó una iniciativa para extender a Canarias y Baleares modelos de cogestión aeroportuaria similares a los aplicados en otros territorios.
Para el Ejecutivo regional, este respaldo supone un paso más en la defensa de una mayor capacidad de decisión sobre infraestructuras consideradas estratégicas para el desarrollo económico y social de las Islas.
Un debate clave para el futuro del Archipiélago
Los aeropuertos son una infraestructura crítica para Canarias. La condición archipielágica obliga a depender del transporte aéreo para la movilidad de residentes, turistas y mercancías. Por ello, el Gobierno regional considera que una mayor participación en la gestión aeroportuaria resulta esencial para mejorar la conectividad, reforzar la competitividad económica y garantizar la cohesión territorial entre las islas.
La reivindicación no es nueva, pero ha cobrado fuerza tras la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de 2018 y los recientes acuerdos alcanzados por el Estado con otras comunidades. Ahora, Canarias busca convertir esas competencias reconocidas sobre el papel en una participación efectiva en la toma de decisiones sobre unas infraestructuras que condicionan buena parte de su futuro económico y social.