El Gobierno de Canarias ha aprobado un nuevo decreto que regula la implantación de titulaciones universitarias oficiales en el archipiélago, marcando un punto de inflexión en la organización académica de las islas. La medida salió adelante en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado lunes 4 de mayo, con el objetivo de adaptar el sistema universitario canario a la normativa estatal vigente y responder a las necesidades actuales de la sociedad.
La normativa, impulsada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación que dirige Migdalia Machín, sustituye al anterior marco regulador aprobado en 2008, modernizando los procedimientos y alineando la formación superior con los nuevos retos educativos, sociales y económicos.
Más agilidad y menos burocracia
Uno de los principales avances del nuevo decreto es la simplificación de los trámites administrativos para la creación, modificación o supresión de titulaciones. Se reducen significativamente los tiempos de gestión y se establecen plazos más claros, lo que permitirá a las universidades planificar su oferta académica con mayor eficacia y rapidez.
Refuerzo de la calidad académica
El texto introduce mecanismos más estrictos de control y seguimiento de las titulaciones, especialmente en aquellos centros que no cuentan con acreditación institucional. Con ello, se busca garantizar una enseñanza de calidad, proteger al alumnado y evitar duplicidades mediante una mejor coordinación entre administraciones.
Impulso a la internacionalización
Otro de los pilares del decreto es la proyección internacional del sistema universitario canario. Se fomentarán los programas en otros idiomas, la movilidad estudiantil y las dobles titulaciones, ampliando las oportunidades formativas sin que ello suponga un incremento del coste para el alumnado.
Formación conectada con el empleo
El nuevo modelo pone el foco en la empleabilidad, promoviendo titulaciones más alineadas con las demandas del mercado laboral. Se potenciarán las prácticas externas y la formación adaptada a sectores estratégicos del archipiélago, favoreciendo la inserción profesional de los estudiantes.
Una respuesta a las universidades canarias
Esta reforma responde a una demanda histórica de instituciones como la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que han participado activamente en la elaboración del decreto. Sus aportaciones han sido clave para configurar un sistema más ágil, claro y eficaz.
Según ha destacado la consejera, esta normativa permitirá ordenar el futuro de Canarias, reforzando el vínculo entre la formación universitaria y la realidad social y económica del archipiélago.