El Gobierno autonómico pide modificar la Ley de Dependencia para evitar que las personas más vulnerables pierdan parte de sus prestaciones al recibir otros apoyos públicos
El Gobierno de Canarias ha reclamado formalmente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 una modificación de la Ley de Dependencia para eliminar las deducciones automáticas que actualmente afectan a determinadas personas beneficiarias de prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
La petición ha sido trasladada mediante una carta dirigida al ministro Pablo Bustinduy por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, quien considera necesario revisar el actual sistema para garantizar que las ayudas destinadas a las personas en situación de dependencia se traduzcan en un incremento real de los recursos disponibles para ellas y sus familias.
La consejera sostiene que el actual mecanismo de deducciones puede provocar que el reconocimiento de una nueva prestación no suponga en la práctica un aumento equivalente de los recursos económicos destinados a cubrir las necesidades de cuidados y apoyo.
El artículo 31, en el centro de la reclamación
El origen de la reivindicación se encuentra en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Esta disposición establece que determinadas prestaciones económicas de naturaleza y finalidad similar percibidas por una persona deben ser tenidas en cuenta a la hora de calcular la cuantía de las prestaciones económicas reconocidas por el Sistema de Dependencia.
Entre los apoyos que pueden verse afectados se encuentran determinados complementos relacionados con situaciones de gran incapacidad, la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 75 %, el complemento por necesidad de tercera persona asociado a determinadas pensiones no contributivas y el subsidio de ayuda por tercera persona.
Para Canarias, este sistema puede generar una situación de absorción económica, en la que el reconocimiento de un nuevo derecho no se traduce necesariamente en más recursos para quien necesita atención.
“El reconocimiento de un nuevo derecho no se traduce íntegramente en un incremento de recursos”
Candelaria Delgado advierte de que las consecuencias de estas deducciones pueden ser especialmente importantes para las personas que acumulan diferentes circunstancias de vulnerabilidad.
La consejera considera que las necesidades de una persona dependiente pueden superar ampliamente lo que cubre una única prestación pública y recuerda que los gastos asociados a la dependencia pueden incluir atención personal, supervisión, cuidados continuados, productos de apoyo, adaptación del domicilio, movilidad, acompañamiento y otros recursos destinados a mantener la autonomía y la calidad de vida.
Desde el Ejecutivo autonómico se considera que las diferentes ayudas públicas deberían funcionar de manera complementaria y no provocar que una prestación termine reduciendo el efecto económico de otra.
Las familias soportan una parte importante de los costes
La reclamación de Canarias pone también el foco en el impacto que las situaciones de dependencia tienen sobre las familias.
Cuando una persona necesita cuidados permanentes o apoyos continuados, los gastos pueden mantenerse durante largos periodos de tiempo y afectar tanto a la economía familiar como a la organización de la vida cotidiana.
En este contexto, el Gobierno de Canarias considera que las prestaciones económicas deben responder a las necesidades reales de las personas beneficiarias, evitando que la existencia de otras ayudas termine neutralizando parte del nuevo derecho reconocido.
La Administración autonómica plantea, por tanto, que la revisión del artículo 31 permita avanzar hacia un modelo en el que los apoyos económicos puedan acumularse cuando respondan a necesidades diferentes o complementarias.
Canarias pide ampliar la compatibilidad a los Grados I y II
El debate sobre esta cuestión se encuentra actualmente vinculado a la tramitación de cambios en la normativa estatal de dependencia.
El Gobierno de Canarias valora positivamente que se planteen avances para las situaciones de mayor gravedad, pero considera insuficiente que las modificaciones se limiten a las personas que puedan ser reconocidas dentro del nuevo Grado III+, correspondiente a situaciones de dependencia extrema.
Canarias reclama que la eliminación de las deducciones se extienda también a las personas reconocidas con Grado I y Grado II de dependencia.
El Ejecutivo autonómico argumenta que las personas incluidas en estos grados también pueden afrontar importantes gastos derivados de sus necesidades de apoyo y cuidados.
La propuesta pretende que el grado reconocido no determine por sí solo el acceso a una protección económica complementaria cuando la persona continúa teniendo necesidades que generan gastos adicionales.
Una reforma que Canarias quiere acompañada de financiación estatal
La consejera Candelaria Delgado también ha advertido de la necesidad de que cualquier ampliación de derechos vaya acompañada de una financiación suficiente por parte del Estado.
El Gobierno autonómico considera necesario realizar una evaluación económica de las modificaciones que se planteen y establecer una previsión presupuestaria adecuada.
La preocupación de Canarias es que una ampliación de las prestaciones termine trasladando a las comunidades autónomas un coste económico que debería ser compartido dentro del sistema estatal de atención a la dependencia.
Por ello, la carta remitida al Ministerio reclama que la ampliación de derechos y la correspondiente financiación avancen conjuntamente.
Para el Ejecutivo canario, no sería suficiente con modificar la legislación si las administraciones encargadas de aplicar las nuevas medidas no disponen posteriormente de los recursos económicos necesarios.
Un modelo centrado en las necesidades de las personas
La propuesta de Canarias pretende avanzar hacia un sistema de dependencia basado en la dignidad, la autonomía personal y los derechos de las personas.
El objetivo es que las prestaciones económicas tengan un efecto real sobre la vida de quienes las reciben y permitan afrontar de manera más adecuada los costes derivados de las situaciones de dependencia.
El Ejecutivo autonómico considera que las personas dependientes pueden necesitar simultáneamente distintos tipos de apoyo y que las prestaciones públicas deben adaptarse a esa realidad.
En este sentido, la eliminación de las deducciones automáticas permitiría, según la posición defendida por Canarias, reforzar la protección económica de los hogares con mayores necesidades de cuidados.
Canarias modifica también su Ley de Servicios Sociales
Paralelamente a esta reclamación ante el Estado, el Gobierno de Canarias ha impulsado cambios en su propio sistema de Servicios Sociales.
El Boletín Oficial de Canarias ha publicado el decreto de modificación de la Ley de Servicios Sociales, una reforma destinada a adaptar la regulación al nuevo modelo de funcionamiento, acreditación y calidad de los centros y servicios de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Uno de los principales objetivos es simplificar los procedimientos administrativos necesarios para poner en funcionamiento determinados centros y servicios.
La reforma contempla la utilización de la declaración responsable en determinados procedimientos, con el propósito de reducir cargas administrativas y facilitar que los nuevos recursos puedan incorporarse con mayor rapidez al sistema.
Más capacidad para responder ante la falta de plazas
La modificación normativa también busca reforzar la capacidad de la Administración autonómica para actuar cuando existan insuficiencias de plazas o servicios, retrasos en el acceso efectivo a prestaciones o situaciones de urgencia social.
El nuevo planteamiento contempla igualmente circunstancias relacionadas con la continuidad asistencial, la cohesión social y los desequilibrios territoriales.
Esta cuestión adquiere una especial relevancia en Canarias debido a la propia configuración territorial del Archipiélago, donde la disponibilidad de determinados recursos sociales y sociosanitarios puede variar considerablemente entre islas.
El objetivo es que la falta de una plaza o de un determinado servicio no se convierta en un obstáculo permanente para que una persona pueda acceder a la atención que tiene reconocida.
Simplificar los trámites para acelerar la atención
La reforma de la normativa autonómica busca también reducir los tiempos administrativos y facilitar la creación y acreditación de nuevos recursos.
La intención del Ejecutivo canario es que el sistema pueda disponer de una mayor capacidad para incorporar plazas, servicios y centros cuando sean necesarios, especialmente en aquellos territorios donde exista una demanda superior a la oferta disponible.
De esta manera, la modificación de la Ley de Servicios Sociales se plantea como una segunda vía de actuación: mientras Canarias reclama al Estado una reforma del régimen económico de las prestaciones, la comunidad autónoma introduce cambios para mejorar su propia capacidad de respuesta.
Una doble reivindicación ante el Estado
La carta enviada por Candelaria Delgado al ministro Pablo Bustinduy reúne así dos reivindicaciones principales.
Por un lado, Canarias pide eliminar las deducciones automáticas de las prestaciones económicas de dependencia cuando la persona recibe otros apoyos públicos de naturaleza similar.
Por otro, reclama que cualquier modificación que amplíe los derechos de las personas dependientes vaya acompañada de una financiación estatal suficiente, evitando que el coste recaiga exclusivamente sobre las comunidades autónomas.
El Ejecutivo autonómico quiere que la reforma alcance no solo a las situaciones de dependencia extrema, sino también a las personas reconocidas con Grados I y II, que pueden afrontar igualmente importantes necesidades de apoyo.
La propuesta pretende que el reconocimiento de una prestación de dependencia tenga un efecto económico real y que los recursos públicos destinados a las personas más vulnerables se complementen en lugar de neutralizarse.
En paralelo, Canarias continúa modificando su modelo de Servicios Sociales para agilizar los procedimientos, facilitar la creación de nuevos recursos y mejorar la capacidad del sistema para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia.
