Los populares sostienen que las conclusiones aprobadas por el Parlamento de Canarias acreditan responsabilidades políticas en la gestión de los contratos sanitarios durante la pandemia y reclaman la renuncia inmediata del ex presidente canario
El Grupo Parlamentario Popular ha exigido este lunes la dimisión inmediata del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras la aprobación del dictamen final de la comisión de investigación sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19.
Según el PP, el documento, compuesto por 114 páginas y 17 conclusiones, acredita responsabilidades políticas en la gestión de los contratos vinculados a la trama integrada por José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, durante la etapa en la que Torres presidía el Gobierno de Canarias.
Fernando Enseñat reclama la dimisión inmediata de Torres
Durante una rueda de prensa, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Enseñat, criticó la reacción del PSOE de Canarias y del propio Ángel Víctor Torres tras hacerse público el dictamen.
El parlamentario aseguró que el ex presidente ha optado por «hacerse la víctima, querer tomarles el pelo a los canarios, negarlo todo sin dar una sola explicación y menospreciar el trabajo del Parlamento de Canarias calificándolo de circo o amaño».
Frente a ello, Enseñat defendió el trabajo desarrollado por la comisión de investigación y aseguró que el dictamen constituye un documento riguroso, motivo por el que insistió en que Torres debe asumir sus responsabilidades políticas y presentar su dimisión inmediata.
El diputado popular afirmó además que el ex presidente «no puede seguir escondiéndose detrás de un ‘lo niego todo’ y ‘todo es falso'», recordando que, según el PP, el caso afecta a más de 20 millones de euros de dinero público y está relacionado con presuntos tratos de favor, irregularidades y privilegios concedidos a una trama corrupta durante los momentos más duros de la pandemia.
Cuestiones que, según el PP, siguen sin explicación
Durante su intervención, Enseñat sostuvo que Ángel Víctor Torres continúa sin ofrecer explicaciones sobre diversos aspectos relacionados con la gestión de los contratos sanitarios durante la pandemia. Entre ellos mencionó la entrada de la trama en Canarias, la adjudicación y modificación de contratos públicos, los pagos realizados a empresas vinculadas a la organización, la supuesta intervención política en expedientes administrativos y los mensajes intercambiados con Koldo García durante aquellos meses.
Asimismo, afirmó que el propio dictamen recoge que, según las conclusiones de la comisión, «sin Torres la trama no hubiera podido operar en Canarias».
El diputado también responsabilizó políticamente al ex presidente por la creación de un órgano que calificó como «alegal, sin control y sin transparencia» para gestionar la emergencia sanitaria. Igualmente, cuestionó el cese de la entonces consejera de Sanidad, Teresa Cruz, así como la permanencia de Conrado Domínguez al frente del Servicio Canario de la Salud pese al estallido del denominado caso RR7.
Enseñat concluyó asegurando que «los canarios merecían un presidente que actuara con la honorabilidad y la responsabilidad que exigían los momentos más duros de la pandemia. En cambio, tuvieron a Torres, Ábalos, Koldo y Aldama», por lo que reiteró que el actual ministro debe dimitir.
Jennifer Curbelo asegura que «las piezas del puzle encajan»
La diputada del Grupo Parlamentario Popular Jennifer Curbelo manifestó que las conclusiones de la comisión adquieren ahora una dimensión mayor tras conocerse los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la reciente sentencia del Tribunal Supremo relacionada con José Luis Ábalos y Koldo García.
Según explicó, existen tres elementos que conforman un mismo relato: el dictamen aprobado por el Parlamento de Canarias, los informes elaborados por la UCO y la resolución del Tribunal Supremo. «Hoy conocemos el libro completo», afirmó.
Curbelo sostuvo además que la comisión permitió romper lo que calificó como «la ley del silencio que el PSOE impuso cuando gobernaba Canarias», permitiendo analizar con mayor profundidad la gestión de los contratos sanitarios durante la pandemia.
A su juicio, el dictamen identifica tres momentos determinantes: la creación de un «comité fantasma» que habría sustituido a los órganos legalmente establecidos, el cese de responsables de Sanidad que garantizaban la legalidad de los procedimientos y la decisión de atribuir la contratación de más de 90 millones de euros a una única funcionaria.
El PP considera acreditada una elevada injerencia política
La parlamentaria popular afirmó igualmente que los informes de la Unidad Central Operativa reflejan, según el Partido Popular, «un muy alto nivel de injerencia política» tanto del entonces presidente Ángel Víctor Torres como del entonces viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, en los contratos investigados.
«A partir de esta segunda pieza ya no estamos ante interpretaciones ni intuiciones. Estamos ante conversaciones contrastadas, mensajes y audios cuya autenticidad ni siquiera ha podido negar el propio Ángel Víctor Torres», aseguró.
En relación con la sentencia del Tribunal Supremo, Curbelo afirmó que constituye «la pieza más contundente» al condenar, según señaló, a quienes encabezaban la organización criminal que, en palabras de la diputada, «entró en Canarias porque alguien les abrió la puerta».
Además, sostuvo que «ya no se puede seguir desacreditando al Parlamento de Canarias, ni a la UCO, ni a una sentencia histórica del Tribunal Supremo».
Para concluir, Jennifer Curbelo afirmó que la suma del dictamen parlamentario, los informes de la Guardia Civil y la resolución judicial conduce, a juicio del Partido Popular, a una única conclusión política: «Las responsabilidades penales las determinan los tribunales, pero las responsabilidades políticas las exige la democracia. Y esas siguen pendientes, tanto en Madrid como en Canarias».
El Grupo Parlamentario Popular reiteró finalmente que el dictamen aprobado por el Parlamento acredita, a su juicio, hechos de extraordinaria gravedad, por lo que considera que Ángel Víctor Torres debe asumir las responsabilidades políticas derivadas de su gestión al frente del Gobierno de Canarias durante la pandemia.
Nota: Esta información recoge las declaraciones y valoraciones realizadas por el Grupo Parlamentario Popular en una nota de prensa. Las afirmaciones atribuidas a terceros corresponden a dicha formación política.