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El fracaso del Consejo de Seguridad para renovar el mandato de la misión internacional, después de 35 años sobre el terreno, abre una nueva etapa en uno de los conflictos de descolonización más prolongados del mundo. La retirada de los efectivos internacionales, impulsada por el bloqueo entre Washington y Moscú, plantea importantes interrogantes sobre el futuro político y jurídico del territorio y sobre las garantías internacionales del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
El Sáhara Occidental afronta uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La expiración del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), el pasado 31 de octubre de 2026, y el posterior inicio de su proceso de liquidación marcan un punto de inflexión en un conflicto que permanece sin resolver desde hace más de medio siglo.
La decisión se produce después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no consiguiera aprobar ninguna de las dos propuestas presentadas para determinar el futuro de la misión. El enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y Rusia terminó bloqueando cualquier posibilidad de prórroga y dejó a la organización internacional sin un mandato vigente para mantener las operaciones de la MINURSO.
El desenlace representa una importante victoria política para las posiciones defendidas por Marruecos, que considera agotado el modelo de intervención internacional desarrollado desde 1991. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la desaparición de la misión no supone el reconocimiento automático de la soberanía marroquí sobre el territorio ni extingue el derecho de autodeterminación de la población saharaui.
La falta de acuerdo se materializó durante las votaciones celebradas el 30 de octubre de 2026. Estados Unidos presentó un proyecto de resolución que pretendía modificar el planteamiento de la misión y orientar el proceso político tomando como base la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007.
La iniciativa estadounidense obtuvo once votos favorables, un voto en contra de Rusia y tres abstenciones. Sin embargo, el voto negativo ruso, al tratarse de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, ejerció el efecto de veto e impidió su aprobación.
Posteriormente, Rusia presentó un proyecto alternativo que contemplaba una prórroga técnica de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2027, manteniendo sus funciones y denominación. La propuesta únicamente obtuvo tres votos favorables, mientras que Estados Unidos votó en contra y los otros once miembros se abstuvieron.
El resultado dejó a la misión sin una renovación de su mandato. A partir del 1 de noviembre comenzó el proceso de liquidación, con un equipo reducido de Naciones Unidas encargado de supervisar la retirada ordenada y la gestión del material de la organización.
El enfrentamiento entre ambas potencias refleja dos planteamientos diferentes sobre el futuro del conflicto. Washington considera necesario modificar el marco de negociación y otorgar un papel central a la autonomía propuesta por Marruecos, mientras Moscú rechaza que se imponga una fórmula que pueda condicionar anticipadamente el resultado de las negociaciones.
El Gobierno marroquí ha recibido favorablemente la no renovación del mandato de la MINURSO. Rabat considera que la misión ha dejado de responder a las circunstancias actuales y sostiene que el proceso internacional debe evolucionar hacia una solución política basada en su propuesta de autonomía.
El Gabinete Real marroquí manifestó que la no renovación debería conducir al cese de la presencia de la misión en el territorio, incluyendo su personal, vehículos, equipamiento y símbolos institucionales. También defendió que el Consejo de Seguridad debería reconsiderar el tratamiento internacional de esta cuestión.
La propuesta de autonomía presentada por Marruecos en 2007 contempla que el Sáhara Occidental disponga de instituciones propias y competencias de autogobierno, aunque bajo la soberanía del Reino de Marruecos.
Durante los últimos años, Rabat ha conseguido incrementar sus apoyos diplomáticos internacionales a esta iniciativa. Estados Unidos y Francia figuran entre las potencias que han expresado su respaldo a la autonomía como base para alcanzar una solución política.
No obstante, el apoyo diplomático de determinados Estados a una propuesta política no debe confundirse con una resolución judicial internacional que haya atribuido definitivamente la soberanía del Sáhara Occidental a Marruecos.
Uno de los aspectos más importantes de esta crisis es su dimensión jurídica. El Sáhara Occidental figura desde 1963 en la lista de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas, una clasificación que identifica territorios cuyo proceso de descolonización permanece pendiente.
Esta condición tiene una relevancia fundamental porque el derecho internacional reconoce el principio de libre determinación de los pueblos como uno de los elementos esenciales del proceso de descolonización.
La inclusión en esta lista no determina por sí misma cuál debe ser el resultado político definitivo del conflicto, pero sí mantiene vigente la consideración internacional del territorio como una cuestión de descolonización pendiente.
El antecedente jurídico más relevante continúa siendo el dictamen consultivo emitido por la Corte Internacional de Justicia el 16 de octubre de 1975.
La Asamblea General de Naciones Unidas había solicitado al tribunal que examinara la situación jurídica del territorio antes de la colonización española y los posibles vínculos existentes entre el Sáhara Occidental, Marruecos y la entidad mauritana.
La Corte concluyó que existían determinados vínculos históricos de lealtad entre el sultán de Marruecos y algunas tribus del territorio. También identificó relaciones jurídicas entre determinadas comunidades y la entidad mauritana.
Sin embargo, el tribunal fue especialmente claro en una cuestión determinante: las pruebas examinadas no acreditaban vínculos de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y Marruecos que pudieran impedir la aplicación del principio de autodeterminación.
En consecuencia, la Corte sostuvo que esos vínculos históricos no podían alterar la aplicación del principio de libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de la población del territorio.
La cuestión jurídica fundamental: el dictamen de 1975 no reconoció a Marruecos la soberanía territorial sobre el Sáhara Occidental. Por tanto, la expiración del mandato de la MINURSO no puede interpretarse como una transferencia jurídica de soberanía ni como la desaparición del derecho de autodeterminación.
El conflicto tiene también un origen directamente relacionado con la historia contemporánea de España.
Hasta 1975, el Sáhara Occidental estuvo administrado por España, que mantenía su presencia colonial en el territorio. En noviembre de aquel año, la Marcha Verde organizada por Marruecos y los acontecimientos políticos que rodearon la fase final del franquismo aceleraron la retirada española.
Los Acuerdos de Madrid, firmados el 14 de noviembre de 1975 por España, Marruecos y Mauritania, establecieron un marco de administración temporal del territorio. Sin embargo, aquellos acuerdos no constituyeron una transferencia de soberanía reconocida por Naciones Unidas.
El 26 de febrero de 1976, España comunicó oficialmente al secretario general de Naciones Unidas el fin de su presencia en el territorio y su desvinculación de aquella administración temporal.
La salida española no resolvió la cuestión de la descolonización ni determinó jurídicamente quién debía ejercer la soberanía definitiva sobre el Sáhara Occidental.
Desde entonces, el territorio ha permanecido en el centro de una disputa internacional que ha enfrentado principalmente a Marruecos y al Frente Polisario, organización que reivindica la independencia y la autodeterminación del pueblo saharaui.
El Frente Polisario considera que el final de la MINURSO supone un debilitamiento de las garantías internacionales que habían acompañado el proceso de paz desde 1991.
La organización mantiene su reivindicación de que la población saharaui pueda decidir libremente el futuro político del territorio y sostiene que la autodeterminación debe constituir el elemento central de cualquier solución negociada.
Argelia, principal aliado regional del Frente Polisario y país que acoge los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, también mantiene una posición contraria a cualquier solución que considere predeterminada y que no garantice el derecho de autodeterminación.
La retirada de la misión internacional puede incrementar las dificultades para mantener mecanismos de supervisión independientes y elevar la tensión entre los principales actores regionales.
El escenario es especialmente delicado desde noviembre de 2020, cuando se reanudaron las hostilidades entre Marruecos y el Frente Polisario tras la crisis de Guerguerat, poniendo fin en la práctica al alto el fuego que había acompañado el proceso iniciado en 1991.
La MINURSO fue creada mediante la Resolución 690 del Consejo de Seguridad, aprobada el 29 de abril de 1991, en el marco de las propuestas de arreglo aceptadas por Marruecos y el Frente Polisario.
Su objetivo original consistía en establecer las condiciones necesarias para organizar un referéndum en el que la población del Sáhara Occidental pudiera elegir entre la independencia y la integración en Marruecos.
Sin embargo, las discrepancias sobre la identificación del censo electoral, los criterios de participación y las condiciones políticas de la consulta impidieron que el referéndum llegara a celebrarse.
A pesar de no cumplir su objetivo principal, la misión desarrolló durante más de tres décadas funciones relevantes de vigilancia del alto el fuego, observación militar, investigación de incidentes y seguimiento de la situación de seguridad.
En el momento de expirar su mandato, la operación contaba con aproximadamente 200 trabajadores civiles, observadores militares y oficiales procedentes de más de 35 países. Disponía de su cuartel general en El Aaiún, nueve emplazamientos de equipos sobre el terreno y una oficina de enlace en Tinduf.
Naciones Unidas ha rendido homenaje a los 20 integrantes de la misión que perdieron la vida durante sus 35 años de actividad.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha dejado claro que el final de las operaciones de paz de la MINURSO no supone el abandono de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución.
En su declaración del 1 de noviembre de 2026, Guterres recordó expresamente que la desaparición de la misión no extingue el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación.
La organización internacional mantendrá su trabajo diplomático a través del enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, encargado de facilitar el diálogo político entre las partes.
El máximo responsable de Naciones Unidas también expresó su preocupación por la situación de seguridad y el riesgo de que puedan intensificarse las hostilidades.
Por este motivo, reclamó a todos los actores implicados que actúen con la máxima moderación y eviten cualquier movimiento que pueda incrementar las tensiones o comprometer la estabilidad regional.
La evolución del conflicto saharaui tiene una dimensión estratégica especialmente relevante para Canarias debido a la proximidad geográfica del archipiélago al continente africano y a sus relaciones históricas, económicas y sociales con el entorno del Sáhara Occidental.
Los acontecimientos pueden tener repercusiones en las relaciones diplomáticas entre España, Marruecos y Argelia, así como en cuestiones relacionadas con la seguridad marítima, las rutas comerciales, la cooperación regional y los recursos pesqueros.
Para Canarias, y especialmente para las islas orientales, cualquier alteración significativa de la estabilidad en el entorno del Sáhara constituye un asunto de interés geopolítico y económico.
La evolución de las relaciones entre Marruecos y Argelia también resulta determinante para el equilibrio del norte de África y para los intereses estratégicos de España y de la Unión Europea en la región.
La desaparición de la MINURSO abre un escenario nuevo, pero no cierra jurídicamente el conflicto. Marruecos dispone ahora de una oportunidad diplomática para reforzar su posición y avanzar en la consolidación de su propuesta autonómica, mientras el Frente Polisario insiste en que la autodeterminación no puede quedar subordinada a una solución impuesta.
La gran incógnita reside en qué mecanismos internacionales podrán sustituir las funciones de observación y seguimiento que desarrollaba la misión y qué garantías existirán para evitar un deterioro de la seguridad sobre el terreno.
También queda por determinar cómo evolucionará el papel del Consejo de Seguridad y qué capacidad tendrá el enviado personal del secretario general para reactivar unas negociaciones que llevan décadas bloqueadas.
En definitiva, el Sáhara Occidental entra en una nueva etapa de incertidumbre. La retirada de la MINURSO supone un cambio de enorme trascendencia en el escenario diplomático, pero no elimina la cuestión central que permanece pendiente desde el proceso de descolonización: el futuro político y jurídico de un territorio cuya población todavía no ha podido ejercer plenamente su derecho a decidir.
Una conclusión fundamental: Marruecos puede haber obtenido una ventaja política y diplomática con el final de la MINURSO, pero la cuestión de la soberanía del Sáhara Occidental continúa sin una resolución jurídica definitiva. La autodeterminación sigue siendo un principio reconocido por Naciones Unidas y el conflicto permanece abierto.
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