La sentencia estima el recurso presentado contra la ordenanza municipal y considera que la memoria económico-financiera no justificó adecuadamente el coste del servicio ni el reparto de la tasa entre los contribuyentes.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nula la ordenanza que regulaba la nueva tasa de recogida de residuos urbanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al considerar que el expediente presentaba importantes deficiencias en la documentación económica que sustentaba el tributo.
La resolución judicial estima el recurso interpuesto por la Fundación Canaria Escuelas de Antúnez y concluye que la memoria económico-financiera, documento esencial para justificar este tipo de tasas, no acreditaba de forma suficiente el coste real del servicio ni explicaba adecuadamente los criterios utilizados para distribuir el importe entre los distintos contribuyentes.
La memoria económica, clave en la decisión del tribunal
Según recoge la sentencia, el estudio económico incorporado al expediente municipal presentaba carencias relevantes que impedían comprobar con precisión la correspondencia entre el coste efectivo del servicio y la cuantía exigida a los ciudadanos.
Los magistrados consideran que la ordenanza no ofrecía una justificación suficiente sobre el método empleado para calcular el importe que debía asumir cada tipo de inmueble o actividad económica, un aspecto que resulta esencial para garantizar la legalidad de una tasa de estas características.
Asimismo, la resolución también pone de manifiesto que durante la tramitación del expediente no se incorporó toda la documentación técnica necesaria, lo que dificultó que los interesados pudieran formular alegaciones con pleno conocimiento de los criterios utilizados por la administración.
La sentencia aún no es firme
Aunque el TSJC ha acordado la nulidad de la ordenanza, la resolución todavía no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo si se cumplen los requisitos legales establecidos.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria analizará el contenido íntegro de la sentencia para decidir los pasos a seguir y valorar las posibles actuaciones jurídicas.
Un fallo con posibles repercusiones
La decisión judicial ha despertado un notable interés, ya que podría influir en otras ordenanzas municipales relacionadas con la tasa de residuos, implantadas en diferentes ayuntamientos para adaptarse a la normativa estatal sobre gestión de residuos y economía circular.
Especialistas en derecho administrativo consideran que este fallo pone de relieve la importancia de que las administraciones públicas elaboren memorias económico-financieras sólidas, transparentes y suficientemente motivadas, especialmente cuando se crean nuevos tributos que afectan directamente a miles de ciudadanos.
La evolución del procedimiento dependerá ahora de si la sentencia es recurrida o si el Ayuntamiento opta por redactar una nueva ordenanza que subsane las deficiencias señaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.