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Fuerteventura intensifica la vigilancia sobre su territorio ante el incremento de la actividad inspectora registrada en los últimos años. La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha analizado 649 expedientes entre 2023 y 2026, de los que 259 corresponden al presente año, una cifra que representa aproximadamente el 40% del total contabilizado durante este periodo.
La estrategia de control territorial se ha reforzado con una mayor coordinación entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura, los ayuntamientos, las policías locales y la Guardia Civil, especialmente en las actuaciones relacionadas con suelo rústico, ocupaciones, construcciones, instalaciones, residuos y otras posibles transformaciones del territorio.
La dimensión de esta nueva estrategia quedó reflejada en el macrooperativo desarrollado el pasado 15 de septiembre, una actuación simultánea en La Oliva, Puerto del Rosario, Antigua y Tuineje que permitió realizar 64 inspecciones con indicios de posibles infracciones.
Las actuaciones se encuentran ahora pendientes de la emisión de las correspondientes denuncias por parte de los cuerpos actuantes y de su posterior tramitación, por lo que las inspecciones realizadas no implican por sí mismas la existencia de una resolución sancionadora firme.
Los datos expuestos durante la reunión de coordinación celebrada este miércoles en el Cabildo de Fuerteventura reflejan una evolución creciente de la actividad inspectora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.
La serie registrada es la siguiente:
En total, 649 expedientes han sido analizados entre 2023 y 2026, siendo 2026 el ejercicio que concentra el mayor número de actuaciones del periodo.
El incremento de la actividad inspectora ha llevado a las administraciones a reforzar los mecanismos de coordinación para mejorar la detección de posibles incumplimientos, determinar qué organismo tiene competencia en cada caso y avanzar, cuando corresponda, en el restablecimiento de la legalidad.
La reunión celebrada en el Cabildo contó con la participación de la presidenta insular, Lola García; el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda; la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, y el comandante de la Guardia Civil José Manuel Lebrón Moreno.
Uno de los aspectos destacados durante la presentación de los datos fue la naturaleza de las actuaciones detectadas por los servicios de inspección.
Según explicó Manuel Miranda, las principales tipologías están relacionadas con la ocupación y transformación del suelo.
Las instalaciones, contenedores, explanaciones, vallados y casas prefabricadas representan el 35,7% de los expedientes analizados.
A continuación aparecen las obras sin licencia, ampliaciones, viviendas y otras estructuras, que suponen el 30%.
Por otro lado, los vertidos, residuos, acopios y abandono de materiales representan el 14,1%.
En conjunto, estas tres categorías concentran más del 70% de los expedientes analizados entre 2023 y 2026, según los datos trasladados por las administraciones.
La actividad inspectora refleja así que una parte importante de las actuaciones está vinculada a modificaciones físicas del territorio y a usos o instalaciones cuya situación administrativa debe ser comprobada por los organismos competentes.
Por municipios, los datos facilitados sitúan a Puerto del Rosario, La Oliva y Tuineje como los tres municipios que concentran más del 85% de la actividad inspectora registrada durante el periodo analizado.
La distribución de las actuaciones evidencia la necesidad de mantener una vigilancia continuada y de reforzar la colaboración entre administraciones, especialmente teniendo en cuenta que las competencias en materia territorial pueden estar repartidas entre diferentes organismos.
Precisamente, uno de los objetivos de la coordinación institucional es evitar que las actuaciones detectadas queden sin respuesta por cuestiones relacionadas con la distribución competencial.
Uno de los ejemplos más recientes de esta coordinación fue el operativo extraordinario desarrollado el 15 de septiembre.
La actuación fue coordinada por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y contó con la participación de técnicos de este organismo, agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil y policías locales.
El despliegue se realizó de manera simultánea en La Oliva, Puerto del Rosario, Antigua y Tuineje.
Durante la jornada fueron efectuadas 64 inspecciones con indicios de posibles infracciones.
Las denuncias correspondientes están todavía pendientes de emisión por parte de los cuerpos actuantes y de su posterior tramitación administrativa.
El Gobierno de Canarias ha anunciado además que trasladará a los medios de comunicación material gráfico y audiovisual de este operativo, incluyendo fotografías y vídeos de las actuaciones realizadas.
La directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, aportó otro de los datos relevantes durante la comparecencia.
De los 649 expedientes analizados entre 2023 y 2026, un total de 549 permanecen en curso, mientras que 100 han sido archivados.
Ortega aclaró que el archivo de un expediente no significa necesariamente que haya desaparecido la situación que originó la actuación inspectora.
En determinados casos, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural no dispone de competencia material sobre la actuación detectada. En esas circunstancias, la actuación puede ser remitida a la administración que sí tiene atribuida la competencia correspondiente.
Este aspecto resulta especialmente relevante en materia territorial, donde pueden intervenir diferentes administraciones en función de la naturaleza de la actuación, el tipo de suelo y las competencias legalmente atribuidas.
Más allá de la apertura y tramitación de expedientes, la Agencia ha puesto el foco en otro de los objetivos de la disciplina territorial: conseguir que las actuaciones irregulares puedan ser corregidas.
Entre 2023 y 2026 se han identificado y documentado 26 restablecimientos voluntarios de la legalidad.
La distribución facilitada por la Agencia es la siguiente:
Desde la Agencia se destaca que la inspección territorial no debe limitarse a detectar posibles incumplimientos, sino que también debe contribuir a que las situaciones puedan corregirse cuando corresponda.
El proceso requiere, en cada caso, determinar las circunstancias concretas, las competencias administrativas y las medidas que legalmente procedan.
La Guardia Civil también desempeña un papel destacado en este dispositivo de coordinación, especialmente a través del SEPRONA, en aquellas actuaciones relacionadas con la protección medioambiental.
El comandante José Manuel Lebrón Moreno destacó la importancia de que los diferentes organismos puedan trabajar conjuntamente y puso el operativo del 15 de septiembre como ejemplo de colaboración entre administraciones y cuerpos actuantes.
La suma de técnicos, agentes medioambientales, efectivos de la Guardia Civil y policías locales permite disponer de diferentes conocimientos y capacidades sobre el terreno.
La Guardia Civil trasladó su compromiso de continuar colaborando con las administraciones competentes en las actuaciones destinadas a la protección del medio ambiente y del territorio de Fuerteventura.
Durante la comparecencia también se lanzó un llamamiento a la ciudadanía para contribuir a la protección del territorio y evitar actuaciones que puedan deteriorarlo o incumplir la normativa.
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó que el territorio constituye uno de los principales valores de la isla y defendió que su protección debe abordarse desde una responsabilidad compartida.
La presidenta insular agradeció la colaboración del Gobierno de Canarias, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, los ayuntamientos, las policías locales, la Guardia Civil y los técnicos y agentes de Medio Ambiente del Cabildo.
Por su parte, Manuel Miranda incidió en que la protección territorial requiere conocimiento técnico, presencia sobre el terreno y coordinación administrativa.
El refuerzo de la vigilancia territorial llega en un momento en el que la actividad inspectora ha alcanzado sus cifras más elevadas del periodo analizado.
Los 259 expedientes de 2026, frente a los 120 registrados en 2023, muestran el volumen de actuaciones que están abordando los servicios competentes.
A ello se suma el operativo extraordinario del 15 de septiembre, con 64 inspecciones realizadas en cuatro municipios, en una actuación conjunta que reunió a diferentes cuerpos y administraciones.
La estrategia institucional contempla mantener la vigilancia sobre el terreno, mejorar el intercambio de información entre organismos, determinar las competencias en cada actuación y avanzar en el restablecimiento de la legalidad cuando corresponda.
Como resumió Lola García durante la comparecencia, “proteger el territorio requiere inspección, coordinación y actuación”.
Fuerteventura afronta así un refuerzo de los mecanismos de control territorial con la implicación conjunta de las diferentes administraciones y cuerpos encargados de velar por el cumplimiento de la normativa.
La protección del suelo, el paisaje y el medio natural se convierte en uno de los principales ámbitos de esta estrategia, mientras continúa la tramitación de los expedientes abiertos y se analizan las actuaciones detectadas durante los últimos años.
649 expedientes analizados entre 2023 y 2026.
259 expedientes corresponden a 2026.
549 expedientes permanecen en curso.
100 expedientes han sido archivados.
64 inspecciones se realizaron en el macrooperativo del 15 de septiembre.
26 restablecimientos voluntarios de la legalidad han sido documentados entre 2023 y 2026.
35,7% de los expedientes corresponden a instalaciones, contenedores, explanaciones, vallados o casas prefabricadas.
30% están relacionados con obras sin licencia, ampliaciones, viviendas y otras estructuras.
14,1% corresponden a vertidos, residuos, acopios y abandono de materiales.
Puerto del Rosario, La Oliva y Tuineje concentran más del 85% de la actividad inspectora registrada durante el periodo.