La Justicia paraliza las jaulas marinas proyectadas frente a zonas turísticas de Lanzarote
El TSJC estima el recurso del Ayuntamiento de Tías y obliga a retrotraer el expediente administrativo de la Zona de Interés Acuícola LZ-2
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado un importante revés al proyecto de instalación de jaulas marinas frente a parte del litoral turístico de Lanzarote. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Tías contra la orden del Gobierno de Canarias que regulaba la Zona de Interés Acuícola (ZIA) LZ-2.
La sentencia obliga ahora a retrotraer el expediente administrativo, lo que supone volver atrás en la tramitación para corregir las deficiencias detectadas por la Justicia. De esta forma, queda paralizada por el momento la ordenación que permitía desarrollar explotaciones acuícolas en zonas próximas a la costa turística de la isla.
La denominada ZIA LZ-2 forma parte del PROAC, el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias aprobado en 2018, que establece las áreas aptas para instalaciones acuícolas en el archipiélago.
El conflicto se centraba especialmente en la posibilidad de implantar jaulas marinas frente a zonas cercanas a Puerto del Carmen y Arrecife, una cuestión que había generado un fuerte rechazo institucional, vecinal y empresarial por el posible impacto visual, ambiental y turístico.
El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, celebró el fallo judicial asegurando que:
“Hemos ganado a Don Gobierno y Don Dinero”.
Desde el Ayuntamiento defienden que la prioridad siempre ha sido la protección del litoral y del modelo turístico vinculado al paisaje y a la calidad ambiental de Lanzarote.
La Federación Turística de Lanzarote (FTL) y ASOLAN también mostraron su satisfacción por la decisión judicial. Su presidenta, Susana Pérez, destacó que la sentencia “refuerza la defensa del litoral” y cuestiona la tramitación administrativa seguida para el proyecto.
Según la información difundida durante el procedimiento, las zonas previstas podían afectar visual y medioambientalmente a varios tramos costeros y playas de la isla, una de las principales preocupaciones del sector turístico.
Rechazo político y social desde el primer momento
La propuesta provocó un fuerte rechazo institucional y ciudadano prácticamente desde su presentación en 2021.
El Ayuntamiento de Tías anunció desde el inicio alegaciones y acciones legales para impedir la colocación de jaulas marinas frente a su costa, argumentando riesgos para la calidad de las aguas, el paisaje y la actividad turística.
Posteriormente, otras administraciones y entidades también mostraron oposición al proyecto, entre ellas el Cabildo de Lanzarote, ayuntamientos de la isla, cofradías de pescadores, asociaciones vecinales, colectivos ecologistas y representantes del sector turístico.
Los críticos advertían de posibles efectos negativos sobre:
- la biodiversidad marina
- la transparencia del agua
- el paisaje litoral
- la actividad turística
- y la imagen internacional de Lanzarote como Reserva de la Biosfera
Trece playas afectadas
Según la Federación Turística de Lanzarote, la ordenación afectaba potencialmente a una franja marítima próxima a trece playas de la isla.
La patronal turística considera que la ubicación prevista era incompatible con el principal motor económico de Lanzarote, basado en un turismo ligado al paisaje y a la calidad ambiental.
La presidenta de la FTL y ASOLAN, Susana Pérez, aseguró que la sentencia representa:
“Un importante respaldo jurídico a la defensa del litoral”.
El papel de las empresas acuícolas
En el procedimiento judicial aparecen como codemandadas las empresas Yaizatun y Acuipalma, vinculadas al sector de la acuicultura marina en Canarias.
Precisamente Yaizatun ya protagonizó otra importante controversia en Lanzarote relacionada con piscifactorías ubicadas entre Punta Gorda y Playa Quemada, en el municipio de Yaiza.
En 2025, el propio TSJC avaló la retirada definitiva de 53 jaulas marinas explotadas por dicha empresa tras concluir que parte de la instalación se encontraba en zona prohibida según el PROAC.
Aquella explotación llevaba más de veinte años funcionando y había sido objeto de numerosas denuncias vecinales y ecologistas por presuntos impactos ambientales y malos olores.
Qué puede ocurrir ahora
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no supone el cierre definitivo a los proyectos de acuicultura previstos frente al litoral turístico de Lanzarote, pero sí obliga al Gobierno de Canarias a reiniciar parte del procedimiento administrativo relacionado con la Zona de Interés Acuícola ZIA LZ-2.
El proyecto contemplaba la posible instalación de jaulas marinas en una amplia franja del litoral oriental de Lanzarote, entre Arrecife y Puerto del Carmen. Según la documentación conocida, las zonas previstas se situaban entre La Bufona y el entorno del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote, además de otra área frente a Puerto del Carmen, incluyendo espacios próximos a Los Pocillos y parte del frente marítimo turístico del municipio de Tías.
A partir de este fallo judicial, el Ejecutivo autonómico deberá revisar la tramitación realizada hasta ahora y corregir las deficiencias señaladas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Esto podría derivar en:
- nuevos informes técnicos y ambientales
- modificaciones de las áreas inicialmente previstas
- nuevos recursos judiciales
- o incluso en una redefinición completa del planteamiento acuícola proyectado para la isla
La decisión judicial abre además la puerta a nuevos recursos y a una prolongación del conflicto institucional y social que desde hace años enfrenta a administraciones públicas, empresas del sector acuícola, colectivos ecologistas y representantes turísticos.
Mientras tanto, el futuro de las jaulas marinas frente a la costa de Lanzarote queda nuevamente en el aire y pendiente de los próximos movimientos del Gobierno de Canarias y de las posibles acciones legales que puedan producirse en los próximos meses.