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El Parlamento de Canarias ha aprobado de manera definitiva la Ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas (procedente del Decreto ley 3/2025). La norma, impulsada mano a mano por las consejerías de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, nace con un objetivo claro: eliminar los cuellos de botella administrativos que durante años han paralizado la promoción de vivienda en el archipiélago.
Esta legislación marca un giro decisivo en la política de suelo de las islas al centrarse en reducir el tiempo de tramitación, incrementar la oferta de vivienda protegida y asequible y optimizar el espacio ya urbanizado, todo ello respetando de manera estricta la autonomía municipal y las garantías jurídicas y ambientales.
«Esta ley marca un antes y un después porque actúa sobre el principal problema que teníamos: el tiempo. De poco sirve disponer de suelo o financiación si las viviendas tardan años en poder construirse» — Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.
«Esta ley marca un antes y un después porque actúa sobre el principal problema que teníamos: el tiempo. De poco sirve disponer de suelo o financiación si las viviendas tardan años en poder construirse»
— Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.
Por su parte, el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, remarcó el mensaje de efectividad que lanza la cámara autonómica: «Canarias no puede permitirse que la burocracia siga frenando el acceso a la vivienda. Ponemos a la administración al servicio de las personas y convertimos la agilización administrativa en una herramienta directa para dar respuesta a la sociedad».
La norma despliega un abanico de medidas quirúrgicas para revitalizar el mercado del alquiler y la compra sin necesidad de reclasificar ni consumir nuevo suelo natural:
Los ayuntamientos podrán apoyarse en entidades colaboradoras acreditadas, colegios profesionales o medios propios para revisar la documentación e incorporar informes técnicos. Esto permitirá reducir drásticamente los meses de espera en la concesión de licencias urbanísticas, manteniendo siempre el control público final por parte de los consistorios.
Se crea una nueva figura de vivienda privada en alquiler con rentas limitadas y precios regulados, bajo la supervisión del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). Está pensada específicamente para aquellas familias o jóvenes trabajadores que superan los ingresos máximos para optar a una vivienda pública de protección oficial, pero tampoco pueden asumir los elevados precios del mercado libre.
La ley flexibiliza y facilita la tramitación para las cooperativas de vivienda, al tiempo que actualiza los criterios de adjudicación del parque público para priorizar a las personas con mayores necesidades, garantizando la transparencia y el criterio de arraigo en Canarias.
Desde el Gobierno autonómico se ha insistido en que la agilización administrativa no significará en ningún caso relajación de las exigencias técnicas. Las competencias clave sobre planeamiento, cambios de uso urbanístico y otorgamiento de licencias seguirán estando en manos de los ayuntamientos.
Del mismo modo, los proyectos deberán seguir cumpliendo con todos los estándares autonómicos y estatales en materia de seguridad, habitabilidad, eficiencia energética y accesibilidad, garantizando edificaciones de alta calidad para la ciudadanía canaria.