La Asociación Tierra Bonita ha mostrado su “profunda decepción” por la posición adoptada por la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el procedimiento judicial abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para reclamar el acceso a las actas y grabaciones de las reuniones del Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA) celebradas durante los días y horas anteriores a la erupción del Tajogaite.
La asociación palmera sostiene que estas instituciones se han personado en el recurso contencioso-administrativo presentado por Tierra Bonita en 2025 contra la negativa del Gobierno de Canarias a facilitar dicha documentación. El procedimiento continúa pendiente de sentencia.
Tierra Bonita pide conocer qué ocurrió antes de la erupción
El objetivo de la reclamación es acceder a las deliberaciones mantenidas tanto por el Comité Científico como por el Comité de Dirección del PEVOLCA durante las horas previas al inicio de la erupción volcánica de 2021.
Según Tierra Bonita, disponer de las actas y grabaciones permitiría conocer con mayor precisión qué información manejaban los expertos, qué criterios fueron planteados por cada uno de ellos y cuáles fueron los argumentos utilizados para valorar la evolución de la emergencia.
La asociación considera especialmente relevante conocer cómo se interpretaron los distintos indicadores registrados durante los días previos a la erupción y qué circunstancias llevaron a mantener determinadas decisiones en materia de alerta y protección de la población.
Entre las cuestiones que reclama esclarecer se encuentra por qué no se declaró antes la situación de alerta máxima, correspondiente al semáforo naranja del PEVOLCA, y por qué no se procedió a una evacuación preventiva de la población cuando, según sostiene la asociación, existían indicios que apuntaban a la proximidad de una erupción.
También reclama información sobre la migración del magma
Otro de los aspectos que Tierra Bonita considera necesario aclarar está relacionado con la evolución del magma bajo el Valle de Aridane.
La asociación quiere conocer por qué no se informó a la población de la migración del magma hacia el norte del valle y de las coordenadas de la zona en la que, según sostiene, existía una mayor probabilidad de apertura de una boca eruptiva.
Tierra Bonita afirma que esa información estaba en conocimiento del Comité Científico, pero que no fue trasladada a la ciudadanía antes de la erupción.
La organización recuerda además que, después del comienzo del proceso eruptivo, algunos integrantes del Comité Científico pertenecientes a diferentes instituciones científicas manifestaron públicamente que habían advertido de la inminencia de la erupción.
Para la asociación, las actas y grabaciones permitirían comprobar qué se dijo realmente en aquellas reuniones y determinar si las advertencias posteriormente realizadas públicamente quedaron reflejadas en las deliberaciones mantenidas antes de la catástrofe.
Críticas a la posición de las universidades públicas y el CSIC
Tierra Bonita considera especialmente llamativa la posición de las universidades públicas canarias y del CSIC porque, a su juicio, se trata de instituciones que deberían promover la investigación, el conocimiento, la transparencia y la rendición de cuentas.
La asociación recuerda que la Universidad de La Laguna recoge entre sus funciones la contribución al desarrollo del conocimiento mediante la investigación, la discusión, la reflexión y la crítica, además de fomentar el acceso al conocimiento y el espíritu crítico.
En el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Tierra Bonita señala que entre sus objetivos y valores figuran la generación, aplicación y difusión del conocimiento, así como el compromiso con la sociedad, la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas.
A juicio de la asociación, estos principios entran en contradicción con la posición que mantienen estas instituciones en el procedimiento judicial relacionado con la documentación del PEVOLCA.
“Estos compromisos tan biensonantes de las dos universidades públicas canarias se han diluido cuando se trata de transparentar la gestión de la emergencia volcánica de 2021”, sostiene Tierra Bonita.
El papel del CSIC, también en el centro de la polémica
La asociación dirige además una crítica específica al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuya posición considera todavía más decepcionante por haber planteado incluso cuestiones formales relacionadas con la admisión del recurso.
Tierra Bonita recuerda que representantes del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), organismos vinculados a la estructura del CSIC, participaron en las deliberaciones del Comité Científico durante la emergencia volcánica de La Palma.
La asociación sostiene que no debería limitarse el conocimiento público al informe de consenso elaborado por el Comité Científico después de sus reuniones, sino que la ciudadanía debería poder conocer también las diferentes posiciones mantenidas por los expertos durante las deliberaciones.
Según su planteamiento, las actas y grabaciones permitirían conocer las intervenciones individuales y comprobar qué criterios fueron defendidos por los representantes de las distintas instituciones científicas.
Los afectados reclaman conocer cómo se gestionó la emergencia
Tierra Bonita sostiene que esta reclamación judicial no responde únicamente a un interés de la propia asociación, sino que cuenta con el respaldo de diferentes colectivos vinculados a los afectados por la erupción de Cumbre Vieja.
Entre ellos se encuentran la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja 2021, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados del Volcán, la Asociación de Vecinos de La Laguna, la Asociación de Vecinos de Las Manchas, la Asociación Agua para La Palma, la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano y Unidad Protección Animal (UPA) La Palma.
La asociación considera que conocer el contenido de aquellas reuniones permitiría contribuir a esclarecer cómo se gestionó la emergencia y, en su caso, despejar las dudas existentes entre los damnificados sobre las decisiones adoptadas durante las horas previas a la erupción.
Tierra Bonita cuestiona el argumento de la presión sobre los científicos
Otro de los argumentos que la asociación critica es la posibilidad de que la publicación de las intervenciones individuales de los miembros del Comité Científico pudiera someterlos a una mayor presión social.
Tierra Bonita considera que este argumento no resulta suficiente para impedir el acceso a una documentación que, a su juicio, puede ser fundamental para esclarecer la gestión de una emergencia que terminó provocando una catástrofe de enormes dimensiones en La Palma.
La asociación recuerda además que algunos miembros del propio Comité Científico realizaron posteriormente declaraciones públicas en las que afirmaron haber advertido con antelación de que el proceso eruptivo era inminente o haber identificado correctamente la zona en la que finalmente se produjo la erupción.
Por ello, plantea una cuestión central: si posteriormente algunos expertos afirmaron públicamente que habían realizado determinadas advertencias antes de la erupción, la documentación de las reuniones permitiría comprobar si esas advertencias fueron efectivamente formuladas en el seno del Comité Científico y qué respuesta recibieron.
Una documentación que sigue pendiente de resolución judicial
El conflicto sobre el acceso a las actas y grabaciones permanece actualmente en el ámbito judicial, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se pronuncie sobre el recurso presentado por Tierra Bonita.
La asociación mantiene que la publicación de esta documentación contribuiría a esclarecer las decisiones adoptadas durante los días y horas previos al Tajogaite y permitiría a los afectados conocer con mayor detalle cómo se evaluó la situación volcánica antes de que comenzara la erupción.
Tierra Bonita insiste en que la transparencia permitiría comprobar si las decisiones adoptadas estuvieron correctamente fundamentadas y considera que, si la gestión de la emergencia fue adecuada, el acceso a las deliberaciones debería contribuir precisamente a despejar las dudas existentes.
La asociación concluye cuestionando la diferencia entre algunos de los informes de consenso difundidos por el Comité Científico y las declaraciones realizadas posteriormente por algunos de sus integrantes.
“¿Cómo es posible que, ante una catástrofe de esta magnitud, el informe del Comité diga una cosa y sus miembros digan otra posteriormente?”, plantea Tierra Bonita, que reclama que los afectados puedan acceder a la documentación para conocer qué ocurrió realmente en las reuniones previas a la erupción del Tajogaite.
