La Audiencia Provincial de Las Palmas ha ordenado reactivar la causa penal contra la propietaria de la agencia de viajes Aray Tours Canarias S.L., con sede en el Centro Comercial San Fernando, en Maspalomas, al apreciar indicios de un posible delito de estafa que podría afectar a múltiples clientes.
Una investigación iniciada en 2024
La investigación se abrió en 2024 tras la denuncia de cinco afectados que contrataron un crucero por el Mediterráneo y abonaron en conjunto alrededor de 17.000 euros. Según su relato, nunca recibieron los billetes ni la documentación del viaje, quedándose sin el crucero y sin el dinero pagado.
En julio de 2025, el Juzgado de Instrucción acordó el archivo provisional de la causa al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación. Sin embargo, tras el recurso presentado por los perjudicados, la Audiencia de Las Palmas ha revisado las actuaciones y entiende que existen indicios racionales de delito, ordenando la continuación de las diligencias.
Indicios apreciados por el tribunal
De acuerdo con las actuaciones policiales incorporadas al procedimiento, de los cinco viajes supuestamente gestionados únicamente uno contaba con código de reserva, que además fue cancelado por falta de pago. Para el tribunal, estos hechos podrían evidenciar que no existió una verdadera intención de cumplir con los servicios contratados.
La Audiencia considera necesario profundizar en la investigación para esclarecer si se trata de un caso aislado o de una posible estafa continuada que afectaría a un número mayor de personas.
Más afectados y testimonios similares
El caso ha generado inquietud tras conocerse que podrían existir decenas de afectados. Bajo el testimonio recogido en el titular “Aquí no hay ninguna reserva a nombre de ustedes”, varios clientes relataron cómo, al llegar al destino o contactar con las compañías de transporte o alojamiento, comprobaban que no figuraba ninguna reserva realizada a su nombre.
Entre los perjudicados se encontrarían también personas que contrataron viajes para asistir a la fiesta de Los Indianos, en La Palma, y que igualmente se habrían quedado sin viaje, sin alojamiento y sin la devolución íntegra del dinero.
Posibles consecuencias penales
El presunto delito de estafa en España puede conllevar penas de seis meses a tres años de prisión, en función del importe defraudado y otras circunstancias relacionadas con el modo de operar y el perjuicio causado.
La causa continúa ahora en fase de instrucción, a la espera de que se practiquen nuevas diligencias que permitan determinar el alcance de los hechos y las posibles responsabilidades penales.