Hacienda acelera la reforma de la financiación autonómica y busca cerrar un acuerdo histórico antes de final de año

El Gobierno convoca a todas las comunidades autónomas para negociar un nuevo modelo que movilizará más de 224.000 millones de euros y entraría en vigor en 2027

El Ministerio de Hacienda ha dado el primer paso para desbloquear una de las reformas más importantes de los últimos años: la renovación del sistema de financiación autonómica. El departamento dirigido por Arcadi España ha convocado a las comunidades autónomas de régimen común y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para iniciar una ronda de reuniones bilaterales con el objetivo de aprobar el nuevo modelo antes de que termine 2026.

La intención del Gobierno es que la reforma quede aprobada este mismo año para que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027, sustituyendo un sistema que lleva años siendo objeto de críticas por parte de numerosas autonomías.

Comienzan las negociaciones con todas las comunidades

Hacienda ha remitido cartas a las quince comunidades autónomas de régimen común, así como a Ceuta y Melilla, para concertar de manera inmediata reuniones destinadas a analizar la propuesta de reforma y recoger aportaciones de cada territorio.

Los encuentros serán coordinados por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y podrán celebrarse tanto de forma presencial como por videoconferencia.

Posteriormente, el Gobierno prevé convocar un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), paso imprescindible antes de que la reforma sea aprobada por el Consejo de Ministros e inicie su tramitación parlamentaria.

Más de 20.975 millones de euros adicionales para las autonomías

La propuesta diseñada inicialmente durante la etapa de María Jesús Montero contempla un importante incremento de recursos para las comunidades autónomas.

Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el nuevo sistema permitiría aumentar la financiación autonómica en 20.975 millones de euros anuales, elevando los recursos distribuidos hasta los 224.507 millones de euros en 2027.

La cifra supone un fuerte incremento respecto a los 152.484 millones de euros distribuidos en 2023, último ejercicio completamente liquidado.

Las principales novedades del nuevo modelo

Ministerio de Hacienda en Madrid

La reforma plantea cambios profundos en la forma en que se reparten los recursos entre las comunidades autónomas.

Entre las medidas más destacadas figura una nueva fórmula de población ajustada, que incorporará nuevas variables para reflejar de forma más precisa las necesidades reales de cada territorio.

Además, el Gobierno propone:

  • Incrementar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas.
  • Aumentar la corresponsabilidad tributaria de los gobiernos regionales.
  • Reforzar los mecanismos de solidaridad interterritorial.
  • Garantizar una aportación adicional del Estado para sanidad, educación y políticas sociales.
  • Permitir que las comunidades reciban parte de la recaudación del IVA generado por las pequeñas y medianas empresas de sus territorios.
  • Crear un Fondo Climático para afrontar los desafíos derivados del cambio climático.

El Gobierno promete que ninguna comunidad perderá recursos

Uno de los compromisos incluidos en la propuesta es la denominada garantía de «statu quo», mediante la cual ninguna comunidad autónoma recibiría menos financiación que con el sistema actual.

Asimismo, se prevén mecanismos específicos para mejorar la financiación de aquellas autonomías que actualmente se sitúan por debajo de la media en recursos por habitante.

Una reforma marcada por la polémica política

La propuesta no está exenta de controversia. El modelo presentado por María Jesús Montero en enero recibió un fuerte rechazo por parte de la mayoría de las comunidades autónomas y solo Cataluña mostró inicialmente su respaldo.

Diversos gobiernos autonómicos criticaron entonces algunos aspectos del sistema y reclamaron que el debate se desarrollara en órganos multilaterales en lugar de mediante negociaciones bilaterales.

Además, la reforma deberá aprobarse mediante una Ley Orgánica, por lo que necesitará una amplia mayoría parlamentaria en el Congreso, un escenario que se presenta complejo debido a las diferencias existentes entre los distintos partidos políticos.