Los municipios alertan de que la burocracia está frenando la instalación de sistemas de protección esenciales para separar a bañistas y embarcaciones en plena temporada turística
A pocas semanas del inicio de la temporada alta de playas, Canarias ha elevado el tono de sus reclamaciones al Estado ante los continuos retrasos en la autorización de las boyas de seguridad que numerosos ayuntamientos necesitan instalar en sus zonas de baño.
La situación ha generado preocupación entre los municipios del Archipiélago, que consideran que la demora en los permisos está dificultando la planificación de la seguridad costera justo cuando miles de residentes y turistas comienzan a acudir masivamente a las playas.
El viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, trasladó esta inquietud durante unas jornadas de trabajo celebradas en Zaragoza y organizadas por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.
La reclamación responde a una demanda planteada por la Federación Canaria de Municipios (FECAM), que considera prioritario agilizar unos trámites que afectan directamente a la protección de los usuarios de las playas.
Canarias exige permisos a tiempo para evitar riesgos en las zonas de baño
Las boyas de balizamiento tienen una función fundamental: delimitar claramente las áreas reservadas para el baño y separar a los bañistas del tránsito de embarcaciones recreativas, motos acuáticas y otros vehículos marítimos.
Sin embargo, numerosos ayuntamientos denuncian que las autorizaciones estatales continúan llegando tarde, obligándoles a afrontar el verano sin la certeza de poder instalar estos sistemas de protección cuando más se necesitan.
«Estamos hablando de elementos esenciales para la seguridad de las personas y para evitar accidentes entre bañistas y embarcaciones recreativas», advirtió Marcos Lorenzo durante el encuentro.
Desde Canarias se insiste en que la prevención no puede depender de procedimientos administrativos que se prolongan durante meses, especialmente en una comunidad donde el mar forma parte de la vida diaria y del principal motor económico.
Más de 1.500 kilómetros de costa pendientes de decisiones administrativas
La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que Canarias cuenta con más de 1.500 kilómetros de litoral, además de recibir millones de visitantes cada año atraídos precisamente por sus playas y actividades vinculadas al mar.
El Gobierno autonómico considera que resulta difícil justificar que municipios con una elevada presión turística sigan esperando autorizaciones cuando la temporada estival está prácticamente encima.
"No resulta razonable que los permisos lleguen cuando el verano ya ha comenzado o cuando los ayuntamientos tienen prácticamente cerrada toda la planificación de seguridad de sus costas", trasladó Lorenzo al Ministerio para la Transición Ecológica.
Para los municipios, el problema no solo afecta a la organización de los servicios públicos, sino también a la imagen turística de las localidades y a la tranquilidad de residentes y visitantes.
Los ayuntamientos reclaman menos burocracia y más coordinación
La FECAM y los consistorios afectados defienden que los procedimientos deben simplificarse para garantizar que las medidas de seguridad puedan implantarse con suficiente margen de tiempo.
La instalación de boyas no es una actuación menor ni una cuestión estética; se trata de una infraestructura preventiva diseñada para reducir riesgos y evitar accidentes en espacios con una elevada concentración de personas.
Los responsables municipales consideran que la coordinación entre administraciones debe mejorar para impedir que los retrasos burocráticos terminen afectando a la seguridad de las playas.
Canarias aporta al Estado la experiencia del volcán Tajogaite
Durante las jornadas también se analizaron los avances en las nuevas directrices básicas de Protección Civil relacionadas con el riesgo químico y el riesgo volcánico.
En este ámbito, Canarias ofreció al Estado la experiencia adquirida durante la erupción del volcán Tajogaite en La Palma, considerada una de las emergencias más importantes registradas en Europa en los últimos años.
El objetivo es que los conocimientos obtenidos durante aquella crisis sirvan para reforzar los protocolos nacionales de actuación y mejorar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias volcánicas.
Refuerzo de medios contra incendios y nuevas alertas para la ciudadanía
Las reuniones también marcaron el inicio de la campaña de incendios forestales de 2026 y permitieron avanzar en la coordinación de los recursos estatales destinados a combatir este tipo de emergencias.
Entre las noticias más destacadas figura la confirmación de que los medios aéreos con base en la BRIF de Puntagorda, en La Palma, permanecerán operativos durante todo el año, una reivindicación histórica de Canarias.
La medida permitirá mejorar significativamente la capacidad de respuesta ante incendios forestales y otras emergencias que puedan producirse en cualquier momento del año.
Asimismo, la Secretaría General de Protección Civil presentó los avances de la futura Red Nacional de Alerta, que incorporará información sobre múltiples riesgos, entre ellos el riesgo de tsunami, especialmente relevante para un territorio insular como Canarias.
También se anunció el desarrollo de una nueva aplicación tecnológica que permitirá a los ciudadanos consultar en tiempo real las alertas activas y los planes de emergencia vigentes según su ubicación.
La seguridad de las playas sigue pendiente de una respuesta rápida
Mientras avanzan los proyectos tecnológicos y las nuevas estrategias de protección civil, los municipios canarios continúan esperando una solución inmediata para una cuestión mucho más cercana y urgente.
La llegada del verano está cada vez más próxima y muchos ayuntamientos siguen sin disponer de las autorizaciones necesarias para instalar las boyas que garantizan la seguridad en sus playas.