La consejera Jéssica de León anuncia una nueva Ley de Turismo nacida del consenso social. El texto regulará las segundas residencias, dará seguridad al propietario y protegerá el motor económico de las islas.
El modelo turístico de Canarias se prepara para el mayor cambio normativo de las últimas tres décadas. La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha anunciado en el Parlamento regional un compromiso firme para modificar la Ley del Turismo de Canarias, con el objetivo de resolver un conflicto «enquistado» debido a la convivencia de residentes y explotadores turísticos en los mismos complejos.
La futura normativa no solo sustituirá a la obsoleta Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo, sino que fusionará la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, creando un marco jurídico único adaptado al siglo XXI.
Jéssica de León, consejera de Turismo: «¿La ley actual responde a la realidad de Canarias? No, definitivamente no, ni a la pasada ni a la actual porque la inseguridad jurídica existe tanto para el propietario como para el explotador. Nos necesitan los propietarios, pero también el futuro turístico de Canarias. La actual normativa cumple más de treinta años, periodo de tiempo en el que el sector turístico ha cambiado profundamente».
Un conflicto heredado y el nuevo modelo de gestión
La consejera recordó en la Cámara regional que este escenario de «complejos turísticos con múltiples propietarios, conflictos permanentes entre residentes y explotadores, procedimientos sancionadores y recursos judiciales» no es nuevo. «No es un problema creado por este Gobierno, estamos ante una realidad que todas las administraciones conocen desde hace doce años y que nadie ha sido capaz de resolver», manifestó.
Para revertir la situación sin destruir el modelo alojativo, De León aclaró cómo afectará la reforma al polémico principio de unidad de explotación:
«No estamos eliminando la gestión unitaria, ni la especialización turística, ni renunciando al control, ni hablando de residencialización completa. Estamos creando un instrumento más eficaz para garantizar la calidad de los establecimientos, la homogeneidad de los servicios, la competitividad del destino y la sostenibilidad territorial y, al mismo tiempo, atender la realidad de los municipios, reconocer las segundas residencias y dar seguridad al propietario».
Los 4 ejes de la nueva hoja de ruta y el diálogo social
Para desenredar este limbo legal, la Consejería propone un modelo basado en la cooperación institucional y edificado sobre cuatro pilares fundamentales:
- Implicación municipal: Que los ayuntamientos especialicen el uso del suelo a través de sus herramientas de planeamiento.
- Segundas residencias: Permitir y reconocer legalmente esta realidad.
- Control del alquiler vacacional: Identificar claramente qué apartamentos siguen explotándose en esta modalidad.
- Blindaje de la unidad de explotación: Fortalecer el principio de manera equilibrada.
Hasta la fecha, el proceso destaca por su alta participación, habiendo recibido ya 745 aportaciones de sindicatos, patronales hoteleras y extrahoteleras, ecologistas y colectivos sociales. «Será una ley construida desde el diálogo. Hemos abierto las puertas de nuestra Consejería a todos los que quieran sumar y aportar sus ideas al futuro texto», aseguró la titular de Turismo.
Los tribunales avalan la mano firme del Gobierno: «No basta con residir cuatro años»
Mientras se tramita el nuevo texto legal, De León fue tajante al defender que su departamento está obligado a aplicar con rigor la normativa vigente, desmintiendo que se esté «persiguiendo» o «echando» a nadie de sus propiedades.
«La Consejería no abusa, no echa y no persigue. La verdadera inseguridad jurídica no la genera quien intenta resolver un problema, sino que la generan décadas de inacción, litigios y conflictos sin una solución clara. Y precisamente por eso estamos actuando», aclaró rotundamente.
Para respaldar su postura, citó dos sentencias judiciales recientes sobre la unidad de explotación y el deber de atenerse al uso turístico que responden de forma «firme e inequívoca». Respecto a la creencia de que vivir de forma continuada en un apartamento consolida el uso residencial, la consejera, citando textualmente el criterio de la magistrada, señaló que «no basta con residir cuatro años para consolidar, sino que es necesario que los ayuntamientos especialicen el uso con sus respectivas herramientas de planeamiento».
Por último, recordó la postura firme de la jurisprudencia sobre el derecho de propiedad privada en zonas turísticas: «Como reiteradamente ha declarado la jurisprudencia constitucional, dicho derecho no tiene carácter absoluto, sino que se encuentra sujeto a las limitaciones derivadas de su función social y de las determinaciones urbanísticas y turísticas vigentes».
La consejera concluyó reafirmando el compromiso del Ejecutivo canario: «Canarias necesita una ley capaz de proteger al mismo tiempo la competitividad del destino turístico y los derechos de las personas que llevan años atrapadas en esta situación. Ese es el objetivo de esta reforma».