La resolución de la Consejería de Cultura cierra la vía administrativa para proteger como Bien de Interés Cultural la escultura de Juan de Ávalos, aunque la decisión todavía puede recurrirse ante los tribunales
El Gobierno de Canarias ha rechazado definitivamente la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del conocido como monumento a Franco, ubicado en Santa Cruz de Tenerife y realizado por el escultor Juan de Ávalos.
La resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), pone fin a la vía administrativa y establece que el conjunto escultórico no reúne los requisitos necesarios para recibir esta figura de máxima protección patrimonial.
La decisión está firmada por la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, y por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Los informes técnicos y el Consejo de Patrimonio coinciden
El Ejecutivo autonómico fundamenta su decisión en la coincidencia entre los criterios de los órganos técnicos especializados y el pronunciamiento del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias.
La resolución considera que existe una valoración técnica e institucional coincidente sobre la inexistencia de los valores culturales necesarios para justificar la declaración del monumento como BIC.
El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias ya había rechazado esta posibilidad en una votación celebrada el pasado mes de junio, con 16 votos en contra, una abstención y ningún voto favorable.
De esta forma, la resolución publicada ahora confirma el criterio adoptado durante la tramitación del expediente.
Una escultura situada en pleno centro de Santa Cruz
El conjunto escultórico se encuentra en la zona de la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga, uno de los principales espacios urbanos de la capital tinerfeña.
La obra fue realizada por Juan de Ávalos, uno de los escultores españoles más destacados del siglo XX. El conjunto presenta una figura masculina situada sobre una representación alada, acompañada de una estructura monumental de piedra.
A lo largo de las décadas ha recibido diferentes denominaciones, entre ellas Monumento a la Victoria, Monumento del Ángel y monumento a Franco.
Su interpretación y significado han sido precisamente uno de los principales elementos del debate generado alrededor de su conservación.
Un expediente rodeado de controversia
La posibilidad de declarar el monumento como BIC ha provocado durante años un enfrentamiento entre diferentes posiciones políticas, sociales y patrimoniales.
Por una parte, sectores favorables a su conservación han defendido que la obra posee valores artísticos y escultóricos que deberían ser estudiados al margen de su contexto histórico y de las circunstancias políticas que rodearon su construcción.
También se ha planteado la posibilidad de resignificar el monumento, incorporando información histórica que explique su origen y su relación con la dictadura franquista.
Por otra parte, organizaciones vinculadas a la memoria histórica y diferentes formaciones políticas han reclamado su retirada del espacio público al considerar que el conjunto constituye un símbolo relacionado con la exaltación del franquismo.
La memoria democrática mantiene abierto el debate
El rechazo a la declaración como BIC no significa que el futuro del monumento esté decidido.
La escultura se encuentra además dentro del debate derivado de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que contempla la retirada de símbolos y elementos que puedan suponer una exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista.
Este escenario ha enfrentado en diferentes momentos las posiciones de las administraciones implicadas.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha defendido estudiar fórmulas que permitan mantener la obra mediante una posible resignificación, mientras que otros sectores consideran que la legislación obliga a retirar el monumento del espacio público.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, ante una nueva etapa
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es el propietario del conjunto escultórico y deberá afrontar ahora un escenario diferente después de que el Gobierno de Canarias haya descartado su declaración como BIC.
La ausencia de esta protección patrimonial elimina una de las posibilidades que se encontraban sobre la mesa para garantizar la conservación de la obra dentro del patrimonio cultural de la ciudad.
Sin embargo, todavía existen cuestiones jurídicas y administrativas pendientes de resolver, especialmente en relación con las obligaciones derivadas de la normativa estatal de memoria democrática.
La decisión puede llegar a los tribunales
La resolución del Gobierno de Canarias pone fin a la vía administrativa, pero todavía puede ser recurrida ante la Justicia.
Por tanto, el expediente podría continuar en los tribunales si alguna de las partes legitimadas decide impugnar la decisión adoptada por el Ejecutivo autonómico.
El futuro del monumento dependerá así de una combinación de factores: las posibles acciones judiciales, la aplicación de la legislación de memoria democrática y las decisiones que adopten las administraciones responsables.
Una polémica que continúa
El rechazo definitivo a declarar BIC el monumento a Franco supone un nuevo capítulo en una controversia que lleva años abierta en Santa Cruz de Tenerife.
La decisión determina que la escultura no tendrá la protección de Bien de Interés Cultural, pero deja todavía pendiente una cuestión fundamental: qué ocurrirá con el monumento y si continuará ocupando su actual emplazamiento.
Mientras unos defienden su conservación y resignificación como parte de la historia de la ciudad, otros reclaman su retirada del espacio público.
El debate, por tanto, continúa abierto y podría tener nuevos capítulos tanto en el ámbito político y administrativo como en los tribunales.
