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El Gobierno de Canarias reúne a expertos y profesionales para adaptar los servicios públicos al envejecimiento de la población y eliminar barreras como la brecha digital, la burocracia, el lenguaje jurídico complejo y la falta de coordinación entre administraciones
Santa Cruz de Tenerife, 6 de octubre de 2026. El envejecimiento de la población está obligando a las Administraciones Públicas a replantearse la manera en la que prestan sus servicios, se relacionan con la ciudadanía y diseñan las políticas que afectan a la vida cotidiana. En este contexto, el Gobierno de Canarias ha situado a las personas mayores en el centro de un nuevo debate sobre cómo construir unos servicios públicos más accesibles, comprensibles, coordinados y adaptados a las necesidades reales de la población.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido durante la inauguración de las I Jornadas sobre La Administración Pública ante las Personas Mayores en Canarias que las personas mayores deben dejar de ser consideradas únicamente como destinatarias de determinadas políticas sociales para convertirse en protagonistas activos de las decisiones públicas.
“Las administraciones tienen que mejorar su relación con los mayores”, señaló Clavijo, quien subrayó la necesidad de que este colectivo pueda participar de manera efectiva en aquellos asuntos que afectan directamente a su vida.
Las jornadas, organizadas por el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se desarrollan los días 6 y 7 de octubre en el Salón de Actos de Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.
El encuentro cuenta con la participación de profesionales de diferentes áreas de la Administración, especialistas y representantes vinculados a las políticas de mayores, con el objetivo de analizar el impacto del envejecimiento demográfico y buscar respuestas que permitan avanzar hacia una Administración Pública más cercana y sin barreras.
El debate planteado por el Gobierno de Canarias parte de una realidad que afecta a prácticamente todos los territorios desarrollados: la población vive más años y las instituciones deben adaptar sus políticas, infraestructuras y servicios a esa nueva realidad.
En Canarias, esta transformación demográfica plantea además importantes diferencias territoriales entre islas, municipios urbanos, zonas rurales y núcleos alejados de los principales servicios. Por este motivo, desde el ICAP se plantea que el envejecimiento no puede abordarse exclusivamente desde los Servicios Sociales, sino que debe formar parte de la planificación de prácticamente todas las áreas de gobierno.
La forma en la que se diseñan las ciudades, se organizan los transportes, se construyen las viviendas, se prestan los servicios sanitarios, se tramitan las ayudas o se comunica una resolución administrativa tiene una incidencia directa sobre la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores.
El director del ICAP, Gustavo Pérez, ha defendido precisamente la necesidad de que el personal público disponga de herramientas y formación específica para comprender esta realidad y ofrecer una atención “más adecuada, comprensible y humana”.
Uno de los principales ejes de las jornadas es identificar las barreras que todavía encuentran muchas personas mayores cuando necesitan relacionarse con una Administración.
Entre ellas aparecen cuestiones como el lenguaje jurídico excesivamente complejo, la brecha digital, la burocracia, la dificultad para realizar determinados trámites por vía electrónica y, especialmente, la falta de coordinación entre las diferentes administraciones y servicios públicos.
La digitalización de las Administraciones ha permitido agilizar numerosos procedimientos, pero también puede convertirse en una barrera cuando una persona no dispone de conocimientos suficientes para utilizar determinadas plataformas, no tiene acceso a dispositivos adecuados o simplemente necesita una atención presencial para resolver una cuestión.
El reto, por tanto, no consiste en renunciar a la transformación digital, sino en garantizar que esta transformación no deje atrás a quienes encuentran mayores dificultades para utilizarla.
En este sentido, las jornadas plantean la necesidad de avanzar hacia modelos de atención en los que los canales digitales convivan con alternativas presenciales y telefónicas accesibles, especialmente para los servicios esenciales.
La participación ciudadana ocupa un lugar especialmente relevante en el nuevo modelo que se pretende impulsar.
La idea defendida durante las jornadas es que las políticas públicas dirigidas a las personas mayores deben contar con su participación desde el momento en que se diseñan y no únicamente cuando ya están aprobadas.
Esta cuestión adquiere especial relevancia después del proceso participativo desarrollado recientemente por la Dirección General de Mayores y Participación Activa, que permitió trasladar al Parlamento de Canarias ocho propuestas concretas, una por cada isla, elaboradas con la participación de representantes de los 24 Centros de Día de Mayores del Archipiélago.
Las propuestas abordaron cuestiones tan diversas como la atención a las personas mayores, la prevención, la soledad no deseada, la inclusión digital, la accesibilidad, la movilidad, el talento sénior y la participación en la gobernanza.
El planteamiento supone un cambio de perspectiva: las personas mayores no quieren ser únicamente receptoras de servicios, sino participar en la definición de las políticas que afectan a su vida cotidiana.
Dentro de este proceso participativo, Fuerteventura trasladó al Parlamento de Canarias una propuesta específicamente centrada en la soledad no deseada.
La representante de la isla, María del Patrocinio Ester, planteó la puesta en marcha de un Plan Integral contra la Soledad No Deseada en Canarias, con medidas destinadas a detectar situaciones de aislamiento y generar oportunidades reales de encuentro y participación.
La propuesta contempla reforzar las redes vecinales, el voluntariado, la cultura, el deporte y las actividades comunitarias, además de favorecer que las propias personas mayores participen en la búsqueda de soluciones.
El objetivo es que las personas mayores puedan mantener relaciones sociales, responsabilidades, actividades y proyectos personales y continúen formando parte activa de sus comunidades.
La propuesta adquiere especial relevancia en una comunidad insular como Canarias, donde las distancias, la dispersión territorial y las diferencias entre municipios pueden condicionar el acceso a determinados servicios y actividades.
Durante las jornadas también se ha puesto el foco en dos fenómenos que pueden pasar desapercibidos, pero que tienen un impacto directo sobre la dignidad y la autonomía de las personas mayores: la soledad no deseada y el edadismo.
La directora general de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias, Verónica Meseguer, ha reclamado un trato digno e igualitario y ha advertido de la necesidad de erradicar la infantilización de las personas mayores.
El edadismo engloba los prejuicios, estereotipos y comportamientos discriminatorios relacionados con la edad. Combatirlo implica cambiar también la percepción social de la vejez y reconocer la experiencia, los conocimientos y la capacidad de decisión de quienes forman parte de este colectivo.
Precisamente, entre las propuestas presentadas recientemente por las personas mayores de Canarias figura la creación de un Programa de Talento Sénior, destinado a reconocer y aprovechar la experiencia y los conocimientos acumulados durante toda una vida.
El debate planteado por el ICAP va mucho más allá de las oficinas administrativas.
Las jornadas analizan también cómo deben adaptarse los espacios públicos para facilitar que las personas mayores puedan desplazarse y desarrollar su vida cotidiana con autonomía y seguridad.
Aspectos aparentemente sencillos, como el estado de las aceras, la existencia de bancos, la disponibilidad de zonas de sombra, la iluminación, los pasos de peatones, el transporte público adaptado o la eliminación de barreras arquitectónicas, pueden determinar que una persona pueda salir de su domicilio y participar en la vida de su municipio o, por el contrario, termine permaneciendo en casa.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva años defendiendo precisamente el concepto de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. Su marco de actuación incluye ocho grandes áreas: espacios públicos y edificios, transporte, vivienda, participación social, respeto e inclusión, participación cívica y empleo, comunicación e información y servicios comunitarios y de salud.
La OMS considera que los entornos amigables deben facilitar que las personas mayores continúen participando en la vida económica, social y cultural de sus comunidades y puedan mantener su autonomía durante el mayor tiempo posible.
Otro de los asuntos incluidos en las jornadas es la búsqueda de nuevas soluciones residenciales adaptadas a las necesidades de una población que vive más años.
Entre las alternativas que serán analizadas se encuentran las viviendas colaborativas o cohousing, modelos residenciales que buscan combinar espacios privados con zonas y servicios compartidos, favoreciendo la convivencia, la autonomía y las relaciones sociales.
El objetivo no es únicamente ofrecer una solución habitacional, sino estudiar nuevas formas de vivir el proceso de envejecimiento, reducir el aislamiento y favorecer comunidades donde las personas puedan mantener una vida activa.
La coordinación entre administraciones y servicios será otro de los grandes asuntos abordados durante estas jornadas.
Uno de los momentos en los que esta coordinación resulta especialmente importante es el alta hospitalaria. Una persona mayor puede pasar, en cuestión de horas, de estar atendida dentro de un centro sanitario a necesitar apoyos sociales, familiares, domiciliarios o de dependencia.
Cuando los diferentes servicios no están adecuadamente coordinados, pueden producirse situaciones de desatención, duplicidades o retrasos que terminan afectando directamente a la persona y a su entorno familiar.
Por ello, el encuentro plantea la necesidad de avanzar hacia modelos de atención más integrados, donde los servicios sanitarios y sociales puedan trabajar de manera coordinada y con la persona como centro del sistema.
Las nuevas políticas dirigidas a las personas mayores se integran también en el Plan Maresía, impulsado por la Dirección General de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias.
El plan reúne diferentes programas destinados a fomentar el envejecimiento activo, la participación social, la innovación y la protección de los derechos de las personas mayores.
Maresía se estructura en cinco grandes ámbitos de actuación: envejecimiento activo y saludable; derechos, cuidados y protección; infraestructuras y espacios seguros; innovación, investigación y transformación digital; y alianzas y cooperación institucional.
El Ejecutivo autonómico ha planteado además que los centros de día y otros espacios comunitarios evolucionen hacia lugares más accesibles y participativos, donde las personas mayores puedan desarrollar actividades físicas, culturales, formativas y sociales.
El Gobierno de Canarias anunció para 2026 un presupuesto de 19,4 millones de euros para la Dirección General de Mayores y Participación Activa, con el objetivo de reforzar las políticas de envejecimiento activo, prevención de la soledad no deseada, participación y protección de los derechos de las personas mayores.
La primera jornada de este encuentro, celebrada este martes 6 de octubre, se centra en analizar la realidad demográfica de Canarias y la relación de las personas mayores con las Administraciones Públicas.
Durante la segunda jornada, prevista para este miércoles 7 de octubre, el programa abordará las herramientas de prevención y bienestar, el ejercicio físico, la estimulación cognitiva, el urbanismo, la movilidad, la accesibilidad, la vivienda y la coordinación sociosanitaria.
El encuentro concluirá con la mesa “Construyendo la Canarias amigable con las personas mayores”, en la que participarán Verónica Meseguer y la directora del Área de Salud de Tenerife, Diana Mora Izquierdo.
El objetivo final será identificar compromisos institucionales que permitan avanzar hacia un modelo social más inclusivo y adaptado al envejecimiento de la población.
El debate abierto por el Gobierno de Canarias no se limita, por tanto, a una cuestión relacionada exclusivamente con las personas mayores. Se trata de una transformación que afecta al conjunto de la sociedad.
Una Administración más comprensible, accesible y cercana beneficia especialmente a quienes encuentran mayores dificultades para utilizar determinados servicios, pero también mejora la relación de toda la ciudadanía con las instituciones.
La apuesta por eliminar barreras arquitectónicas, simplificar el lenguaje administrativo, mejorar la atención presencial, garantizar alternativas a los trámites digitales, coordinar los servicios sanitarios y sociales y facilitar la participación ciudadana forma parte de un mismo objetivo: construir una Canarias preparada para una sociedad en la que cada vez más personas vivirán durante más años.
La declaración de Fernando Clavijo resume el desafío planteado durante estas jornadas: las personas mayores deben ser escuchadas y tener capacidad real para influir en las decisiones públicas.
Y en ese camino, propuestas como la presentada por Fuerteventura contra la soledad no deseada, las demandas de accesibilidad, la inclusión digital o la creación de mecanismos estables de participación muestran que el colectivo de mayores ya está trasladando a las instituciones qué cambios considera necesarios.
El reto para las Administraciones será ahora convertir esas demandas en políticas concretas, evaluables y capaces de mejorar la vida cotidiana de miles de personas en todas las islas.