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La Policía Nacional ha detenido en Fuerteventura al responsable de una empresa dedicada a trabajos de jardinería y mantenimiento de piscinas, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. La investigación apunta a que el empresario habría empleado a personas extranjeras en situación administrativa irregular, conociendo sus circunstancias, y les habría impuesto presuntamente unas condiciones laborales abusivas.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Puerto del Rosario y comenzó el pasado mes de agosto, después de que un trabajador acudiera a los agentes para denunciar las condiciones en las que, según su testimonio, estaba prestando sus servicios para una empresa.
Posteriormente, un segundo trabajador, de manera independiente, aportó un relato similar y señaló a la misma sociedad, lo que permitió a los investigadores avanzar en las pesquisas y comprobar los hechos denunciados.
Según las declaraciones recogidas durante la investigación policial, los trabajadores habrían sido captados a través de grupos de mensajería dirigidos a personas que se encontraban en situación administrativa irregular.
Los afectados manifestaron a los agentes que realizaban jornadas laborales de entre seis y once horas y que recibían cantidades de entre 30 y 40 euros por jornada.
Los pagos, según sus declaraciones, se realizaban en efectivo y sin ningún tipo de justificante. Además, los trabajadores aseguraron que desarrollaban su actividad sin contrato de trabajo y sin estar dados de alta en la Seguridad Social.
A estas circunstancias se sumarían, siempre según los testimonios incorporados a la investigación, la ausencia de vacaciones y de pagas extraordinarias, así como frecuentes retrasos en el abono de los salarios y presuntos impagos.
Uno de los aspectos que habría llamado especialmente la atención de los investigadores está relacionado con las instrucciones que, presuntamente, recibían los trabajadores cuando podían producirse controles.
Según las declaraciones de los afectados, el empresario les habría indicado que huyeran o se escondieran ante la presencia de agentes de la Policía o de la Inspección de Trabajo.
Estas manifestaciones fueron incorporadas a las diligencias policiales junto al resto de testimonios y comprobaciones realizadas durante el operativo.
La investigación dio un nuevo paso cuando los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento que permitió localizar al investigado junto a un tercer trabajador en un complejo de apartamentos situado en Corralejo.
Este trabajador fue posteriormente entrevistado por los agentes y, según informó la Policía Nacional, manifestó que no percibía ningún tipo de remuneración económica por su trabajo.
De acuerdo con su declaración, únicamente recibía comida, víveres y útiles de aseo a cambio de realizar las tareas que se le encomendaban.
Su testimonio se sumó a las declaraciones de los otros dos trabajadores que habían denunciado previamente las condiciones laborales.
Los agentes continuaron con las comprobaciones y el análisis de la información obtenida durante la investigación, incluyendo las declaraciones de los tres trabajadores afectados y las actuaciones policiales realizadas sobre el terreno.
Finalmente, el operativo culminó el pasado 30 de septiembre con la detención del responsable de la empresa investigada.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.
La Policía Nacional recuerda que las investigaciones relacionadas con la explotación laboral permiten detectar situaciones en las que trabajadores especialmente vulnerables pueden encontrarse sometidos a condiciones laborales presuntamente contrarias a la legislación.
La actuación de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario pone nuevamente el foco sobre la importancia de denunciar posibles situaciones de explotación laboral, especialmente cuando afectan a personas que pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad por su situación administrativa.
En este caso, fueron las declaraciones de los propios trabajadores las que permitieron iniciar la investigación y posteriormente ampliar las pesquisas hasta localizar a un tercer afectado.
La actuación policial ha permitido poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, que será la encargada de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
Desde Puerto Radio recordamos que la persona detenida mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme que determine su responsabilidad.
Puerto Radio | Fuerteventura