La formación cuestiona qué expediente amparó el operativo desplegado desde el 3 de julio y reclama conocer quién solicitó formalmente la presencia de los agentes y cómo se asumieron los gastos del dispositivo
El despliegue de la Policía Canaria en Caleta de Fuste, presentado por el Ayuntamiento de Antigua como un dispositivo de seguridad «histórico», vuelve a situarse en el centro del debate político municipal.
Alternativa Local por Antigua reclama explicaciones sobre el procedimiento administrativo que permitió la llegada de los agentes a la localidad turística durante este verano y solicita conocer qué expediente, resolución o instrumento jurídico sirvió de cobertura al operativo.
La formación política centra sus críticas no en la presencia de la Policía Canaria, que considera positiva para reforzar la seguridad, sino en la necesidad de aclarar públicamente la tramitación administrativa seguida por el Ayuntamiento de Antigua y el Gobierno de Canarias.
La cuestión adquiere especial relevancia después de que, según sostiene Alternativa Local por Antigua, el propio Ayuntamiento haya reconocido en una respuesta firmada por el alcalde, Juan Cabrera, el pasado 10 de agosto, que «actualmente no existe convenio en vigor» entre el Consistorio y el Gobierno de Canarias para este fin.
Un convenio de 2022 con una duración de cuatro años
La documentación oficial permite comprobar que sí existió un convenio específico entre ambas administraciones.
El Boletín Oficial de Canarias publicó el 15 de marzo de 2022 la Resolución de 3 de marzo de ese año por la que se ordenaba publicar el Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Antigua para la colaboración entre el Cuerpo General de la Policía Canaria y la Policía Local. El acuerdo había sido firmado el 2 de marzo de 2022.
El convenio establecía como objetivo articular la cooperación entre ambos cuerpos policiales dentro del término municipal de Antigua, incluyendo la posibilidad de realizar actuaciones coordinadas y prestar apoyo en servicios temporales y concretos cuando los medios propios de la Policía Local no fueran suficientes.
Además, el documento contemplaba expresamente que el Ayuntamiento pudiera solicitar la cooperación de la Policía Canaria y establecía mecanismos de coordinación entre las respectivas jefaturas policiales.
Sin embargo, uno de los puntos que ahora adquiere importancia es su duración.
La cláusula séptima del convenio establecía que el acuerdo tendría una vigencia de cuatro años desde su firma. Asimismo, señalaba que una eventual prórroga no podía producirse de manera automática y que debía acordarse antes de finalizar la vigencia, formalizándose mediante una adenda.
El propio convenio establecía además que las prórrogas, modificaciones y adendas debían publicarse en el Boletín Oficial de Canarias e inscribirse en el Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma.
La cuestión que plantea Alternativa Local
A partir de estos antecedentes, Alternativa Local por Antigua formula una pregunta concreta: si el convenio firmado en marzo de 2022 ya no se encontraba vigente en julio de 2026, ¿qué instrumento administrativo permitió el despliegue de la Policía Canaria en Caleta de Fuste?
La formación quiere conocer si existió un nuevo convenio, una adenda, una resolución administrativa, una solicitud formal de servicio u otro procedimiento que permitiera articular la presencia de los agentes durante el verano.
La pregunta cobra mayor relevancia porque el propio texto del convenio de 2022 señalaba que los servicios de cooperación debían articularse mediante los mecanismos de coordinación establecidos entre la Dirección General de Seguridad y Emergencias y el Ayuntamiento de Antigua. También contemplaba que, semestralmente, se determinaran las previsiones y la ejecución operativa de los compromisos adquiridos, incluyendo la asignación de servicios y su duración.
Por ello, Alternativa Local considera necesario que se haga público el expediente administrativo correspondiente al dispositivo de 2026.
¿Quién solicitó el dispositivo y quién asumió los gastos?
Otra de las cuestiones planteadas por la formación política está relacionada con la solicitud formal del operativo y sus posibles costes.
El Ayuntamiento de Antigua anunció públicamente a finales de junio que había solicitado al Gobierno de Canarias la colaboración de la Policía Canaria para reforzar la seguridad en Caleta de Fuste.
Según la información difundida entonces por el propio Consistorio, el alcalde Juan Cabrera y el concejal de Seguridad y Emergencias, David Alberto Guerra, mantuvieron el 25 de junio una reunión en Tenerife con el director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias para solicitar la colaboración del cuerpo autonómico. Al día siguiente se inició la coordinación para organizar el dispositivo.
El operativo comenzó finalmente el 3 de julio.
Alternativa Local quiere saber ahora qué documento formalizó esa solicitud y bajo qué procedimiento administrativo se autorizó el desplazamiento de los agentes.
También reclama conocer qué Administración asumió los posibles gastos derivados del operativo, especialmente en relación con el traslado, alojamiento y manutención de los efectivos desplazados.
Este último aspecto tiene especial interés porque el convenio de 2022 establecía expresamente que el Ayuntamiento de Antigua asumía, dentro de las disponibilidades presupuestarias, los gastos relacionados con el traslado y alojamiento del personal de la Policía Canaria que se desplazara al municipio para prestar servicios de seguridad ciudadana.
No obstante, esa previsión correspondía al convenio de 2022, por lo que la cuestión que plantea ahora Alternativa Local es precisamente determinar si ese régimen económico seguía siendo aplicable en 2026 o si existía otro instrumento jurídico que regulase el operativo.
Diez agentes y tres perros en el dispositivo de julio
El despliegue comenzó el viernes 3 de julio con efectivos del Grupo de Respuesta Operativa de la Policía Canaria.
El Ayuntamiento de Antigua informó de la presencia de diez agentes, incluidos tres perros pertenecientes al Grupo de Guías Caninos, con especialización en detección de sustancias estupefacientes. Los efectivos se desplegaron en distintos puntos de Caleta de Fuste y realizaron patrullas a pie por las principales calles de la localidad turística.
El operativo se planteó como un dispositivo de choque frente a la delincuencia y como refuerzo de la seguridad ciudadana durante los meses de verano.
La actuación se coordinó con la Policía Local de Antigua y la Guardia Civil, estableciéndose turnos rotativos entre los distintos cuerpos de seguridad.
El alcalde Juan Cabrera calificó públicamente el despliegue como «histórico» y destacó la colaboración con el Gobierno de Canarias y con los diferentes cuerpos policiales. El Ayuntamiento también manifestó entonces su intención de que la presencia de la Policía Canaria pudiera prolongarse durante todo el año.
Un debate que no cuestiona la presencia policial
Alternativa Local por Antigua insiste en que su posición no supone cuestionar la necesidad de reforzar la seguridad en Caleta de Fuste.
La formación considera positiva la presencia de efectivos adicionales y reconoce la importancia de que Policía Local, Policía Canaria y Guardia Civil puedan coordinarse para mejorar la prevención y la respuesta ante posibles incidentes.
Su crítica se dirige exclusivamente a la gestión administrativa del dispositivo.
En este sentido, reclama que se conozca qué procedimiento se siguió, qué Administración realizó la solicitud formal, qué resolución autorizó el despliegue y qué documentación existe en el expediente.
También considera necesario aclarar las obligaciones económicas asumidas por cada Administración.
El precedente oficial deja varias preguntas abiertas
La documentación publicada en el BOC permite comprobar que el convenio de 2022 tenía una vigencia de cuatro años y que no contemplaba una prórroga automática. Para continuar su vigencia era necesario un acuerdo previo entre las partes y su formalización mediante una adenda, que además debía publicarse oficialmente.
Por otro lado, la propia normativa recogida en el convenio contemplaba que la Policía Canaria pudiera prestar apoyo a los municipios mediante instrumentos de cooperación y servicios temporales o concretos. El documento de 2022 señalaba que estos mecanismos debían concretar aspectos como el carácter temporal o permanente de los servicios y su alcance.
Por tanto, la clave del debate político no está en determinar si la Policía Canaria puede prestar servicio en Antigua, sino en conocer qué instrumento jurídico concreto se utilizó para el despliegue efectuado en Caleta de Fuste durante el verano de 2026.
Alternativa Local espera la respuesta de Seguridad
La formación asegura que está a la espera de conocer la respuesta de la Dirección General de Seguridad y Emergencias para determinar qué procedimiento administrativo permitió poner en marcha el operativo.
La petición pretende esclarecer si existe un expediente específico, una resolución, una autorización o cualquier otro documento que ampare formalmente la presencia de los agentes autonómicos en Caleta de Fuste.
Mientras tanto, el despliegue continúa formando parte de la estrategia de seguridad anunciada por el nuevo Gobierno municipal de Antigua para la principal localidad turística del municipio.
La polémica política se centra ahora en una cuestión esencial de transparencia administrativa: si el anterior convenio tenía una vigencia de cuatro años y no existe actualmente un convenio en vigor, qué expediente y qué resolución permitieron el despliegue de la Policía Canaria en Caleta de Fuste en 2026?
La respuesta a esa pregunta deberá determinar si existe un nuevo instrumento de cooperación, una autorización específica para el servicio o cualquier otra fórmula administrativa que explique documentalmente el operativo desarrollado desde el pasado 3 de julio.
Por el momento, Alternativa Local por Antigua reclama que esa documentación sea conocida y que se expliquen públicamente las condiciones administrativas y económicas que hicieron posible el despliegue.