Las nuevas bases incorporan la atención comunitaria e inclusión social en salud mental y la investigación e innovación social, además de introducir cambios en los requisitos, gastos subvencionables y criterios de valoración
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha actualizado las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar proyectos de interés social con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre Sociedades.
La nueva regulación, publicada en el Boletín Oficial de Canarias y ya en vigor, introduce modificaciones dirigidas a clarificar el procedimiento de concesión de estas ayudas, reforzar la seguridad jurídica de las entidades solicitantes y mejorar los mecanismos de distribución y control de los fondos públicos.
Entre las principales novedades destaca la ampliación de las líneas de proyectos susceptibles de recibir financiación, que pasan de 14 a 16 con la incorporación de dos nuevos ámbitos: la atención comunitaria e inclusión social en salud mental y la investigación e innovación social.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha señalado que la modificación pretende favorecer una mayor claridad normativa y mejorar la distribución de los recursos destinados a proyectos de interés general.
Dos nuevas líneas para responder a nuevas necesidades sociales
La modificación de las bases supone una ampliación de los ámbitos que pueden recibir financiación a través de estas subvenciones. Entre las novedades figura la incorporación de la atención comunitaria y la inclusión social en el ámbito de la salud mental, una línea que pretende dar cabida a proyectos orientados a las necesidades sociales vinculadas a este ámbito.
También se incorpora una línea específica destinada a la investigación e innovación social, con el objetivo de favorecer proyectos que contribuyan a mejorar el conocimiento de la realidad social de Canarias y a desarrollar nuevas herramientas, metodologías o modelos de intervención.
La ampliación responde a la intención de adaptar las ayudas a la evolución de las necesidades sociales y favorecer una mayor especialización del gasto público.
Ya en febrero de 2026, el Gobierno de Canarias había avanzado que la modificación de las bases pretendía precisamente ampliar el impacto de estas subvenciones y mejorar su gestión, incluyendo el paso de 14 a 16 líneas de ayudas.
Un amplio abanico de ámbitos de actuación
Con las nuevas bases, las subvenciones abarcan un amplio conjunto de áreas relacionadas con la atención social y la inclusión.
Entre ellas se encuentran los proyectos destinados a favorecer la inclusión social y laboral, mejorar la calidad de vida de las personas mayores, atender a personas inmigrantes y promover la autonomía personal y la atención a las situaciones de dependencia.
También se contemplan actuaciones dirigidas a favorecer la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, así como programas relacionados con la infancia y las familias, la juventud, la diversidad y la promoción de la igualdad.
Las bases incluyen igualmente actuaciones de prevención de la violencia de género, atención social a personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad por factores relacionados con la salud y programas dirigidos al pueblo gitano.
A este conjunto se suman proyectos destinados a fomentar la participación ciudadana y el voluntariado, además de actuaciones relacionadas con la inversión en instalaciones y equipamiento.
De esta manera, la convocatoria mantiene un carácter transversal y permite financiar iniciativas desarrolladas por entidades sociales en diferentes ámbitos de intervención.
Cambios en los requisitos y en el número de solicitudes
Otra de las modificaciones introducidas afecta directamente a los requisitos que deben cumplir los proyectos que opten a estas subvenciones.
Las nuevas bases redefinen, entre otros aspectos, los límites máximos de proyectos que pueden presentarse dentro de cada línea de actuación y amplían hasta nueve el número máximo de solicitudes que puede presentar cada entidad.
El objetivo es establecer un marco más claro para la participación de las organizaciones y facilitar una distribución de los recursos que permita atender diferentes necesidades sociales.
La Consejería también plantea una mayor precisión en los criterios que deben cumplir los proyectos para poder acceder a la financiación pública.
Más control sobre los gastos subvencionables
La actualización de las bases incorpora asimismo modificaciones relacionadas con los gastos que pueden ser financiados mediante estas ayudas.
La nueva regulación establece límites específicos para determinados conceptos, entre ellos las retribuciones del personal encargado de las funciones de dirección o coordinación, así como los gastos vinculados a la gestión y al mantenimiento.
La Consejería señala que estos cambios pretenden reforzar el control sobre el destino de los fondos públicos y aportar una mayor seguridad jurídica tanto a la Administración como a las entidades beneficiarias.
La clarificación de los gastos subvencionables había sido señalada previamente por el Gobierno de Canarias como uno de los objetivos centrales de la reforma, junto con la simplificación de la gestión administrativa y la optimización de la distribución de los créditos.
Nuevos criterios para valorar la calidad de los proyectos
La modificación también afecta al sistema de valoración de las propuestas presentadas por las entidades sociales.
La cuantía de las subvenciones se vincula a modificaciones en la puntuación obtenida por los proyectos, estableciendo mecanismos destinados a evitar que puedan acceder a financiación aquellas iniciativas que no alcancen un nivel mínimo de calidad técnica.
Con ello, la Administración pretende que los recursos disponibles se concentren en proyectos que presenten una planificación adecuada, una intervención suficientemente definida y una capacidad acreditada para alcanzar los objetivos planteados.
Los criterios de valoración incorporan además nuevos elementos relacionados con la gestión de la diversidad y con la representatividad territorial de los proyectos.
Mayor atención a las islas no capitalinas
Uno de los elementos incorporados a los criterios de valoración es la representatividad de los proyectos en las islas no capitalinas.
Este aspecto adquiere especial relevancia en una comunidad autónoma caracterizada por su fragmentación territorial y por las diferencias existentes entre los distintos territorios insulares.
La inclusión de este criterio pretende tener en cuenta la implantación y el alcance territorial de las iniciativas, especialmente aquellas que desarrollen actuaciones fuera de las islas capitalinas.
Para entidades sociales que trabajan directamente con colectivos vulnerables en islas como Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, este tipo de criterios puede resultar especialmente relevante a la hora de plantear sus proyectos y justificar su implantación territorial.
El papel de las entidades sociales
Las subvenciones financiadas con cargo a la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades constituyen una de las principales vías de apoyo público a los programas desarrollados por las entidades del Tercer Sector en Canarias.
Estas organizaciones desarrollan proyectos dirigidos a personas y colectivos que pueden encontrarse en situaciones de pobreza, exclusión social o especial vulnerabilidad.
En febrero de 2026, el Gobierno de Canarias informó de que la convocatoria anterior había recibido 583 solicitudes correspondientes a 193 entidades sociales, mientras que la convocatoria de 2024 permitió financiar 354 programas de interés general y atender a más de 840.000 personas.
El Ejecutivo autonómico también señaló entonces que la convocatoria correspondiente a 2025 contaba con una partida cercana a los 19,5 millones de euros, un 6,65% más que la anterior, según los datos facilitados por la propia Consejería.
Estos recursos permiten que las organizaciones sociales puedan desarrollar programas de atención directa, acompañamiento, inclusión, prevención y promoción de la autonomía personal en diferentes puntos del Archipiélago.
Una reforma orientada a reforzar la gestión de las ayudas
La actualización de las bases se enmarca, por tanto, en un proceso de revisión de los mecanismos mediante los que se distribuyen estos fondos.
La Consejería de Bienestar Social sostiene que la nueva regulación busca combinar una mayor claridad de las reglas con un mejor control de los recursos y una evaluación más rigurosa de los proyectos.
El Gobierno de Canarias ya había explicado durante la presentación del proyecto de modificación que la reforma pretendía reforzar la seguridad jurídica, clarificar los gastos subvencionables, simplificar la gestión administrativa y optimizar la distribución de los créditos.
La intención es que las entidades conozcan con mayor precisión las condiciones de acceso a las ayudas y que la Administración pueda evaluar de forma más homogénea las iniciativas presentadas.
Una convocatoria con impacto directo en la atención social
Más allá de los cambios administrativos, estas subvenciones tienen una incidencia directa sobre numerosos programas sociales que se desarrollan en Canarias.
Las ayudas permiten financiar iniciativas dirigidas a personas mayores, personas con discapacidad, familias, jóvenes, personas migrantes, colectivos en situación de vulnerabilidad y otros grupos que requieren apoyo especializado.
La incorporación de la salud mental y de la investigación e innovación social amplía además el ámbito de actuación de unas ayudas que, hasta ahora, ya financiaban programas relacionados con buena parte de las principales necesidades sociales del Archipiélago.
El reto para las entidades será ahora adaptar sus proyectos a las nuevas condiciones establecidas y justificar adecuadamente tanto la calidad técnica de las propuestas como su impacto social y territorial.
La actualización de las bases abre así una nueva etapa para una línea de subvenciones que el Gobierno de Canarias considera una herramienta fundamental para apoyar proyectos de interés general y fortalecer el tejido social de las Islas.
Una herramienta para fortalecer el tejido social de Canarias
La modificación de estas bases reguladoras supone, en definitiva, una actualización del marco mediante el que se canalizan recursos públicos hacia las organizaciones sociales.
Con 16 líneas de actuación, nuevos ámbitos vinculados a la salud mental y la innovación social, cambios en los requisitos de presentación, una regulación más precisa de los gastos y nuevos criterios de valoración, el Gobierno de Canarias pretende avanzar hacia un sistema de financiación de proyectos sociales con mayores garantías de control y evaluación.
Para las entidades del Tercer Sector, la nueva regulación establece el marco que deberán tener en cuenta a la hora de diseñar y presentar sus proyectos, mientras que para la ciudadanía el objetivo último de estas ayudas continúa siendo el mismo: favorecer programas capaces de atender necesidades sociales y mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
