La asociación Tierra Bonita reclama una investigación sobre la gestión sanitaria de la emergencia provocada por la erupción del volcán Tajogaite, en La Palma, al considerar que distintos estudios científicos, advertencias realizadas durante y después de la erupción y determinados datos epidemiológicos justifican revisar las medidas adoptadas para proteger a la población frente a gases, cenizas y partículas volcánicas.
La organización pone el foco especialmente en los resultados provisionales del proyecto ASHES, promovido por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), así como en las conclusiones del estudio ISVOLCAN y en otros datos relacionados con la exposición de la población durante la emergencia.
Tierra Bonita sostiene que debería analizarse qué información científica y técnica estaba disponible en cada momento, cómo se comunicaron los riesgos a la ciudadanía, qué medidas de protección fueron adoptadas y cuáles fueron las consecuencias sanitarias de la exposición. La asociación insiste en que cualquier evaluación debe realizarse teniendo en cuenta el conocimiento científico disponible durante la propia emergencia y no únicamente la información obtenida posteriormente.
A continuación, Puerto Radio reproduce íntegramente el comunicado difundido por Tierra Bonita:
COMUNICADO ÍNTEGRO DE TIERRA BONITA
Tierra Bonita exige investigar si fueron suficientes las medidas para proteger a la población de los gases y cenizas del volcán Tajogaite
La asociación considera que los resultados provisionales de estudios científicos, las advertencias de especialistas y los datos de mortalidad justifican examinar también la gestión sanitaria de la emergencia volcánica
La asociación Tierra Bonita mantiene que las evidencias aportadas por distintos estudios médicos sobre las consecuencias sanitarias de la erupción del Tajogaite justifican abrir una investigación sobre la gestión sanitaria de esta emergencia, con el objetivo de determinar si las medidas adoptadas por las autoridades competentes fueron adecuadas y suficientes para prevenir o reducir los daños sobre la salud de la población.
La asociación toma como referencia, entre otros trabajos, el proyecto ASHES (Analysis of Exposure and Respiratory Health Effects of Volcanic Eruption in the Canary Islands), promovido por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), cuyos resultados provisionales han sido dados a conocer por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Entre sus principales conclusiones, el estudio asocia una mayor exposición a la erupción con hasta tres veces más probabilidades de presentar tos y con el doble de alteraciones compatibles con un patrón obstructivo pulmonar en la población más expuesta. En un análisis de 474 participantes se observó un incremento relevante de los síntomas durante la erupción, con persistencia posterior y un patrón dosis-respuesta; es decir, a mayor exposición, mayor sintomatología.
En el marco de este proyecto también fueron evaluados 188 niños, niñas y adolescentes de entre seis y dieciocho años residentes en las zonas más expuestas del Valle de Aridane, entre diez y diecisiete meses después de la erupción, identificándose igualmente una mayor sintomatología entre los menores más expuestos.
A estos resultados se suma el estudio ISVOLCAN, publicado en la revista científica Environmental Health, que analizó inicialmente una cohorte de 1.002 participantes, incluyendo población general y personas que intervinieron durante la emergencia. Este trabajo encontró entre los residentes de la zona occidental de La Palma una mayor probabilidad de síntomas de las vías respiratorias inferiores, ansiedad o depresión e insomnio. El proyecto estudia asimismo los efectos de la exposición a las cenizas y otros materiales emitidos durante la erupción.
Para Tierra Bonita estos resultados aportan elementos científicos que justifican investigar si las administraciones competentes evaluaron y vigilaron adecuadamente los riesgos sanitarios derivados de la exposición a gases, cenizas y partículas, y si adoptaron todas las medidas de prevención y protección razonablemente exigibles de acuerdo con la información disponible en aquel momento.
ADVERTENCIAS DE ESPECIALISTAS Y AUMENTO DE MORTALIDAD
La asociación recuerda asimismo que en 2022 las alergólogas del Hospital General de La Palma Zulay Almeida y Paula Jiménez manifestaron públicamente que, a su juicio, se debió confinar durante más tiempo a la población en episodios de calidad del aire extremadamente desfavorable. También advirtieron de las limitaciones de las mascarillas FFP2 frente a los gases volcánicos. Durante la emergencia, las autoridades recomendaron este tipo de mascarillas fundamentalmente como protección frente a la inhalación de cenizas y partículas.
Además, en unas jornadas técnicas abiertas al público en años posteriores, científicos que vigilaban la calidad del aire con estaciones móviles en el Valle de Aridane reconocieron que las partículas más pequeñas podían incluso llegar a sortear los filtros de las mascarillas.
Tierra Bonita considera que también debe analizarse el incremento de mortalidad registrado en La Palma durante los meses de la erupción. Un análisis realizado por el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid Rafael Cascón a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) situó ese aumento entre septiembre y diciembre de 2021 en torno al 40 % respecto a la media del periodo utilizado como referencia, frente a aproximadamente un 15 % en el conjunto de Canarias.
La asociación subraya que esta coincidencia temporal no demuestra por sí sola que exista una relación causal con la contaminación volcánica, pero considera que constituye un dato suficientemente relevante como para ser estudiado epidemiológicamente, puesto que fueron justo los meses de la erupción.
CUATRO ASPECTOS CLAVE QUE INVESTIGAR
La Ley General de Salud Pública establece que se deben vigilar los riesgos ambientales y sus efectos sobre la salud, incluida la presencia de agentes contaminantes en el medio ambiente y en las personas, aplicándose sistemas de alerta y respuesta ante amenazas que puedan suponer un riesgo. Y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público regula la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por lesiones derivadas de su funcionamiento normal o anormal.
Por ello, Tierra Bonita considera necesario esclarecer cuatro cuestiones fundamentales.
La primera es qué se sabía: qué información científica, mediciones de calidad del aire, informes técnicos y advertencias sobre cenizas, partículas y gases estaban a disposición de las autoridades durante la erupción, así como si los medios instrumentales desplegados eran suficientes para realizar esta vigilancia.
La segunda es qué se comunicó: qué información recibió realmente la población sobre los riesgos de la exposición, especialmente quienes permanecieron o tuvieron que acceder a las zonas más afectadas por la contaminación volcánica.
La tercera es qué medidas se adoptaron: qué actuaciones de prevención y protección se llevaron a cabo para residentes, trabajadores, agricultores, personal de emergencias, voluntarios y personas encargadas de retirar cenizas, y cómo fueron adaptándose esas medidas a la evolución de la contaminación y al conocimiento científico disponible.
Y la cuarta es qué consecuencias sanitarias hubo: qué efectos sobre la salud pueden relacionarse científicamente con la exposición a los contaminantes volcánicos y, especialmente, si los estudios epidemiológicos permiten identificar una relación entre el nivel de exposición y la aparición o intensidad de determinadas patologías o síntomas.
Para esclarecer estas cuestiones, Tierra Bonita considera necesario recopilar y analizar sistemáticamente la documentación generada durante la emergencia. Entre otros materiales, reclama el estudio de las actas y documentos del Comité Científico y del Comité Director del PEVOLCA; los informes y series completas sobre calidad del aire y concentraciones de PM10, PM2,5 y SO₂; los modelos de dispersión atmosférica; los mapas de deposición y resuspensión de cenizas; los informes de Salud Pública; los protocolos de vigilancia epidemiológica; las recomendaciones dirigidas a la población; la documentación relativa a la protección de trabajadores y voluntarios; los análisis sobre composición y toxicidad de las cenizas; las comunicaciones entre las distintas administraciones, y los criterios utilizados para autorizar accesos y retornos a las zonas afectadas.
La asociación sostiene que resulta especialmente importante determinar de qué información disponía cada organismo público en cada momento de la erupción. Cualquier valoración posterior sobre una eventual actuación u omisión administrativa debe realizarse atendiendo al conocimiento científico y técnico disponible entonces y no exclusivamente a los datos obtenidos años después.
Tierra Bonita considera que una investigación independiente permitiría determinar si existieron deficiencias en la prevención, vigilancia, información o protección sanitaria durante la emergencia y, en su caso, evaluar las consecuencias jurídicas que pudieran corresponder.
Pero, por encima de ello, sostiene que serviría para que las administraciones públicas puedan aprender de los aciertos y de los posibles errores cometidos durante la gestión sanitaria de la erupción del Tajogaite y mejorar los protocolos ante futuras emergencias volcánicas.
Para la asociación, este objetivo «solo es posible con transparencia en la documentación oficial y una investigación científica independiente».
