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El Gobierno de Canarias reclama que se apruebe cuanto antes el decreto que permita mantener durante 2027 el descuento del 100 % en los abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre del Archipiélago. La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, advierte de que, sin esa prórroga, la gratuidad actualmente garantizada hasta el 31 de diciembre de 2026 no tendría continuidad el próximo año.
El Gobierno de Canarias ha vuelto a reclamar al Estado que garantice la continuidad de la gratuidad del transporte público durante 2027, una medida que actualmente está asegurada hasta el próximo 31 de diciembre, pero cuya prórroga todavía no ha sido aprobada.
La petición fue trasladada por la directora general de Transportes y Movilidad del Ejecutivo autonómico, María Fernández, durante la reunión de la Comisión de Directores Generales de Transporte Terrestre del Estado y de las comunidades autónomas, celebrada este miércoles en Madrid, en la que la representante canaria participó de forma telemática.
El encuentro se produce en un momento marcado por la incertidumbre política y por la convocatoria de elecciones, una circunstancia que, según ha advertido el Ejecutivo autonómico, puede condicionar la tramitación de las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la bonificación.
María Fernández ha insistido en la necesidad de que el Estado apruebe el correspondiente decreto de prórroga de la gratuidad del transporte. La directora general considera que existen argumentos suficientes para que la medida pueda continuar, ya que no se trataría de implantar una nueva política, sino de dar continuidad a un sistema que ya se encuentra en funcionamiento.
La representante del Gobierno de Canarias ha señalado que las circunstancias que justificaron la implantación de la medida continúan vigentes y ha defendido que la Diputación Permanente pueda aprobar el correspondiente decreto ley una vez disueltas las Cámaras.
“Todavía estamos esperando que lleguen las partidas presupuestarias que justificamos a final de septiembre”, ha explicado Fernández, quien ha situado el principal motivo de preocupación en la ausencia de garantías sobre la continuidad de la gratuidad más allá del 31 de diciembre.
La directora general ha advertido de que, si el decreto de prórroga no sale adelante después del 29 de noviembre, Canarias podría quedarse sin la financiación necesaria para mantener durante 2027 el actual sistema de transporte público gratuito.
La situación tiene su origen en la normativa estatal que regula las ayudas destinadas al transporte público durante el presente ejercicio.
El Real Decreto-ley 17/2025, de 23 de diciembre, establece para 2026 un descuento del 100 % en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre de Canarias, en reconocimiento de la realidad insular del Archipiélago. :chatgpt-content-reference{index=»1″}
La norma establece además que la Comunidad Autónoma de Canarias debe acreditar la implantación efectiva de la gratuidad y asumir el compromiso de mantenerla hasta el 31 de diciembre de 2026. Por tanto, la regulación actualmente vigente no garantiza automáticamente la continuidad de la medida durante 2027. :chatgpt-content-reference{index=»2″}
El propio Real Decreto-ley fija para Canarias una ayuda estatal de 120 millones de euros, distribuida en dos anualidades: 78 millones correspondientes a 2026 y 42 millones correspondientes a 2027. El texto establece también un sistema de anticipos y posterior justificación de las cantidades recibidas. :chatgpt-content-reference{index=»3″}
La gratuidad de los abonos y títulos multiviaje se ha convertido en una de las principales medidas de movilidad implantadas en Canarias en los últimos años.
Su objetivo no se limita a reducir el coste que deben asumir las personas usuarias. La política de transporte público gratuito pretende también favorecer el uso de la guagua y el tranvía, reducir la dependencia del vehículo privado y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible.
El Gobierno de Canarias ha defendido en diferentes ocasiones que la medida tiene además una dimensión social y territorial especialmente relevante en un territorio fragmentado en ocho islas, donde las características de la movilidad son diferentes a las de otros territorios peninsulares.
La reunión entre las administraciones también ha permitido avanzar en otro asunto considerado estratégico por el Ejecutivo autonómico: la incorporación de Canarias al Abono Único Estatal.
Según ha explicado María Fernández, el Estado ha mostrado disposición a mantener una reunión bilateral con Canarias para estudiar la firma de un protocolo que permita adaptar el nuevo modelo estatal a las particularidades competenciales y territoriales del Archipiélago.
El objetivo de Canarias es que el Bono Residente Canario pueda integrarse en el futuro sistema estatal, evitando que las Islas queden al margen de una herramienta concebida para facilitar el uso del transporte público mediante un sistema de títulos interoperables.
El Gobierno autonómico había trasladado previamente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sus dudas sobre el programa de Abono Único publicado en el Boletín Oficial del Estado, al considerar que el modelo inicialmente diseñado no contemplaba adecuadamente la estructura competencial del transporte en Canarias.
La normativa estatal establece que la adhesión al sistema de Abono Único es voluntaria para las comunidades autónomas y las entidades locales y contempla la posibilidad de establecer mecanismos de financiación para compensar los posibles impactos económicos que la incorporación al sistema pueda generar en las administraciones participantes. :chatgpt-content-reference{index=»4″}
Desde Canarias se pretende ahora que estas particularidades puedan abordarse directamente con el Ministerio mediante una mesa bilateral.
Una de las principales dificultades que presenta la aplicación de un sistema estatal en Canarias es la propia organización del transporte público del Archipiélago.
La gestión del transporte terrestre se encuentra descentralizada y requiere la coordinación entre el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y las diferentes autoridades y operadores responsables de los servicios.
Por este motivo, el Ejecutivo autonómico considera necesario que cualquier incorporación de Canarias al modelo estatal tenga en cuenta aspectos como la financiación, los mecanismos de compensación económica, los sistemas tecnológicos y la participación de las distintas administraciones competentes.
Precisamente, estas cuestiones fueron trasladadas por la Dirección General de Transportes y Movilidad al Ministerio durante las últimas semanas, reclamando una fórmula que permita integrar el sistema canario sin perder las particularidades que ya existen en las Islas.
Mientras se negocia el encaje de Canarias en el futuro sistema estatal, el Gobierno autonómico continúa desarrollando su propio proyecto de Título Único de Transporte de Canarias.
La iniciativa permitirá utilizar un mismo título de transporte en diferentes islas y combinar los servicios de transporte público terrestre del Archipiélago, tanto en guagua como en tranvía, según la información facilitada por el Ejecutivo autonómico.
El proyecto tecnológico ya se encuentra desarrollado y, según la Dirección General de Transportes y Movilidad, está a punto de comenzar su fase de funcionamiento piloto.
Para avanzar en su implantación, el Gobierno de Canarias ha transferido recursos económicos a los cabildos con el objetivo de que puedan adaptar sus sistemas tecnológicos e integrar la nueva herramienta.
El siguiente paso será la puesta en marcha de una convocatoria pública para que ciudadanos y ciudadanas que cumplan los requisitos puedan participar en las pruebas piloto del nuevo sistema.
La previsión anunciada por el Gobierno de Canarias es que durante el mes de diciembre se pueda experimentar con esta tecnología y comprobar su funcionamiento en desplazamientos entre diferentes islas.
El proyecto pretende avanzar hacia un sistema en el que las personas usuarias puedan desplazarse por el Archipiélago utilizando un único título, simplificando la movilidad y reduciendo las actuales diferencias entre los distintos sistemas de transporte insulares.
La reclamación planteada por Canarias al Estado abre así un nuevo capítulo en la negociación sobre el futuro de la gratuidad del transporte público en las Islas.
Por un lado, el Ejecutivo autonómico reclama que se garantice la continuidad del descuento del 100 % durante 2027. Por otro, trabaja para que el Archipiélago pueda incorporarse al nuevo sistema estatal de Abono Único sin perder las particularidades derivadas de su estructura territorial y competencial.
En paralelo, Canarias continúa desarrollando su propio Título Único Canario, cuya fase piloto está prevista para diciembre.
El principal interrogante a corto plazo se encuentra ahora en la decisión que adopte el Estado sobre la prórroga de la gratuidad. La medida actualmente vigente tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2026, por lo que el Ejecutivo canario reclama que la situación quede resuelta con suficiente antelación para evitar incertidumbre tanto a las administraciones como a las empresas operadoras y, especialmente, a los usuarios del transporte público.