La iniciativa, presentada en el Parlamento de Canarias, busca reforzar la solvencia de las pequeñas empresas y favorecer la inversión en capital humano
El comisionado del sistema económico y fiscal de Canarias, José Ramón Barrera, ha presentado en la Comisión de Economía del Parlamento de Canarias una propuesta para incorporar un nuevo incentivo fiscal orientado a mejorar la competitividad del tejido empresarial del archipiélago, con especial atención a la conciliación laboral y la formación de los trabajadores.
La medida plantea la incorporación de un instrumento inspirado en la Reserva de Capitalización, con el objetivo de reducir los costes de funcionamiento de las empresas y fomentar la inversión en capital humano, especialmente en un contexto donde predominan las micropymes.
Durante su intervención, Barrera defendió la necesidad de adaptar el sistema económico canario a la realidad actual, señalando que “el modelo vigente presenta una eficacia limitada”, al centrarse principalmente en incentivar la inversión en capital físico y no en otros factores clave para el desarrollo empresarial.
La propuesta permitiría a las empresas mejorar su capitalización sin necesidad de realizar inversiones concretas, lo que aportaría mayor flexibilidad en la gestión de recursos y aumentaría su capacidad para afrontar situaciones económicas adversas. En este sentido, el nuevo incentivo facilitaría que los beneficios retenidos se destinen al refuerzo de los fondos propios, reduciendo la dependencia de financiación externa y mejorando la solvencia empresarial.
Uno de los aspectos más relevantes del planteamiento es que contempla una reducción de la base imponible que podría alcanzar hasta el 40% con carácter general, ampliable hasta el 60% en casos vinculados a la creación de empleo, la formación de la plantilla o la implantación de medidas de conciliación laboral.
El comisionado explicó que esta herramienta toma como referencia el modelo estatal vigente desde 2015, que ha ido ampliando su alcance hasta alcanzar una reducción del 20% en el impuesto de sociedades en 2024. Sobre esta base, la propuesta para Canarias busca intensificar sus efectos mediante un tratamiento diferencial adaptado a las singularidades del archipiélago.
Desde el ámbito académico, expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna han valorado positivamente la iniciativa, destacando su potencial para incrementar la competitividad, reducir el riesgo financiero y favorecer una mayor equidad territorial. Asimismo, consideran que este instrumento sería complementario a otros ya existentes y no generaría distorsiones en el sistema.
Barrera subrayó que esta medida permitiría ampliar el alcance de los incentivos actuales, ofreciendo alternativas a aquellas empresas que no pueden acogerse a ellos por no realizar inversiones, lo que beneficiaría especialmente a las micropymes, que representan más del 90% del tejido productivo de Canarias.
La propuesta se enmarca en una reflexión más amplia sobre la evolución del sistema económico insular, cuya aplicación ha experimentado un descenso en las últimas décadas tanto en el número de empresas beneficiarias como en el volumen de recursos movilizados.
Con esta iniciativa, el comisionado plantea avanzar hacia un modelo más flexible, más social y adaptado a las necesidades reales del tejido empresarial, con el objetivo de fortalecer su crecimiento y competitividad a largo plazo. “No se trata de repartir la riqueza, sino de generar más para que la prosperidad sea compartida”, concluyó.
La iniciativa ha contado con el respaldo de varias formaciones políticas, entre ellas el Partido Popular, Coalición Canaria, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera y Vox, cuyos representantes coincidieron en la necesidad de actualizar los instrumentos económicos del archipiélago para lograr un crecimiento más justo e inclusivo.