Las comunidades autónomas exigen por unanimidad a la ministra Mónica García un pacto urgente sobre el Estatuto Marco ante el impacto de un conflicto estatal que ya ha suspendido 80.000 actos médicos en las islas.
La paciencia de las comunidades autónomas se ha agotado. En un movimiento unánime sin precedentes recientes, las 17 autonomías han hecho un frente común para exigir al Ministerio de Sanidad que despierte de su inmovilismo. Durante el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) celebrado en Madrid, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, junto a sus homólogos regionales, ha urgido a la ministra Mónica García a solucionar de inmediato el conflicto estatal con el colectivo médico por el polémico Anteproyecto del Estatuto Marco.
Se trata del segundo posicionamiento conjunto en apenas un mes, lo que refleja la gravedad de una crisis que está golpeando directamente la atención sanitaria de todo el país. La modificación de esta norma es competencia exclusiva del Gobierno central y es, precisamente, el detonante de las movilizaciones.
Un decálogo de mínimos para salvar la sanidad
Los consejeros autonómicos han puesto sobre la mesa del Ministerio un decálogo de medidas urgentes, consensuado previamente en la Comisión de Recursos Humanos. Este documento busca reconducir las negociaciones bajo dos premisas fundamentales: consenso profesional y viabilidad económica.
Las exigencias clave de las CCAA al Ministerio se resumen en:
- Liderazgo y negociación: Devolver el debate al seno de la Comisión de Recursos Humanos para aprovechar el trabajo técnico y dar seguridad jurídica al SNS.
- Memoria económica: Presentar de manera obligatoria una evaluación del impacto financiero de las medidas propuestas para garantizar que el nuevo Estatuto sea viable de implantar.
- Mediación independiente: Recuperar la propuesta de activar figuras neutrales (como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes) para desbloquear el diálogo.
El «freno» del Ministerio a las mejoras regionales
La gran preocupación transmitida por Esther Monzón radica en el bloqueo competencial. Las comunidades autónomas denuncian que, por mucho que los servicios de salud regionales pacten mejoras laborales con sus médicos a nivel local, la huelga general continuará si el Ministerio no arregla el conflicto de base estatal.
«Pedimos al Ministerio que se replantee su postura, dialogue y entienda que todas las CCAA hacemos un frente común. Su inmovilismo hace que la huelga estatal continúe, restando eficacia a los esfuerzos y mejoras que adoptamos desde el ámbito regional«, alertó Monzón.
Canarias, una de las grandes damnificadas: 80.000 citas suspendidas
El impacto de este conflicto en el Archipiélago canario es crítico. En tan solo seis meses, la huelga médica ha provocado la suspensión de 80.000 actos médicos en las islas, una sangría asistencial que la Consejería canaria urge a detener de inmediato.
Canarias ha liderado la búsqueda de soluciones desde el primer momento. Ya el pasado 20 de marzo, junto a Euskadi y Castilla-La Mancha, remitió una carta a la ministra solicitando un mediador independiente, una propuesta que se sumó a las exigencias de reformas estructurales planteadas también el pasado 10 de junio.
La pelota está ahora, de forma unánime y sin fisuras, en el tejado del Ministerio de Sanidad.