El Tribunal Superior de Justicia de Canarias estima el recurso de una fundación local y detecta «deficiencias» graves en los criterios económicos y financieros aplicados por el Ayuntamiento para cuantificar el impuesto.
Varapalo judicial de calado para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nula de pleno derecho la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida de basuras, aprobada de forma definitiva por el pleno municipal en abril de 2024.
El alto tribunal autonómico tumba de esta manera el nuevo impuesto tras estimar el recurso presentado por la Fundación Canaria Escuelas de Antúnez. La defensa jurídica de este colectivo ha corrido a cargo del despacho Acosta y Navarro, una firma que ya cuenta con precedentes similares en el ámbito estatal al haber logrado tumbar también la ordenanza de basuras del Ayuntamiento de Madrid.
Una memoria económica ineficaz y deficiente
Los magistrados de la sala fundamentan su decisión en las graves «deficiencias» localizadas tanto en los criterios empleados para cuantificar y repartir la tasa como en la propia memoria económica-financiera sobre la que se sustenta el texto legal.
Según recoge la sentencia, el documento técnico aportado por el consistorio capitalino «no cumple adecuadamente» con la función obligatoria de justificar el coste real o previsible del servicio de recogida de residuos. Al no quedar acreditado este coste de forma nítida, los criterios aplicados por la administración para distribuir la carga impositiva entre los contribuyentes y vecinos de la ciudad quedan desprovistos de validez legal.
Un revés en plena implantación del ‘tarifazo’
Esta nulidad supone un terremoto fiscal para el grupo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, que se enfrenta ahora a la necesidad de revisar a fondo el diseño técnico de una tasa que fue recibida con fuerte controversia vecinal e institucional en el momento de su aprobación.
La resolución judicial abre un nuevo escenario administrativo en el municipio, obligando a la corporación local a subsanar los errores de cálculo señalados por el TSJC si pretende volver a articular este gravamen bajo el marco de las exigencias normativas actuales.