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El Gobierno de Canarias autoriza el gasto plurianual para contratar las obras de una infraestructura que lleva años esperando la capital majorera y que permitirá concentrar en una única sede los órganos judiciales del Partido Judicial de Puerto del Rosario
Puerto del Rosario se prepara para afrontar una de las grandes obras públicas de su historia reciente. El Gobierno de Canarias ha autorizado este lunes el gasto plurianual destinado a la contratación de las obras del nuevo Edificio Judicial de Puerto del Rosario, una actuación presupuestada en 70.011.128 euros y cuyo plazo de ejecución será de cuatro años desde el inicio de los trabajos.
La decisión supone un paso especialmente relevante para una infraestructura que lleva años formando parte de las demandas de la sociedad majorera y que ha tenido que superar diferentes obstáculos administrativos, urbanísticos y relacionados con la disponibilidad del suelo.
El objetivo final es claro: poner fin a la dispersión de los órganos judiciales de Puerto del Rosario y reunir en una única sede los servicios que actualmente se encuentran repartidos por distintos edificios de la capital.
La autorización aprobada por el Ejecutivo autonómico permitirá avanzar en la contratación de la ejecución de las obras mediante una tramitación anticipada durante el ejercicio 2026.
El expediente será impulsado por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, dentro de la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Administración de Justicia en Canarias 2017-2031.
La previsión establece un periodo de construcción de cuatro años, una vez que el contrato sea adjudicado y comiencen oficialmente las obras.
El Gobierno de Canarias considera que la actuación resulta necesaria debido a la situación actual de las dependencias judiciales de Puerto del Rosario, caracterizadas por la dispersión de sus órganos y por unas instalaciones que presentan limitaciones de espacio y escasas posibilidades de crecimiento.
El futuro edificio está concebido como una gran infraestructura judicial capaz de concentrar los servicios actualmente repartidos por diferentes puntos de Puerto del Rosario.
El proyecto presentado contempla una superficie útil aproximada de 21.000 metros cuadrados, distribuidos en seis plantas: dos bajo rasante y cuatro sobre rasante.
La distribución responde a las necesidades de una infraestructura judicial moderna y preparada también para afrontar futuras ampliaciones.
En el segundo sótano se prevén espacios destinados a instalaciones, servicios, aparcamiento, archivos y dependencias vinculadas al Instituto de Medicina Legal.
El primer sótano contará también con plazas de aparcamiento y albergará la zona de seguridad, los calabozos, dependencias policiales y el juzgado de guardia.
La planta baja estará destinada principalmente al acceso principal y a los servicios generales del edificio.
En las plantas superiores se distribuirán espacios destinados al Registro Civil, Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, Instituto de Medicina Legal, salas de vistas, oficinas judiciales, Fiscalía, profesionales de la Justicia y otros servicios.
El proyecto reserva además espacio para futuras ampliaciones, una previsión especialmente importante para evitar que el nuevo edificio quede pequeño con el paso de los años.
La decisión anunciada ahora no parte de cero. El proyecto del futuro Palacio de Justicia de Puerto del Rosario tiene su origen en un concurso de ideas convocado en 2018, cuando el Gobierno de Canarias comenzó a plantear una nueva sede capaz de concentrar los órganos judiciales y fiscales del Partido Judicial.
Sin embargo, el camino no ha sido sencillo.
La ubicación inicialmente prevista se encontraba en una parcela de la calle Manuel Velázquez Cabrera. Diferentes circunstancias relacionadas con la ordenación urbanística y la configuración del suelo terminaron dificultando el desarrollo de aquella propuesta y obligaron a las administraciones a buscar una alternativa.
El proyecto llegó así a quedar paralizado durante años, mientras se buscaba una solución que permitiera disponer de un terreno adecuado para una infraestructura de las dimensiones y características necesarias.
La situación comenzó a cambiar cuando las administraciones encontraron una nueva ubicación para desarrollar la infraestructura.
El Cabildo de Fuerteventura cedió a la Comunidad Autónoma los terrenos situados en el entorno de la avenida Juan de Bethencourt, la calle Antonio Espinosa y la calle Lucha Canaria, una ubicación estratégica dentro de Puerto del Rosario y con buenas conexiones con las principales vías de entrada y salida de la ciudad.
La disponibilidad de este suelo permitió recuperar un proyecto que llevaba años esperando una solución definitiva y adaptar el diseño existente a las características de la nueva parcela.
En noviembre de 2024, el Gobierno de Canarias ya anunciaba que avanzaba en el estudio de implantación necesario para adaptar el proyecto a los terrenos cedidos por el Cabildo, un paso previo a la futura contratación de las obras.
Meses después, en septiembre de 2025, el Ejecutivo autonómico presentó públicamente la maqueta del nuevo Palacio de Justicia, mostrando por primera vez cómo será la infraestructura que se pretende construir en la capital majorera.
Uno de los principales problemas que pretende solucionar la nueva infraestructura es la dispersión de los órganos judiciales de Puerto del Rosario.
Actualmente, diferentes servicios y órganos se encuentran repartidos por varias sedes, una situación que obliga tanto a los profesionales como a los ciudadanos a desplazarse entre distintos inmuebles.
La concentración de los servicios en un único edificio permitirá simplificar esa estructura y facilitar el acceso de la ciudadanía a la Administración de Justicia.
El cambio tendrá también consecuencias para jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores, graduados sociales, Policía Judicial y el resto de profesionales que desarrollan diariamente su actividad vinculada a los órganos judiciales.
Más allá de la inversión económica, el nuevo Palacio de Justicia pretende convertirse en una infraestructura preparada para responder a la evolución de la Administración de Justicia en Fuerteventura.
El diseño contempla espacios destinados no solamente a los juzgados, sino también a servicios complementarios fundamentales para el funcionamiento del sistema judicial.
La presencia de salas de vistas, Fiscalía, Registro Civil, Oficina de Atención a las Víctimas, Instituto de Medicina Legal, dependencias policiales, archivos, zonas de seguridad y espacios profesionales permitirá concentrar en el mismo complejo una parte muy importante de la actividad judicial de la isla.
Además, la reserva de espacios para futuras ampliaciones pretende evitar que la nueva infraestructura vuelva a quedar limitada por falta de superficie, uno de los problemas que precisamente se han señalado en las actuales instalaciones.
La autorización del gasto plurianual no significa todavía que las máquinas vayan a entrar mañana en la parcela.
El siguiente recorrido administrativo pasa por completar la tramitación del expediente de contratación, publicar y desarrollar el procedimiento correspondiente y proceder posteriormente a la adjudicación de las obras.
Una vez adjudicado el contrato y producido el inicio efectivo de los trabajos, comenzará a contar el plazo de ejecución previsto de cuatro años.
El proyecto de ejecución se encuentra actualmente en su fase final de revisión, según ha comunicado el Gobierno de Canarias, lo que permite establecer ya la programación presupuestaria necesaria para afrontar una contratación cuyo importe alcanza los 70 millones de euros.
La construcción del Palacio de Justicia se suma a otras actuaciones estratégicas que en los últimos años se han planteado para transformar Puerto del Rosario y mejorar la prestación de los servicios públicos.
En el caso de la Justicia, la importancia de la actuación va más allá de la arquitectura del edificio. Se trata de crear un espacio capaz de responder a una Administración que ha cambiado profundamente en los últimos años y que afronta además nuevos modelos organizativos y tecnológicos.
La transformación de la Administración de Justicia y la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia hacen todavía más relevante disponer de unas instalaciones modernas, dimensionadas y capaces de integrar diferentes servicios.
Por eso, el nuevo Palacio de Justicia no representa únicamente la construcción de otro edificio público en Puerto del Rosario. Supone la posibilidad de reordenar por completo la prestación del servicio de Justicia en la capital de Fuerteventura.
Después de un largo recorrido iniciado en 2018, cambios de ubicación, problemas urbanísticos y diferentes trámites administrativos, el proyecto afronta ahora uno de sus momentos más importantes.
70.011.128 euros de inversión prevista, cuatro años de ejecución y un edificio de aproximadamente 21.000 metros cuadrados útiles dibujan el proyecto de una de las infraestructuras públicas más importantes que se han planteado para Puerto del Rosario.
La clave estará ahora en que la tramitación administrativa avance y permita convertir definitivamente el proyecto sobre el papel en una obra visible sobre el terreno.
Si los plazos administrativos y de contratación siguen su curso, Puerto del Rosario podrá comenzar a dejar atrás una de las asignaturas pendientes que durante años ha acompañado a su Administración de Justicia.
El Palacio de Justicia deja de ser solamente una promesa sobre el papel y entra en una nueva etapa: la de los 70 millones de euros destinados a hacerlo realidad.
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